En que el Estado no puede recurrir a la venta de activos, insistirán los senadores Maritza Martínez, Jaime Durán y Luis Fernando Velazco.

EL NUEVO SIGLO confirmó que el proyecto de ley que impide la venta de acciones de Ecopetrol por 20 años, volverá a ser presentado a inicios de marzo. La iniciativa ya está siendo socializada con la empresa Ecopetrol.

La propuesta es que la Nación en cualquier caso conserve, como mínimo, el 88,5% de las acciones de Ecopetrol en circulación con derecho a voto.

Además, según la exposición de motivos, “busca prohibir cualquier acto de enajenación de la propiedad accionaria de la Nación en Ecopetrol S.A. durante los próximos 20 años. En este período, la totalidad de los recursos que perciba la Nación en su calidad de accionista deberán destinarse por el Gobierno nacional al desarrollo de infraestructura e inversión social. La prohibición de enajenación se hará extensiva a todas las compañías en las cuales Ecopetrol tenga participación accionaria”.

Martínez, senadora llanera del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le explicó a EL NUEVO SIGLO que “enviamos a Ecopetrol el contenido de la iniciativa y le pedimos mucha información, porque no queremos afectar a Ecopetrol ni obstaculizar sus actividades. Sin embargo, tampoco nos gusta que cada Gobierno que tenga un déficit fiscal eche mano de la empresa. Eso nos perjudica a todos los colombianos”.

Así mismo, indicó que el articulado “en su momento se retiró porque había sido asignado a una comisión constitucional que no correspondía. Quiero dejar claro que nuestro objetivo es que el Estado conserve a Ecopetrol y sus empresas estratégicas como Cenit, que hemos oído tantas veces que tienen interés de venderlo. El Estado tiene activos de los cuales puede echar mano, pero no los estratégicos”.

“La solución no puede ser vender Ecopetrol. La ecuación nos muestra que los dividendos, las utilidades de Ecopetrol superan ampliamente lo que recibe el Gobierno sobre la venta de acciones”, expuso.

Por estos días se habla mucho de la caída del precio internacional del petróleo y del eventual hueco fiscal que sufrirá la Nación ante la falta de esos ingresos. Los congresistas quieren contrarrestar la posibilidad de que el Gobierno intente enajenar más acciones.

La exposición de motivos de la iniciativa indica que “con corte a 2018, de acuerdo con el documento Reporte de Resultados 2018 (del cual se extraen y transcriben los principales puntos del presente acápite) emitido por parte de la estatal petrolera, se tiene que la utilidad neta de esta ascendió a $11,6 billones (cifra que es calificada por la misma compañía como la más alta en los últimos cinco años y la cual casi duplica la registrada en 2017). Así mismo, se destaca que el ebitda del Grupo Empresarial ascendió a $30,8 billones, que es calificado a su vez como el más alto en la historia”.

Así mismo los autores indican que “los ingresos de 2018 aumentaron con relación a 2017, principalmente por mayores volúmenes asociados a las reversiones de Bicentenario y la entrada en operación del sistema San Fernando (Apiay). Para el cuarto trimestre, se habilitó el transporte de crudo Castilla Norte segregado desde Ayacucho hasta Coveñas. El costo de ventas aumentó frente al del 2017”.

Según el documento, “la aplicación de la Ley 1118 de 2006, más conocida como Ley de Capitalización de Ecopetrol, permitió la venta de acciones, pero ordenó que el Gobierno nacional mantuviera, como mínimo, una participación accionaria del 80%. Según reportes del sector, hasta la fecha solo se han hecho dos colocaciones: 10,1% en el 2007 y 1,4% en el 2011, que suman un porcentaje de 11,5%, restando por vender el 8,5% de acciones, para llegar al tope del 20% autorizado”.

Además, la exposición cita un comunicado de prensa de septiembre de 2018 en la que el mismo presidente Duque indica que “yo he visto algunas propuestas, por ejemplo, de algunos que dicen que hay que vender a Ecopetrol como empresa, la totalidad de Ecopetrol como empresa. Yo quiero que quede claro aquí que esa propuesta no la acompaña el presidente de la República”.

Por último, indican que la iniciativa “pretende la protección del patrimonio público, de los recursos naturales no renovables que explota el Grupo Ecopetrol y de los ingresos de Ecopetrol S.A., que son fuente muy importante de financiación de la inversión social, de la educación y la salud de todos los colombianos”.