El Comité Intergremial del Atlántico le solicita al Gobierno nacional dejar sin efecto la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas y Energía y la Resolución No.101042 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y en su lugar aplicar medidas que logren una mayor eficiencia en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía; y concretar decisiones que lleven a un mejor diseño del mercado de este insumo básico para la productividad de las empresas, el bienestar de los hogares y el desarrollo económico del país.

Dichas solicitudes se basan en las siguientes consideraciones:

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1. Las tarifas de energía eléctrica subirán aún más a partir de mayo como consecuencia de la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas que obliga a las termoeléctricas a hacer despachos forzados y fija nuevas reglas para el despacho de las hidroeléctricas. Esa medida ocasiona incrementos en el costo de las Restricciones a través de las cuales se distribuye el costo de la generación forzada del parque termoeléctrico. El aumento del costo del componente de Restricciones impacta el Costo Unitario, que en los primeros dos días de la aplicación de esta resolución subió de $8 pesos por kilovatio hora a $256 por kilovatio hora, y a ello se sumarán los pagos de los saldos de deuda que tienen los usuarios con los comercializadores por la llamada Opción Tarifaria; las alzas derivadas de tener una oferta de energía menor a las necesidades de la demanda del mercado; y los incrementos por el castigo establecido por el Gobierno nacional para quienes excedan sus consumos.

2. Aunque la intervención del Gobierno nacional ha desplomado de manera artificial el precio de la energía en Bolsa, el impacto de ese hecho será superado en exceso por el incremento del costo de las Restricciones aplicadas a la generación, y no tendrá ningún efecto en el propósito de superar las amenazas de racionamiento por el bajo del nivel que aún presentan los embalses. Al inducir a una inadecuada valoración de los recursos energéticos se aumenta de manera relevante el riesgo de racionamiento, y se pone a cargo del usuario final un sobrecosto en su factura. Son las hidroeléctricas las que deben asumir los costos que les permitan guardar agua y recuperar los embalses.

3. La intervención del mercado hecha por el Gobierno nacional premia las ineficiencias de aquellas hidroeléctricas que no hicieron una adecuada gestión de sus embalses y se comprometieron a entregas que no podían cumplir, y de las comercializadoras que no se cubrieron con contratos bilaterales. Los más afectados serán los compradores mediante la modalidad de contratos, en un mercado en el cual el 85% de la energía se comercializa bajo este esquema, porque ahora tendrán que pagar la generación forzada con restricciones; y los consumidores en general.

4. Decisiones como la adoptada por el Ministerio de Minas y Energía invalidan el positivo efecto del Cargo por Confiabilidad, que está hecho para situaciones como las derivadas de las actuales condiciones climáticas. Además del Cargo por Confiabilidad, que pagamos los usuarios para que las térmicas operen a su máxima capacidad y atiendan la demanda de energía que no pueden suplir las hidroeléctricas, ahora el Gobierno nos aplica sobrecostos en las facturas de energía con el mismo propósito, lo que significa un doble pago por ese concepto. Con las primeras lluvias caídas estos días y el cambio de tendencia en la disminución de los embalses, las hidroeléctricas bajaron el valor de sus ofertas logrando que cayera el precio de la energía en Bolsa de más de $1.000 a $239. Como consecuencia de ello, las hidroeléctricas compran en Bolsa a un menor precio la energía que necesitan ellas mismas para atender sus obligaciones contractuales de entregas, aumentando sus ganancias mientras llenan los embalses, y se incrementa de manera desproporcionada el costo de las restricciones a toda la demanda de energía.

5. La Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas y Energía también afecta a los autogeneradores que contribuyen con sus excedentes y son remunerados con el precio de Bolsa. Con la caída de tales precios no les resulta rentable generar excedentes de energía para venderlas al mercado y contribuir a reducir el riesgo de apagones. El sector industrial será fuertemente impactado con mayores costos de energía, obstaculizando así su recuperación en medio de una coyuntura económica difícil.

6. La Resolución No. 101042 de la CREG introduce incrementos tarifarios sustanciales que castigan el exceso en el consumo de energía, con tarifas incrementadas hasta un 130% para los estratos 1 al 3, 150% para los estratos 4 al 6, y 200% para el sector comercial e industrial. Esta medida puede resultar contraproducente para el dinamismo económico de la Región Caribe, una zona con una creciente demanda energética, exacerbada por el alza de las temperaturas, situación que afecta directamente a las actividades de sectores vitales como el turismo, comercial e inmobiliario.

Las tarifas incrementadas podrían reprimir la tan necesaria recuperación y expansión económicas, imponiendo costos adicionales en los momentos de pico de consumo, lo cual no solo desatiende las variaciones estacionales del consumo energético en la región, sino que además corre el riesgo de acentuar la disparidad en los costos de energía a nivel nacional. Esto plantea serias inquietudes sobre la equidad y sostenibilidad de las operaciones empresariales frente a este nuevo esquema tarifario.