LOS QUE SE IRÍAN. Continúan las especulaciones en torno a los ministros que ya tienen las semanas contadas en el gabinete. Se dan por seguras las salidas del canciller Luis Gilberto Murillo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; la titular de Ambiente, Susana Muhamad; el de las TIC, Mauricio Lizcano, así como, eventualmente, Iván Velásquez (Defensa) y el propio Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud). Estos dos últimos nombres sorprenden porque si bien se ha dicho que estarían interesados en algún tipo de actividad electoral de cara a los comicios del próximo año, también son considerados dos de los pesos pesados en la nómina ministerial. Además, Jaramillo, se supone, debería estar al frente de la discusión del proyecto reforma a la salud, para lo cual el Gobierno ya anunció que citará a sesiones extras al Congreso en la última semana de enero o desde la primera de febrero.

BUSCANDO PUESTO. Se dice que varios de los actuales ministros que ya saben que no irán más están buscando nuevos destinos laborales, pero no tanto en el sector privado. Paradójicamente, en esta ocasión no ocurrirá lo que en anteriores gobiernos, cuando varios de sus alfiles terminaron saliendo a poco de terminar los respectivos periodos para ir a presidir gremios, centros de estudios económicos, cargos en instituciones multilaterales o incluso rectorías de universidades de primer nivel. En esta administración eso no está pasando y muchos de los ministros y altos funcionarios que han salido terminaron preferencialmente en embajadas, consulados o volviendo a entrar a otros cargos oficiales.

BAJO LA LUPA. En círculos jurídicos se asegura que el informe que proyectó el fondo-cuenta de la Adres señalando graves inconsistencias en las cuentas de las EPS sobre sus gastos y demás inversiones en el último año, podría dar lugar a una demanda penal y a sendas peticiones de investigación a la Procuraduría y la Contraloría. Trascendió que hay voces que consideran que lo advertido en el informe de la Adres es muy grave e implica una serie de delitos y anomalías con recursos del sistema público de salud y, por lo tanto, los funcionarios oficiales están obligados a interponer las respectivas denuncias y demandas ante los entes de control. De hecho, esa tarea le correspondería a la Secretaría de Transparencia de la Casa de Nariño, de lo contrario podría incurrir en el delito de prevaricato por omisión.

LO URGENTE Y LO IMPORTANTE. Se le preguntó a un secretario de Gobierno de una administración departamental de la región Caribe cuál consideraba que debería ser la prioridad para este 2025 en las regiones. En charla off the record con reporteros de su ciudad, dijo que había que diferenciar “entre lo urgente y lo importante”. En el primer escenario ubicó temas como los relacionados con la seguridad y la inversión social, mientras que en el segundo dijo que todos los mandatarios departamentales, distritales y municipales debían tener los cinco sentidos puestos en la redacción y trámite del proyecto de Ley de Competencias, que será llevado al Congreso en el segundo semestre de 2025 con el fin de determinar los rubros de gastos que pasarán de la Nación a las regiones. Todo esto acorde con la reglamentación de la ya aprobada reforma al Sistema General de Participaciones, que es el esquema que define el nivel el nivel de transferencias de los ingresos corrientes de la Nación a las gobernaciones y las alcaldías.