PESE A que finalmente el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, reveló el impacto fiscal de la reforma pensional que se tramita en su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, las cuentas no cuadran para los analistas.

Lo que sí es cierto, es que los cambios hasta ahora introducidos en los diferentes artículos, sobre todo por la base del pilar contributivo de 2.3 salarios; su costo fiscal lo van a terminar pagando los jóvenes que hoy están entrando al mercado laboral.

En declaraciones a los medios, José Ignacio López, presidente de ANIF, expresó que “los números muestran que podría haber un desbalance muy importante en el sistema pensional y hemos insistido que una de las grandes apuestas es la cuenta tan grande que les dejaremos a los colombianos en esta reforma pensional”.

Enorme deuda

Añade el dirigente del centro de pensamiento que “la deuda que van a tener nuestros hijos y nietos va a ser grande. Queda claro que después del 2060 o del 2070 el fondo de ahorro público se agota y empieza a tener una presión grande por cuenta del sistema pensional. Esto implica que el país vuelva, de forma responsable, a una reforma pensional en un plazo de 15 a 20 años ante la crisis inminente que se puede venir. La idea es ante todo generar pensiones sostenibles”.

Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA de Medellín, dijo a EL NUEVO SIGLO, que “esto plantea un desafío gigantesco o dos desafíos. Uno es quién va a pagar esto hoy. En la forma como está concebido el proyecto, lo terminan pagando los jóvenes por una de tres vías: se les aumenta el aporte pensional que realizan a más del doble, asumen esas cuatro reformas tributarias con los costos que eso significa o la tercera alternativa que tendría la juventud de no hacer lo anterior, es presentar una nueva reforma pensional distinta a esta que modifique los parámetros fundamentales, como, por ejemplo, la edad, ingreso hacia liquidación, aportes, etcétera. Entonces me parece que la reforma tiene que revisarse a fondo sobre la viabilidad fiscal de la misma”.

En el documento revelado por el Gobierno, establece que el efecto de la pensional hasta el 2070 sería del orden de $5 billones cada año, es decir unos $225 billones y a partir del 2070 hasta el 2010 la cifra ascendería a unos $25 billones cada periodo.

Cuentas por fuera

Aunque en sus justificaciones el Ministerio de Hacienda asegura que la implementación de la reforma pensional está enmarcada en las consideraciones fiscales que ha proyectado el Gobierno nacional en el marco fiscal de mediano plazo y respetando la regla fiscal, otra cosa reflejan las cuentas.

Sin embargo, el exministro Restrepo señala a este Medio que “nada de esto está en el marco fiscal de mediano plazo ni en el marco de gasto a largo plazo”.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró a este Diario, que existen preocupaciones en torno al impacto fiscal.

Según los cálculos del centro de estudios, si la reforma se aprueba tal como está, el valor neto del sistema de protección pasaría de $119,9 billones a $184,5 billones, lo que representaría un incremento del pasivo pensional en $64,6 billones.

Impacto

“Las cifras que presentamos hablan de un impacto de casi 65 % del PIB, es una cifra muy alta, que se puede corregir eventualmente con la reducción del umbral del pilar público, desde tres a un salario mínimo y medio, lo cual no solamente reduciría el costo fiscal en cerca de 20 puntos del PIB, sino que, además, generaría que la reforma sea más progresiva”, aseguró Mejía.

En concepto del exministro Restrepo, “creo que es importante decir que como está hoy concebido en la reforma pensional, en el peor momento el régimen contributivo costaría aproximadamente 2,5 % del PIB; el régimen semicontributivo estaría en el orden de 0,3 % a 0,8 % del PIB y el régimen solidario del 0,3 % del PIB. Eso significa en plata blanca que la totalidad del costo de la reforma pensional sería en el peor momento de casi $54 billones, es decir más de 4 reformas tributarias”.

Asegura para sacar adelante la reforma, sostiene que “uno, se debe incorporar una modificación de parámetros que haga que esta sea una respuesta responsable, y dos para modificar el umbral mínimo de tránsito de las AFP al régimen de prima media, ese es un tema de fondo y merece ser atendido, so pena de tener un proceso irresponsable en materia fiscal”.

Posición de la CARF

Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), calcula en sus últimas mediciones, que “el impacto fiscal neto del pilar solidario sería de alrededor del 0,3 % del PIB ($4,8 billones) por año. Este monto no está contemplado de manera explícita en las cuentas de la Nación presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023. Vale la pena mencionar que este cálculo considera un monto fijo de beneficiarios, lo que significa que a medida que crece la población el porcentaje de la población elegible decrece. Dado que el pilar solidario es un programa presupuestal, sus límites deben ser debatidos todos los años en el Congreso, y debe cumplir con los techos de gasto estipulados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y ser consistente con los límites que impone la Regla Fiscal”.

En su revisión del proyecto, el CARF dice referente al pilar semicontributivo, que “tendría un costo del 0,2 % del PIB en 2025, que aumentaría a 0,3 % del PIB en 2036, y después subiría lentamente, hasta 0,8 % del PIB en 2065. Este gasto se explica por la devolución de los saldos de los cotizantes y al rendimiento real de las cotizaciones a Colpensiones, más el subsidio del 20 % para hombres o 30 % para mujeres sobre el saldo resultante que se otorga a aquellas personas que cotizaron más de 300 semanas, pero que no alcanzaron las 1.000 semanas requeridas y que no se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad”.

En cuanto al pilar contributivo, “las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones aumentarían del 3 % del PIB en 2025 al 4,9 % del PIB en 2065. Debido a las mayores necesidades, y en vista de que los ingresos a Colpensiones se mantienen relativamente constantes, una vez se agote el Fondo de Ahorro, la Nación le deberá hacer una transferencia anual mayor en alrededor de 2,5 % del PIB a Colpensiones (pasa de 1,3 % del PIB en 2025 a 3,8 % del PIB en 2063)”.

Señala el informe del CARF que “la reforma representa un aumento del Valor Presente Neto (VPN) de los flujos del pilar contributivo a 2100 de alrededor del 62,3 % del PIB. La anterior estimación tiene como supuesto un aumento del salario mínimo de 1,6 % por encima de la inflación, cualquier incremento por encima de este se vería reflejado en el costo de la reforma. El promedio de este aumento en los últimos 10 años ha sido de 2 puntos porcentuales”.

Sostenibilidad del sistema

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, advierte en su análisis del proyecto de reforma pensional, que “cualquier medida encaminada a aumentar la viabilidad financiera y sostenibilidad fiscal redundará en la sostenibilidad del sistema de pensiones público, por ejemplo, aumentar las semanas cotizadas para que hombres y mujeres puedan acceder a la prestación anticipada puede tener efectos sustanciales en pro de la sostenibilidad del sistema.

Al respecto toma como referencia el fallo anunciado por la Corte Constitucional para reducir progresivamente las semanas mínimas de cotización por parte de las mujeres, para acceder a pensión, de 1.300 a 1.000. Hay que tener en cuenta que reducir el número de semanas de cotización reduce los ingresos del sistema y aumenta el costo de este. Modificar esta propuesta mejoraría la sostenibilidad del sistema y permitiría aumentar el valor de las mesadas pensionales de las mujeres que cotizan por encima del umbral de 2,3 salarios.