Con la reciente aprobación por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley para eliminar el impuesto al 4x1000, que autoriza a todos los bancos a cobrar cuatro pesos por cada mil que pasen por toda transacción, avanza con viento en popa.

Desde su origen este impuesto ha sido bastante polémico, debido a que en un principio fue destinado en el gobierno de Andrés Pastrana a paliar una de las crisis más graves.

El tributo que nació en 1998 a través del decreto 2331 como respuesta “temporal” a la crisis financiera para “rescatar” a las instituciones financieras y que realmente lleva vivo 23 años, llegó en ese entonces para quedarse hasta que la representante a la Cámara Katherine Miranda anunció que propondría su desmonte gradual.

El proyecto de ley presentado por esta representante propone ir reduciendo el gravamen gradualmente a partir del 2023 hasta que desaparezca en 2026, cuando debe desaparecer del todo.

¿Pero cuáles son sus pros y sus contras? Pedro Sarmiento, abogado especialista en Derecho Tributario y socio director de Impuestos y Servicios Legales de la firma Crowe en Colombia, asegura que este siempre ha sido un tributo antitécnico, pues genera que las transacciones financieras sean más costosas, quitándole así competitividad al país.

Los recursos

Sin embargo, este tributo genera un recaudo y no puede ser eliminado sin tener una forma alterna que permita obtener el ingreso que hasta hoy está generando y que tiene un monto aproximado de $8 billones, de acuerdo con las cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Según Sarmiento, este es un impuesto que grava las transacciones financieras, hace costoso el manejo del comercio y perjudica a la mayoría de los contribuyentes, ya que quienes hagan uso del sistema financiero ven menguada su capacidad de pago al tener que asumirlo.

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“Considero que el desmonte gradual del 4X1000 en el marco de la reactivación económica, sería una ayuda para las empresas, permitiría su crecimiento económico y el de las personas naturales, adicionalmente, el PIB crecería. Sin embargo, lo que se recauda a través de este impuesto ayuda con las necesidades de la población, por lo que hacer un desmonte definitivo en este momento, sin tener una fuente que supla esos ingresos sería contraproducente”, aseguró el experto.

El recaudo

Así mismo afirmó Sarmiento que la eliminación de este impuesto afectaría el recaudo y, por consiguiente, a los recursos del Estado, esto si el desmonte se hace sin tener una fuente que permita recaudar el ingreso proveniente de este tributo; no obstante, según lo planteado por la promotora del proyecto habría dos caminos para conseguirlo: impuesto a los salarios altos, es decir, el 2% para salarios de $25 millones mensuales y el otro camino es eliminar los beneficios tributarios de las megapensiones.

Según ha declarado la representante Miranda, el camino para tapar el vacío que deja la eliminación del 4x1000 con la supresión de los beneficios tributarios, es reemplazarlos con impuestos a los salarios más altos, a partir de los $25 millones y la eliminación de los beneficios tributarios de las megainversiones, lo que significaría una entrada de $9 billones a las arcas del Estado, con lo que se podría sustituir el recaudo que dejaría de cobrarse.

De otro lado, Jorge Castaño, Superintendente Financiero, comentó que un problema de la bancarización es el impuesto del 4x1000 y la opción de poderlo eliminar.

"Es una discusión que tiene varias dimensiones. Hay que pensar en que, si se elimina el 4x1000, sería un mensaje importante en términos de inclusión financiera. El balance a la discusión inicia", comentó.

Por otra parte, recordó que el 2, 3, y 4x1000 son un ingreso para la nación y se busca impulsar la reactivación económica desde todas las perspectivas.