EN COLOMBIA se ha convertido la transición energética en un tema clave en el ámbito gubernamental y económico. Recientemente, un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) arrojó luz sobre los efectos de una economía baja en carbono en el mercado laboral y el sistema de seguridad del país.

De acuerdo con Juan Camilo Campos, socio de auditoría y líder de la industria de recursos naturales y energía de BDO, dice que “el estudio proyecta una disminución del 12,1% en la producción de crudo y la pérdida de 117.000 puestos de trabajo en los departamentos petroleros, así como una reducción del 11,8% en la producción de carbón y la eliminación de 145.000 empleos en los departamentos productores de este combustible fósil”.

Entre los retos importantes en esta transición energética según el Plan Nacional de Desarrollo, Campos señala que “no solo se trata de financiar una matriz energética más limpia, sino de diversificar el consumo de energía. Por ejemplo, el sector de transporte que consume actualmente el 41% de la energía, representado en más de dieciocho millones de vehículos, usa principalmente (95%) combustibles fósiles”.

Señala que “desde la perspectiva de la oferta de energía, los incentivos también son claves; no obstante, el reciente Plan Nacional de Desarrollo aumentó el porcentaje de transferencias hasta un 6% por la generación de energía producida a partir de fuentes no convencionales, lo cual deberá ser tenido en cuenta para el diseño de futuras políticas públicas. Además, en la última reforma tributaria se adoptaron algunas otras medidas como la limitación a la no causación del impuesto al carbono para quienes certifiquen ser carbono neutro, lo que puede desestimular la transición”.