No son pocos, y mucho menos fáciles, los retos que tendrá que enfrentar el Estado colombiano en su conjunto para luchar en 2019 contra el creciente flagelo de la corrupción, tan enquistado en nuestra sociedad.

Se trata de una acción interestatal que debe contar con la participación del Ejecutivo, el Congreso de la República, los organismos de control y, por supuesto, la ciudadanía en general.

Obviamente, ya el país cuenta con algunos instrumentos que les permitirán a algunas instituciones hacer más viable la tarea. Aquí, algunos de ellos.

DIAN, con más funcionarios

La ley de financiamiento le permitirá, por fin, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reformar su estructura administrativa y contratar a más de 8 mil funcionarios que requiere para luchar contra la evasión fiscal, tasada solo en 2017 en unos $25 billones.

La DIAN también contará con instrumentos como la factura electrónica y la simplificación tributaria que permitirán mayor recaudo fiscal e identificar a quienes defraudan al fisco.

Los ‘dientes’ de la Supersalud

También estrenará nueva ley para luchar contra la corrupción la Superintendencia Nacional de Salud, que gracias a una nueva ley que pasó a sanción presidencial le permitirá aumentar las sanciones a las entidades bajo su lupa, como IPS y EPS, clínicas y hospitales.

Estas sanciones pasarán de un máximo de 2.500 salarios mínimos mensuales en la actualidad a 8.000 salarios para personas jurídicas y hasta 2.000 salarios mensuales para personas naturales.

También amplía la inhabilidad hasta por 15 años para representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS y entidades vigiladas; autoriza el cierre parcial o total de entidades de salud y/o servicios, y crea la figura del juez de salud.

Compromiso legislativo

Para el año venidero también se espera el aporte del Legislativo en la aprobación de los proyectos del paquete anticorrupción que hacen tránsito y que aún pueden salvarse, de existir voluntad política.

De los 24 proyectos que hacían parte de ese paquete, incluidas las siete iniciativas de la consulta anticorrupción y las de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, solo dos han sido aprobados.

Son el que crea los pliegos tipo, aprobado en Cámara y sigue su tránsito a Senado; y el de la Fiscalía que obliga a los funcionarios públicos a declarar sus bienes y conflictos de interés.

Además, se espera que el Gobierno vuelva a presentar el proyecto de reforma a la justicia y continúa fortaleciendo la reforma política en materia electoral.

El fiscal ad hoc

El exdecano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Leonardo Espinosa Quintero, asumió como fiscal ad hoc para los tres procesos relacionados con el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht en los que se declararon impedidos el Fiscal y la Vicefiscal General de la Nación.

Uno de sus primeros retos será lidiar con la batalla jurídica que se avecina por la apelación que hará Odebrecht al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la sancionó con $800.000 millones e inhabilidad para contratar con el Estado colombiano durante 10 años.

Para la Procuraduría, se trata de “un fallo histórico, que se encamina a la protección de la moralidad pública y la defensa del patrimonio nacional”.

Cumbre Anticorrupción 2019

Como parte de la lucha contra la corrupción en el año que comienza, la Interpol eligió a Colombia como sede de la Cumbre Mundial Anticorrupción que se realizará en el tercer trimestre de 2019, a la que asistirán voceros de las Policías de más de 190 países del mundo.

Uno de los objetivos del evento es convertir a Colombia en país de formación virtual de las policías del continente y a partir de allí diseñar nuevas estrategias para ubicar dineros que los particulares se han apropiado con ayuda de trabajadores del Estado.

Estos son, pues, algunos de los retos que enfrentará Colombia en materia de lucha contra la corrupción en 2019, propósito para el cual ahora se dispone de nuevos instrumentos jurídicos.