Con la tercera parte del personal que se tenía para esa labor en las vigencias anteriores, la Contraloría General de la República deberá vigilar más de $24 billones de regalías durante los próximos dos años.

La entidad informó, a través de un comunicado, “que la planta temporal de empleos que tenía la responsabilidad de vigilar las regalías cumplió el término de su última prórroga el 31 de diciembre de 2018, conforme al Decreto 2190 de 2016, día hasta el cual desempeñaron sus labores los servidores que la integraban”.

En su comunicado, la Contraloría precisó que el Congreso mediante el Artículo 38 de la Ley 1942 de 2018 “creó una planta temporal diferente a la anterior, que consta de 110 cargos para vigilar los $24 billones de las regalías que se ejecutarán en los próximos dos años. Es decir, una planta con 228 funcionarios menos en relación con la que se creó inicialmente mediante el Decreto 1539 de 2012 y que fuera prorrogada en dos oportunidades bianuales, una en el año 2014 y otra en la vigencia 2016”.

Tras señalar que “con este personal la institución deberá vigilar un mayor monto de regalías, reto ese que asumimos institucionalmente con entusiasmo y compromiso”, la Contraloría anunció que “aplicará una serie de pruebas sobre competencias laborales a las personas que integrarán la nueva planta de personal, de acuerdo con los perfiles requeridos por la actual administración de la entidad”.

Las regalías son el pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado colombiano por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable. Las compañías petroleras entregan al Estado entre el 8% y el 25% del valor de la producción de petróleo crudo, recursos que deben destinarse a solucionar las necesidades básicas insatisfechas de los departamentos y municipios como la educación básica, salud, agua potable y alcantarillado entre otros y a financiar grandes proyectos que traigan progreso a la región.

Hace ocho días, el presidente Iván Duque sancionó la Ley Bienal de Regalías (Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018) que les significará a las regiones recursos por $24,2 billones, durante el bienio 2019-2020.

Según la Casa de Nariño, este monto representa un aumento del 67% con relación a los $14,5 billones aprobados para el bienio 2017-2018, y junto con los casi $5 billones que aún no se han invertido de vigencias anteriores totaliza un presupuesto cercano a los $29 billones para los municipios y departamentos del país, el más alto desde que se instauró el Sistema General de Regalías.

Entre los sectores beneficiados con estos recursos se destacan educación, con $2 billones, de los cuales $1 billón se invertirá en infraestructura física en las Instituciones Públicas de Educación Superior; $250.000 millones se destinarán al fortalecimiento institucional y de las capacidades de investigación de las universidades públicas; $250.000 millones servirán para otorgar becas de excelencia doctoral del Bicentenario, que permitirán formar al más alto nivel a los educadores de las instituciones oficiales, y $500.000 millones se destinarán a apoyar la educación básica.

El Fondo de Ciencia y Tecnología pasará de disponer de $1,1 billones a tener $2,1 billones para impulsar la investigación científica en Colombia, mientras que los recursos para apoyar la construcción de la paz pasarán de $511.000 millones a $1,9 billones; es decir, cuatro veces más que en el período anterior.

De acuerdo con lo previsto con el Gobierno, con la aplicación de esta ley todas las regiones recibirán más recursos provenientes de las regalías, lo cual impulsará la equidad y el desarrollo, dos pilares fundamentales del actual Gobierno. El monto de inversión pasará de $12,6 billones a $18,5 billones, un crecimiento del 47%.

Además, en la Ley Bienal de Regalías para el período 2018-2019 se creó ‘Obras por Regalías’, que permitirá agilizar y dinamizar la inversión de recursos en las regiones, con la intervención de la empresa privada.

Las compañías que realizan actividades de exploración y explotación y están sujetas al pago de regalías podrán optar por formular y ejecutar, en coordinación con las autoridades locales, proyectos de inversión que beneficien el desarrollo de las regiones y descontar estos montos de lo que deben pagar por regalías.