Con un desarrollo aceptable durante 2019 cercano a 3,3%, la economía colombiana se dirige a un mayor progreso durante este año. Sin embargo están los riesgos del alto déficit fiscal

En su “Estudio Económico: Colombia 2019” la OCDE resalta el crecimiento económico del país por encima del promedio de la organización y la región. Colombia cerraría 2019 solo detrás de Bolivia con una tasa de crecimiento del 3,3%, y 2020 con 3,5%.

La perspectiva favorable obedece a la reducción de la carga tributaria empresarial, las bajas tasas de interés, la inversión en proyectos de infraestructura y al apalancamiento de la economía en la construcción en obras civiles y el sector servicios.

Sin embargo, la organización coincide con Fitch Ratings en que Colombia ha aumentado su nivel de exposición a la volatilidad financiera de los mercados emergentes y que no se ha reducido la dependencia del ingreso al precio de los commodities. La lectura de las calificadoras de riesgo es menos alentadora por cuanto critican la dependencia presupuestal a factores inciertos como el Plan de Privatizaciones, las utilidades públicas, los dividendos y a la revisión de la regla fiscal.

El crecimiento del 2020 estaría apalancado en el desempeño de la inversión en los sectores de la construcción, tecnologías, los resultados del proceso competitivo de asignación de áreas para exploración y producción de hidrocarburos, la apuesta por las energías renovables, las inversiones en el campo de la infraestructura y el retail.

No obstante, tanto las mencionadas apuestas como la solución a los problemas fiscales estructurales ya señalados, dependen de una agenda de reformas y de política pública, cuya implementación requiere márgenes más sólidas de gobernabilidad.

Consumo e inversión

De otro lado, el consumo de los hogares y la inversión privada seguirán siendo las claves del crecimiento, favorecidos por las bajas tasas de interés y una inflación controlada, coinciden los analistas, pero esto será en medio de mayores presiones inflacionarias, alto déficit en cuenta corriente y de los grandes retos fiscales, dicen.

Las recientes protestas sociales alcanzaron a prender las alarmas por los efectos sobre la producción, la inflación y el consumo de los hogares, los analistas no ven necesario hacer ajustes en sus proyecciones.

El director de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, Juan Pablo Espinosa dice que mantienen sus pronósticos. “Lo único que puede ser menor es el crecimiento del PIB del último trimestre de este año, que lo tenemos en 3,3%, y a la luz de los acontecimientos recientes puede ser inferior, del orden de 3%”.

En igual sentido se pronunció Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, quien aspira a que no prosigan los desmanes de quienes protestan y que las afectaciones al sistema productivo no se extiendan por mucho más tiempo. “Si esto es así, las expectativas de los empresarios no se afectarían mucho y, por tanto, seguirán creciendo el consumo y la inversión”, sostiene.

Los ingresos

Pero no dejan de preocuparle los menores ingresos que generaría la reforma tributaria. “Según el Gobierno, la devolución del IVA a los más vulnerables cuesta $2,2 billones y la salud de los pensionados, cerca de un billón. Para mí no es claro que las propuestas de mayor recaudo sean suficientes para compensar los mayores gastos. Entre otras razones porque esos gastos son permanentes, mientras que los mayores ingresos, transitorios”, dice.

La agenda

La agenda social y económica del gobierno estará bajo escrutinio por el tiempo que dure la “Gran Conversación Nacional”, cuya relatoría se espera esté consolidada en marzo 15. Hasta entonces habrá rondas de negociaciones con el Comité Nacional del Paro y diálogos territoriales. Es importante resaltar que dentro del pliego de peticiones de los organizadores se encuentran algunas apuestas del gobierno para mejorar la situación fiscal en el mediano plazo, entre estas la viabilidad de los yacimientos no convencionales, la reforma pensional y laboral, y la enajenación de activos estatales contemplada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Asimismo, este año serán ejecutadas inversiones clave para la sostenibilidad fiscal en los sectores de infraestructura, energía, telecomunicaciones e hidrocarburos, las cuales dependen de la radicación de iniciativas legislativas y de regulación administrativa a nivel nacional y territorial. El gobierno deberá asegurar la coordinación entre el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo del orden municipal y departamental, y los Planes de Ordenamiento Territorial, que comenzarán su trámite en el primer trimestre del año.

Las regalías

Así mismo, será clave la sanción de una ley reglamentaria que desarrolle el Acto Legislativo - Reforma de Regalías recién aprobado, el cual es conducente a la obtención de licenciamiento social en las regiones productoras. Dicho marco regulatorio deberá ser sancionado antes de agosto 30 de 2020, después de ser sometido a consulta previa en enero y a su radicación en el Congreso en marzo.

Asimismo, la puesta en marcha del Decreto antitrámites constituye un estímulo considerable a las inversiones mencionadas, a la competitividad y el crecimiento sectorial. Del mismo modo, es importante conocer el contenido del Proyecto de Ley de Consultas Previas y Concurrencia Nación - Territorio, los cuales serán radicados en julio con el fin de dar señales de estabilidad jurídica y garantías a la participación ciudadana.

Sector energético

En el sector energético la atención estará orientada a la selección de un inversionista operador para Electricaribe y la ejecución de las líneas de transmisión para energías renovables en la Guajira.

Finalmente, la apuesta del gobierno por la competitividad estará guiada por la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en enero de 2020 y la implementación de las recomendaciones entregadas por la Misión de Sabios Internacional. Ésta última está integrada por 8 focos que trazarán la hoja de ruta de las políticas sectoriales en biotecnología, ciencias de la vida y la salud, energía sostenible, entre otros.

Entre los proyectos que se podrían impulsar están los que hacen referencia a la jornada laboral, seguridad social y contratación a tiempo parcial. El Ministro Alberto Carrasquilla ha indicado en varias ocasiones que existen mesas de trabajo que están abiertas hace más de un año donde han participado varios actores del régimen contributivo para reflexionar los temas de la reforma laboral y pensional.

Sin embargo, la Ministra de Trabajo, Alicia Arango ha rectificado en varias ocasiones que todavía no se cuenta con documentos que se relacionen a la reforma laboral y pensional. Es importante destacar que se tratarán estos temas con mucha precaución debido a las recientes movilizaciones y las presiones sociales que se evidencian actualmente en el país.

Otro proyecto es de la reforma a la salud, radicado por la bancada de Cambio Radical. Será prioridad en la comisión séptima de Senado, ya que el presidente de la comisión es Fabián Castillo, ponente del proyecto. Lo que se busca es realizar ajustes estructurales al sistema general de salud.