La minería ilegal de oro en Colombia afecta a un territorio más extenso que Berlín y la mayoría de esa actividad se da en zonas protegidas como parques y reservas naturales, reveló ayer la ONU.

Este año se localizaron 98.028 hectáreas donde se explota irregularmente el valioso mineral, un alza del 6% frente a las 92.046 de 2018, según el informe "Explotación de Oro de Aluvión" presentado en Bogotá.

Respecto a 2016, cuando se registraban 83.620 hectáreas, hubo un incremento del 17%. Y desde 2014, cuando iniciaron las mediciones de Naciones Unidas, el alza alcanzó el 24%, contra las 78.939 hectáreas reportadas entonces.

“Llama la atención” que el 52% de las zonas detectadas están en “territorio donde no se ha permitido la explotación”, como reservas naturales y parques nacionales, explicó Pierre Lapaque, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd).

La investigación no precisa la cantidad de oro que surge de las minas ilegales ni su valor comercial. Colombia produjo unas 30 toneladas legales de oro en 2018, aunque su producción ha caído en los últimos años, según la estatal Agencia Nacional de Minería.

Lapaque afirmó que grupos narcotraficantes están detrás de la extracción irregular. “En el 43% de los territorios donde hay explotación ilegal de oro, hay igualmente cultivos ilícitos de (hoja de) coca”, materia prima de la cocaína, aseguró.

Los territorios están “bajo el control de los grupos criminales que ven coca y oro como un nicho criminal para hacer dinero”, agregó Lapaque.

Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca con 169.000 hectáreas sembradas en 2018, y el mayor productor de cocaína, con un potencial de producción de 1.120 toneladas, según Naciones Unidas. Estados Unidos es el principal consumidor.

Grupos armados como el Eln, disidencias de las Farc y bandas narco de origen paramilitar se financian del tráfico de drogas y de la minería ilegal, según las autoridades colombianas. Estos recursos han alimentado el conflicto armado de más de medio siglo.

Brian Harris, director de la sección de asuntos antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia coincidió con que “muchas veces son los mismos grupos, los narcotraficantes, los que operan las minas ilegales (...) aprovechando de las mismas oportunidades para perpetuar una cultura de criminalidad”.

La Embajada estadounidense y el Ministerio de Minas y Energía también participaron en la realización del documento, que a partir de este año se publicará anualmente.

Leonardo Rojas, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Onudc, dijo a la AFP que “hay mucha preocupación de que el oro (explotado de forma ilegal) sea utilizado para lavar activos en Colombia” por su difícil trazabilidad, y vendido al exterior.

Las zonas más afectadas son los departamentos de Antioquia y Chocó, en el noroeste, donde están los principales yacimientos del país y donde las comunidades afro e indígenas sufren “violaciones a los derechos humanos” por parte de los grupos armados, según la ONU.

El documento tampoco determina cuántas personas se dedican a esta actividad irregular, que por el uso de químicos puede provocar contaminación con mercurio en los ríos, según organizaciones ambientales.

El Gobierno prohibió el uso de mercurio para la minería de oro en julio de 2018, en un intento por reducir la contaminación y las afectaciones a la salud.