LOS POSIBLES estragos que puede ocasionar la llegada del fenómeno de La Niña, han servido para mejorar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Así lo señaló un informe del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien lanzó una advertencia sobre la baja ejecución presupuestal de esa entidad.

Indica el ente de control que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, la Ungrd solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado para la atención de riesgo y desastres. Además, 0,02% ($2,13 billones) de lo que esta entidad contrató en 2023, no fue ejecutado y pasó como rezago presupuestal al año 2024.

El contralor general hizo un llamado al actual director general de la Ungrd, Carlos Carrillo, quien tiene “la fundamental obligación misional de gestionar adecuadamente todos los compromisos”.

Sostuvo que “la inacción y/o la terminación anticipada de los compromisos adquiridos, está ocasionando incrementos en los riesgos a mitigar y en los daños al erario ya producidos. Buen ejemplo de ello es el caso de los 40 carro tanques adquiridos para transportar agua en La Guajira, con un costo de $47.800 millones, que iniciaron como una proveeduría con presuntos sobrecostos y hoy, 6 meses después, ya son un suministro siniestrado y abandonado que no presta el servicio previsto”.

Contratos

Asegura el análisis de la CGR, que “resulta muy preocupante que el actual director general de la Ungrd haya decidido la terminación anticipada de los contratos de obra suscritos en 2022 para la mitigación de riesgos de derrumbes y avalanchas en las cuencas altas de los ríos y quebradas que atraviesan el municipio de Mocoa y que son fundamentales para evitar que suceda una nueva tragedia en dicho municipio. Además, el actual director de la Ungrd, como lo hizo su antecesor, tampoco ha gestionado lo necesario y suficiente para la pronta y adecuada rehabilitación y reconstrucción de las serias afectaciones producidas por los derrumbes sucedidos en el municipio de Piojó (Atlántico), en septiembre de 2022”.

El informe señaló que “tampoco se ha logrado solucionar el boquete del río Cauca en “Caregato”, jurisdicción de San Jacinto del Cauca (Bolívar) y que ocasiona severas inundaciones en varios sectores de La Mojana. La Contraloría ya realizó visita técnica a este sitio e iniciará una indagación preliminar para revisar y evaluar la gestión fiscal de la Ungrd, los consultores, constructores e interventores que han participado en estas actividades y obras”.

Asimismo, la Contraloría dice que adelanta nuevas investigaciones sobre la contratación de la Ungrd en todo el país, tiene en curso 17 actuaciones de control fiscal por $96.303 millones y ha ordenado medidas cautelares por $29.013 millones, por temas relacionados con ollas comunitarias, maquinaria amarilla, carro tanques y programa “Hambre Cero”, entre otros.

A finales de febrero del presente año, la Contraloría advirtió e hizo públicos los presuntos actos irregulares que se venían presentando en la Ungrd en relación con la contratación de carrotanques para el municipio de Uribia y sus alrededores.

Procesos

La Contraloría delegada para el sector de Infraestructura realizó diferentes requerimientos de información a la Ungrd. De allí derivaron tres procesos administrativos sancionatorios y fiscales en contra de tres ex directores. Los procesos mencionados se encuentran en varias etapas, que van desde autos de apertura en proceso, hasta final de la etapa probatoria y alegatos finales.

En marzo pasado, el contralor general declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la contratación en la entidad y ordenó a la Unidad Anticorrupción avanzar con las investigaciones de la contratación de esta entidad de los últimos cinco años.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría y la Unidad de investigaciones Especiales, continúan examinando la información encontrada con miras a la eventual apertura de otras actuaciones, concernientes a temas de relevancia como la contratación de maquinaria amarilla, el programa “Hambre Cero”, conocido como el programa “Ollas Comunitarias”, y otros vínculos contractuales referentes a carrotanques y suministros de agua potable, etcétera.

Asimismo, la CGR estudia más de 40 contratos suscritos por la Ungrd en todo el país, analizando órdenes de proveeduría, evidencia de ejecución, informes de supervisión, interventoría y/o comité de veeduría comunitaria, según sea el caso.