CUANDO EL gobierno del presidente Gustavo Petro ya supera su primer tercio y la economía presenta los mismos síntomas adversos con que perdió el grado de inversión en mayo de 2021, es poco probable que las calificadoras mejoren la nota por lo menos en los próximos 5 o 6 años.

Para muchos expertos, un país tarda, en promedio, siete años en recuperar el grado de inversión.

Esta situación volvió a estar sobre el tapete ayer, cuando una de las calificadoras Fitch Ratings, mantuvo la nota de riesgo de crédito del Gobierno de Colombia en BB+ con perspectiva estable, pero por ahora no está previsto que el país mejore su nota, debido a su deuda y déficit persistentemente altos.

“A corto plazo, no es probable”, dijo el analista de Fitch, Richard Francis, “Hay mucha incertidumbre sobre cuánto disminuirá el déficit el próximo año”.

.

Las causas

Los problemas que provocaron la rebaja de Colombia a grado especulativo, en el 2021, aún no se han solucionado, a pesar de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra entre los más fuertes de América este año, dijo Francis.

El experto sostiene que un fuerte crecimiento y un camino claro de regreso de la deuda a niveles cercanos al 55% del PIB son clave para una mejora de la calificación de Colombia o para que al menos tenga una perspectiva positiva.

En su última revisión, Fitch también se refirió a las polémicas sobre los ingresos del Gobierno el próximo año. Advierte que mientras el Gobierno espera unos $ 15 billones en litigios de la DIAN, su estimación es que los ingresos tributarios como un todo crecerán 0,7% del PIB, porque es posible que el recaudo por litigios sea menor y, además, el Gobierno debe lidiar con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar un artículo sobre regalías.

¿Optimismo?

Sin embargo, la nota de la calificadora, fue tomada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como un ‘espaldarazo’. Dijo que “la ratificación de la calificación del país en BB+ perspectiva estable demuestra la confianza por parte del mercado y de los inversionistas a las instituciones que se han mantenido en el país y a la política económica que está llevando a cabo el Gobierno nacional”.

Anteriormente, en el Congreso de Camacol de octubre, el ministro Bonilla dijo que “esperemos que nos ratifiquen la calificación en 2024 y que, en 2025, recuperemos el grado de inversión.

Al ser consultado sobre las razones para que esto suceda en un horizonte de dos años, dijo que esto sería viable por cuenta de los mensajes recibidos de inversionistas internacionales.

“Hablando con las calificadoras y bancos internacionales, como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, es claro que Colombia está haciendo la tarea del ajuste y, con esto, estamos reduciendo el déficit fiscal, obteniendo un balance primario positivo”, agregó.

Fitch Ratings y Standard & Poor’s le quitaron el grado de inversión a Colombia en 2021, mientras que Moody’s le mantuvo la nota.

La deuda

Precisamente, en junio pasado, Moody's Investors Service (Moody's) afirmó las calificaciones de deuda sénior no garantizada y de emisor en moneda local y extranjera a largo plazo del Gobierno de Colombia en Baa2, las calificaciones senior no garantizadas en (P) Baa2, y las calificaciones de emisor de corto plazo en moneda local y extranjera en Prime-2 (P-2). La perspectiva se mantiene estable.

Sin embargo, Fitch Service cree que, sin cambios importantes en la política fiscal, los déficits rondarán el 4,5% del PIB en el mediano plazo, por encima de los niveles requeridos en la regla fiscal.

Entre los factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/rebaja en el corto plazo, la calificara señala que, en el manejo de las finanzas públicas, “un deterioro sostenido de la relación deuda/PIB del gobierno en relación con la nota ‘BB’ mediana de sus pares, por ejemplo, debido a déficits fiscales elevados y persistentes y/o crecimiento débil”.

Sostiene, asimismo, que otro elemento que el gobierno debe atender, es el deterioro de la inversión y de las perspectivas de crecimiento a mediano plazo con ramificaciones sociales adversas, como altos niveles de desempleo y pobreza.

En este mismo sentido, el gobierno debe tener en cuenta que se puede presentar “un aumento marcado de las vulnerabilidades externas, por ejemplo, debido a la renovación de grandes déficits de cuentas corrientes, una fuerte caída de la inversión extranjera directa y/o un aumento de la deuda externa neta en relación del PIB”.

Riesgos fiscales

Para que la calificadora pueda evaluar a una calificación positiva, se debe “lograr una consolidación fiscal coherente con una relación deuda/PIB de las administraciones públicas en constante descenso y una mayor credibilidad de la política fiscal. A la vez, tener mayor crecimiento económico sostenido a mediano plazo por encima de los promedios históricos de Colombia, acompañado de una estabilidad macrofinanciera más amplia”.

Dentro de sus perspectivas, Fitch pronostica “un déficit del Gobierno central del 5,2% del PIB, superior al 4,4% del PIB presupuestado, lo que refleja una menor mejora de los ingresos relativa a las expectativas presupuestarias, pero un aumento igualmente grande en el gasto. El Tribunal Constitucional dictaminó recientemente que las regalías de las empresas de petróleo y carbón son deducibles de los impuestos corporativos, lo que le costará al gobierno el 0,4% del PIB en 2024 (para los pagos que vencen en 2023-24)”.

Puntualiza la calificadora sobre las cuentas del Gobierno, que “estima un gran rendimiento de ingresos del 1,7% del PIB procedente de la administración tributaria y las medidas de litigio (por ejemplo, mediante la solución acelerada de disputas tributarias). Fitch espera que los ingresos del gobierno central crezcan un 0,7% del PIB en 2024, dado el fallo judicial y un menor rendimiento de las iniciativas de litigios fiscales”.

Perspectivas

Respecto sobre las perspectivas desafiantes de consolidación, Fitch cree que, “sin cambios importantes en la política fiscal, los déficits rondarán el 4,5% del PIB en el mediano plazo, por encima de los niveles requeridos en la regla fiscal. El presidente Petro y el ministro de Finanzas Bonilla han expresado recientemente la necesidad de alterar la regla fiscal para permitir un mayor gasto en un momento de debilidad económica. Sin embargo, no está claro si el Congreso aprobará dicho cambio (el gobierno no ha presentado al Congreso ninguna legislación formal que sugiera tal cambio)”.

Respecto al crecimiento del PIB, la firma espera que se desacelere a solo el 1,1% en 2023 debido al ajuste monetario y fiscal. El sector de la construcción, sensible a las tasas de interés, se ha visto especialmente afectado, cayendo casi un 7,7% en el 3T23. Fitch espera que la formación bruta de capital caiga casi un 14% en 2023, incluido un ajuste significativo en los inventarios, mientras que el gasto de los consumidores se mantiene algo más resistente, logrando un crecimiento de alrededor del 2%.

La situación fiscal

Fitch estima un déficit fiscal del gobierno central (GC) del 4,3% del PIB en 2023, frente al 5,3% en 2022, y en línea con el objetivo presupuestario. “Se espera que los ingresos aumenten más del 20% en 2023 tras la implementación de las reformas fiscales de 2021-22, pero no cumplen con las expectativas del gobierno (en gran parte debido a los menores ingresos petroleros)”.

Además, señala que “el gasto primario está creciendo por encima de la inflación. Se prevé que la carga de intereses se mantenga estable en el 4,2% del PIB en 2023, un aumento significativo desde el 3,3% en 2021 debido a las tasas de interés más altas y el impacto de la alta inflación en la deuda del gobierno vinculada a la inflación (aproximadamente el 30% de la deuda local total)”.