LA INSUFICIENCIA de recursos en el sector, está poniendo en riesgo la salud de los colombianos, ya que hay problemas en la continuidad de los tratamientos, el acceso a medicamentos y, en general, la garantía del derecho fundamental.

Bajo este contexto, Afidro y ANIF dieron a conocer algunos elementos que deben considerarse a la hora de calcular el monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) la cual cubre los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Al respecto, ANIF recuerda que el año pasado propuso un incremento del 15% para 2024, sin embargo, el ajuste final fue del 12%, de los cuales el 10,48% correspondió al IPC, lo que dejó el incremento de la UPC en 4,5 puntos por debajo de lo esperado.

En este sentido, las dos entidades prevén que el déficit fiscal resultante de la subestimación de la UPC y de los pagos asociados a los Presupuestos Máximos en los últimos tres años ascenderá a aproximadamente $19,7 billones para 2025.

Sostiene el informe que “este monto es equivalente a lo necesario para cubrir la UPC de 15,7 millones de personas que en 2023 se encontraban en situación de pobreza monetaria. Esta estimación se sustenta en que, desde 2021, la UPC ha sido calculada por debajo de su nivel real en alrededor de 2,8 puntos porcentuales anuales, situación que, además, agrava la crisis financiera de las EPS, especialmente considerando la demanda diaria de 2,5 millones de servicios”.

Desfinanciamiento de la UPC

Ante esta situación, las entidades advierten que para 2025 se requeriría un aumento del 16,4% para la UPC, lo que implicaría una necesidad presupuestal total de más de $100 billones. Este valor es esencial para cubrir las necesidades de prestación de servicios de salud del próximo año y no aborda el déficit acumulado de años anteriores. Por lo tanto, indican que es fundamental continuar discutiendo mecanismos dentro del presupuesto para satisfacer las necesidades del sistema y garantizar el pago oportuno de las deudas previas.

Catalina Bello, directora de Acceso y Sostenibilidad de Afidro, señala que “la falta de recursos financieros genera un cortocircuito en toda la cadena de suministro de medicamentos, pero el impacto más grave recae sobre la calidad de vida del paciente que no recibe sus tratamientos o medicamentos a tiempo. Desde Afidro, reiteramos nuestra total disposición para colaborar con el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud en la búsqueda de soluciones conjuntas, reconociendo las deudas y la insuficiencia actual, al tiempo que proponemos alternativas para generar más recursos y optimizar el uso de los disponibles”.

Algunas de las recomendaciones de las entidades se enfocan en hacer evaluaciones integrales para ajustar correctamente la UPC, tomando en cuenta indicadores macroeconómicos y el uso real de los servicios durante el año. Además, aseguran que es necesario fortalecer los sistemas de información y las auditorías, flexibilizar los estándares de calidad en la atención en zonas dispersas y mejorar la distribución del talento humano en el sector salud.

Comportamiento

Por otra parte, proponen adoptar un enfoque de largo plazo que contemple los factores que aumentan el gasto, como el envejecimiento poblacional, la formalización laboral y el avance tecnológico, y advierten que lo más urgente es encontrar nuevas fuentes de financiamiento. También destacan la necesidad de cerrar las brechas de atención en el país, reforzar la atención primaria en salud y garantizar servicios de calidad en tiempos oportunos.

Reiteran las entidades, que actualmente el sistema atraviesa una serie de desafíos financieros por factores que incluyen el envejecimiento poblacional y un aumento en la demanda de servicios de salud. Esos problemas ya se reflejan en la escasez de medicamentos de alto costo. Además, indicadores como la tasa de cancelación de cirugías, por causas atribuibles a las IPS, evidenciaron un crecimiento del 30,7% entre 2021 y 2023.

Recalca el análisis, que “en 2024 la Unidad de Pago por Capitación (UPC) debió haber aumentado 15,6%. Esto significa que el valor decretado por el Gobierno estuvo 3,6% por debajo de lo que debió haber crecido”.

En relación con los Presupuestos Máximos, estimamos un faltante que entre 2022 y 2024 asciende a $4,6 billones. Esto equivale a dejar de cubrir el tratamiento anual de cerca de 327.000 pacientes con diabetes tipo 2.