El ente de control critica por qué no se hizo una licitación para definir el contrato que maneja $90 mil millones de los aportes de los ganaderos
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Serios cuestionamientos al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, sobre la forma como entregó el manejo de la parafiscalidad ganadera a Fedegán, hizo la Contraloría General de la República.
En un documento enviado al Ministro por la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario son ocho señalamientos y observaciones que se hacen, entre los que se destaca “que no existían las condiciones necesarias para que el Ministerio de Agricultura firmara un contrato directo con ese gremio” en lugar de hacer una licitación pública.
El año pasado el Gobierno había intentado adjudicar el contrato mediante licitación, pero en enero decidió suspenderla.
“Se evidenció que solo se adelantaron análisis del cumplimiento de los lineamientos de representatividad, más no de los que podrían configurar la observancia del parámetro de organización, funcionamiento y estructura democrática interna”, indica el documento, que a la vez cuestiona la entrega de una base de datos personal al gremio.
El proceso
Como se recordará en enero de 2016 se inició un proceso sin precedentes en el sector agropecuario del país. Fedegán perdió la administración de los recursos parafiscales que aportan los productores para financiar actividades tan importantes como la vacunación contra la fiebre aftosa. Era una responsabilidad que había tenido desde 1993 y que, luego de tres años de espinosas diferencias entre esa organización y el gobierno anterior, recuperó el pasado 4 de enero, cuando el Ministerio de Agricultura informó que contrató con ese gremio, por 10 años, la administración de cerca de $90.000 millones anuales.
“Solo existe una agremiación en el sector ganadero bovino y bufalino de carne y leche que cumple con los criterios de representatividad nacional y organización y estructura democrática, la cual es Fedegán, gremio que fungió como administrador de la cuota parafiscal ganadera durante 22 años”, dijo el ministro Valencia en su momento. En rueda de prensa, explicó que, “mediante un trabajo de campo”, el Ministerio evaluó el grado de representatividad de los gremios que podrían administrar la cuota parafiscal. Afirmó que la conclusión condujo a Fedegán, por estar presente en 25 departamentos, 17 de los cuales concentran el 92 % del hato ganadero del país.
La Contraloría soporta estas observaciones en el Artículo 15 de la Constitución Política que hace referencia al derecho de intimidad personal y al tratamiento de datos personales, además del Articulo 4 de la Ley 1266 de 2008, que hace referencia al habeas data.
Representatividad
También se habla del estudio de representatividad gremial realizado por el Ministerio de Agricultura, señalando presuntas inconsistencias en la presentación de datos específicos en cuanto a representatividad de los gremios, porcentajes de animales vacunados, entre otros. Información vital para que Fedegan se quedara con el manejo de la parafiscalidad ganadera.
Otras de las observaciones hacen referencia al contrato de administración celebrado entre esta cartera y Fedegán, número 20190001, señalando presuntas fallas al no incluir en las cláusulas, y sin justificación, información totalmente necesaria, advirtiendo que esto constituye un riesgo para el patrimonio público.
Dice la CGR que ante eventuales incumplimientos por parte del gremio, el Ministerio no tendría los medios y herramientas necesarias para exigir el cumplimiento del contrato, así como la posibilidad de ser necesario imponer multas y darlo por terminado.
Además, la Contraloría no encuentra evidencia que en el contrato de administración de la Cuenta Nacional de Carne y de Leche, permita afirmar que se adelantaron los estudios y análisis correspondientes. Sostiene el ente de control que no existe certeza de la existencia de un solo gremio que cumpla con los requisitos, por lo que en síntesis no se habilitaría la opción de contratación directa.
Esto es resultado de una auditoría que inició la Contraloría en enero y que en menos de tres meses tendrá resultados.
El ministro Valencia ya entregó las pruebas para responder a tantos cuestionamientos.
Este medio trató de conocer la opinión del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, sobre esta situación pero no fue posible. Con anterioridad había dicho al respecto que “aquí lo que hubo fue la invención del delito de opinión de un gremio que se opuso a la negociación con las Farc en dos aspectos: desarrollo rural y tierras, y la justicia que se aplicaría a todas las personas que estuvieron involucrados en el conflicto”.
Asimismo Lafaurie indicó que “el tema de fondo es que el Gobierno, amparado en normas que dictó, propició el atropello y violó la ley. La Ley 89 de 1993 dice que ‘el Ministerio de Agricultura contratará con Fedegán, la administración de los recursos de la cuota parafiscal’. Por eso, el Ministro actual tomó la decisión amparado en la ley”.
Frente a por qué el proceso no se adjudicó por licitación, Lafaurie sostuvo que “porque todo era puro cuento del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que se inventó supuestos malos manejos, al igual que el contralor Edgardo Maya, pero durante todos esos años no pudieron demostrar nada de lo que decían. La Contraloría nunca pudo tomar ninguna decisión de alcance administrativo. Si hubieran encontrado una irregularidad, a mí me hubieran metido preso. En la Feria del Libro, voy a publicar un libro en el que cuento un poco de cosas de las que me han hecho en esta persecución. Se llamará Crónica de un atropello. Lo que se ha hecho es devolvernos el derecho que teníamos y que nunca debimos perder”.
Sobre el impacto de los tres años de interinidad parafiscal, el directivo dijo que “lo más duro fue la pérdida del estatus sanitarios del país por la reaparición de la fiebre aftosa. En 22 años invertimos $1,2 billones para lograr la declaratoria de país libre de la enfermedad, con vacunación, y para mantener ese estatus. El nivel de irresponsabilidad del Gobierno del presidente Santos fue fatal, solo con el objetivo de atropellar al gremio y por sacarme a mí”.
“A todas las acusaciones les hemos ido ganando la batalla una tras una. Por eso es que no me he ido de Fedegán. Por el contrario, la corrupción es del entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien en su administración firmó contratos a dedo, sin licitación o convocatoria por $4,1 billones”.