Un llamado para hacer una reforma integral al actual régimen de competencia y la autoridad a cargo de ella en Colombia, hizo el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. El objetivo de la propuesta es modernizar sus funciones, fortalecer la autoridad y ejercer la función de la promoción de la competencia en pro del desarrollo y el crecimiento de los mercados.

En el foro “Los Retos del Derecho de la Competencia 2018-2022”, organizado por la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia (ACDC) y el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia (Cedec), Barreto, reiteró que “el objetivo de una autoridad de competencia no puede ser quedarse solamente en perseguir a los infractores y sancionarlos ejemplarmente, sino que deben tener una visión más amplia que privilegie un enfoque preventivo (…) para que esta se convierta en una herramienta de doble impacto: como un vehículo preventivo, así como una herramienta para la graduación punitiva y la reparación efectiva, más allá de la mera imposición de una multa”.

Barreto también resaltó, por el bien de la libre empresa, fortalecer: 1) la abogacía de la competencia -“un interés que tengo en lo personal para que pueda quedar involucrada en el Plan Nacional de Desarrollo”- , 2) los programas de delación y 3) la indemnización de prejuicios.

Independencia

Las discusiones de los paneles de igual forma plantearon la urgencia de crear reformas al actual régimen de competencia para lograr una verdadera independencia entre la entidad que lleva a cabo la investigación y la que sanciona, y que garantice así, la objetividad en los procesos. De acuerdo con Gustavo Valbuena, exsuperintendente de Industria y Comercio, esta sería “una propuesta en garantía de la imparcialidad: separar la instrucción y el fallo. La arquitectura del régimen actual pone en riesgo la imparcialidad de la autoridad”, explicó.

En el foro se destacó que en Colombia, en los últimos 10 años, se ha adelantado un proceso de fortalecimiento de la competencia. El país ya tiene un grado de madurez avanzado en la materia para fijar normativas que promuevan mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control del comportamiento del privado. “Se elevaron las multas en 2009 y se empezaron a aplicar figuras de otros países para controlar las prácticas restrictivas de la competencia. En ese sentido, en materia de promoción de la competencia, “tenemos mucho camino por recorrer”, expresó Gabriel Ibarra, presidente de la ACDC. 

Claridad

“En Colombia el derecho de la competencia no es claro. Entre expertos es difícil el diálogo, con la SIC es difícil el diálogo y entre los empresarios también lo es. Esto incide en las concepciones de la libre competencia y las sanciones. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio realizado en el periodo 2014-2017, el monto de las sanciones de la SIC en relación con el PIB, es mucho más alto en Colombia que en Estados Unidos y la Unión Europea. Más allá de incrementar las multas, es importante reflexionar sobre criterios objetivos de dosificación de las mismas”, afirmó Carlos Andres Uribe. 

El vocero de la ACDC explicó que si bien el actual régimen de la competencia ha tenido  logros de gestión, se ha enfocado mucho más en su labor de supervisión y facultad sancionatoria, que en la generación de oportunidades para que el empresariado crezca, la inversión llegue y perdure, y la economía se dinamice.  

“Creemos que su objetivo debe ir más allá de imponer multas para logar un impacto disuasorio estructural en el entorno competitivo, por ejemplo, a través de la implementación de programas de cumplimiento. Es importante que los empresarios caigan en cuenta que la libre competencia es un valor de mercado”, puntualizó sobre el tema Alfonso Miranda, presidente del Cedec. 

Otro de los puntos de conversación fueron las garantías al debido proceso durante las investigaciones y el papel de los medios de comunicación. “Deben conciliarse el derecho de la información con la aplicación de los derechos de la competencia”, explicó José Orlando Montealegre, panelista invitado y ex Superintendente Bancario y de Industria y Comercio. 

“Si bien los medios cumplen un deber con la ciudadanía, no se puede generar desinformación sobre la culpabilidad de una empresa sin que a ella se le garanticen sus derechos constitucionales, como la presunción de inocencia, y el derecho a la defensa. Esto no solo trae un impacto negativo e injusto contra la reputación de una compañía, sino sobre la economía misma. Se genera una sensación de incertidumbre, falta de garantías e inestabilidad”, agregó Jorge Jaeckel, ex Superintendente delegado y abogado especialista en derecho de la competencia.