EL PASADO 22 de mayo, el Gobierno nacional expidió el decreto 659 con el cual modifica el Estatuto Aduanero, pues según explicó Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), este cambia la manera de hacer importaciones en el país, ya que ahora hay que avisar con 48 horas de anticipación a la DIAN que la mercancía va a llegar al país y adicionalmente, se debe presentar una declaración anticipada.

De acuerdo al ejecutivo, el cambio genera preocupación en el gremio, pues implica una carga operativa en los sitios de arribo de las mercancías, por lo que pregunta: “¿están la DIAN, el ICA y el Invima preparados para esa operación?, ¿tienen la gente, los recursos y los sistemas para hacerlo?”.

Sumado a lo anterior, Díaz indicó que otra preocupación sobre el nuevo estatuto aduanero está relacionada en por qué abandonan el Sistema de Gestión del Riesgo los usuarios de confianza, los OEA, −que se suponen le generan seguridad a la DIAN– un panorama que hace que el dirigente gremial se cuestione “¿por qué los ponen a hacer la misma fila y cómo se tramitarán 3.600.000 declaraciones anuales de importación?

Acerca de la entrada en vigencia de la medida, el ejecutivo aseguró que, una parte se realizará en junio; no obstante, añadió que la otra parte no tiene una fecha cierta, pues depende de que la DIAN certifique que tiene un sistema operativo y/o un sistema electrónico que opera.

“En el cronograma han dicho que posiblemente en octubre, pero no sabemos −a ciencia cierta− cuando entrará en vigencia, esta declaración anticipada”, manifestó el presidente de Analdex.

Tensión en el gremio

Por otro lado, Díaz informó que otro tema que preocupa al gremio son las sanciones, ya que, según explicó, si la persona no presenta la declaración anticipada a tiempo, puede ser sancionada con el 1 % del valor de la mercancía. Sin embargo, también puede serlo por el Decreto Ley 920 con el 200 % del valor de la mercancía, porque la declaración se da como no presentada.

¿Cómo se va a resolver la situación anterior? Y, ¿qué va a pasar con la eficiencia de las operaciones?, son otras de los interrogantes que dio a conocer el líder gremial tras conocer el decreto.

Cabe mencionar que otra de las preocupaciones está relacionada con que los puertos y aeropuertos temen que estos colapsen por la cantidad de mercancías y, posteriormente, tengan que ir a una contingencia operativa.

A su turno, la Cámara Colombo Americana, Amcham Colombia, expresó su preocupación por el impacto que tendrá en el comercio exterior del país la falta de detalles y la implementación del Decreto 659, por lo que solicitaron al Gobierno nacional una revisión detallada y la aclaración de los nuevos estatutos aduaneros para evitar que las nuevas regulaciones no perjudiquen la eficiencia operativa y competitividad del comercio en Colombia, pues para la asociación el Decreto contiene un enfoque sancionatorio que no promueve, defiende ni agiliza el comercio exterior formal.

Asimismo, añadieron: “en un contexto de desaceleración económica aumentar los trámites y el tiempo de las operaciones representa una pérdida de competitividad que se traducirá en sobrecostos para las empresas y de allí a los usuarios finales de las mercancías que lleguen al país. Estos sobrecostos tendrán, además, efecto negativo en la lucha contra la inflación que el país viene librando desde hace varios meses y en el proceso de reactivación económica que necesita el país”.

Cambios

Gran carga de información deberá ser procesada por la autoridad aduanera en los puertos de arribo de la mercancía, pero también por entidades como son el ICA, el Invima y la DIAN, sobre las cuales no existe claridad sobre si tienen la capacidad de personal, recursos y tecnología para manejar este alto volumen de información de manera oportuna.

Ausencia de plan de implementación divulgado previamente para que los actores y participantes del comercio exterior puedan acoplarse a las nuevas decisiones gubernamentales.

Pérdida de avances en operaciones seguras: con el nuevo decreto se disipan los beneficios de los Operadores Económicos Autorizados que habían recibido autorización para el procesamiento de mercancías tras haberse validado los altos estándares de sus procesos aduaneros y de seguridad agilizando la operación de comercio exterior en un ejercicio ejemplar articulación público-privada.