Ante el mayor impacto de la recesión económica en el país, el Gobierno decidió ampliar el déficit fiscal para este año, pasando de un 8,2% que se había calculado meses atrás, a 8,9%. En otras palabras, aumentó el pronóstico sobre el hueco presupuestal.
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El Comité Consultivo de la Regla Fiscal, en su análisis de seguimiento a las finanzas públicas, aceptó los indicadores propuestos por el Ejecutivo aunque sin establecer nuevos lineamientos para el tope en el descuadre financiero.
En efecto, el Ministerio de Hacienda presentó un informe sobre coyuntura fiscal, con corte al tercer trimestre de 2020, y las perspectivas para el período 2020 y 2021. El titular de la cartera, Alberto Carrasquilla, dijo esto se hace en cumplimiento del mandato legal consignado en la Ley Anual de Presupuesto. Allí se establece la orden de presentar informes trimestrales al Comité.
El Ministerio revisó la proyección contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, estimando una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 6,8% para 2020 y una expansión de 5% para 2021 (frente a uno inicial de -5,5% y 6,6%, respectivamente).
En consecuencia, el Gobierno Nacional revisó sus proyecciones de déficit fiscal a 8,9% del PIB para 2020 y 7,6% del PIB para 2021 (frente a 8,2% y 5,1%, respectivamente).
Actualización
Esta actualización frente a lo planteado en junio es el resultado, principalmente, de la duración más prolongada de los efectos de la pandemia, que ha tenido como consecuencia revisiones desfavorables a las proyecciones del desempeño de la economía, tanto a nivel nacional como internacional.
El Comité indicó al Gobierno que entiende el deterioro en los indicadores fiscales para 2020 y 2021 como una preocupante consecuencia de la mayor desaceleración de la economía y de los efectos de la pandemia.
Asimismo, el Comité considera que, frente a este nuevo escenario, toma mayor importancia la discusión en el país sobre la necesidad urgente de implementar un conjunto coherente de reformas estructurales que promuevan la recuperación sostenible de la actividad económica y el empleo formal, así como la consolidación fiscal.
También se decidió que, en la próxima sesión formal del Comité, que tendrá lugar en febrero, se evaluará el Plan Financiero de vigencia 2021, así como el cierre fiscal preliminar de 2020.
Panorama
El viernes pasado, el Gobierno conoció las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2025. Allí se pronostica que el país tendrá más deuda, el desempleo permanecerá alto y habrá un lento crecimiento.
En cuanto al déficit fiscal, este sí vería una recuperación mucho más rápida, pues aunque el FMI espera que en 2020 escale hasta 9,48%, el indicador bajaría 1,96% en 2023 y 0,88% en 2024, nivel en el que encontraría un punto de estabilidad hacia delante
Las previsiones calculan un panorama en el que Colombia estaría por encima de la media de la región, y más allá de la caída de 8,2% que espera para 2020, mientras que el PIB subiría 4% en 2021 y entre 3,8% y 3,6% hasta el próximo 2025, con lo que el país volvería a niveles de crecimiento previos a la pandemia.
Indica el organismo que Colombia tardaría aproximadamente hasta el 2024 para recuperar el tamaño de la economía que tenía al cierre de 2019 y antes de la pandemia del Covid-19. Según los datos, el PIB del país tenía un tamaño de US$323.560 millones en 2019, el cual se espera que se reduzca hasta US$264.930 millones en este ejercicio. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la crisis por la pandemia borraría alrededor de US$58.630 millones del tamaño de la economía nacional en 2020.
Otro de los aspectos que más se ha comentado durante la pandemia del coronavirus es el impacto que la respuesta del Gobierno a la crisis ha tenido en el incremento de la deuda pública y en el déficit fiscal.
Precisamente, el rubro de la deuda será uno de los que se mantendrá elevado por el momento, pues este indicador, que se aumentará hasta el 68,2% del PIB según el FMI, iría descendiendo de forma progresiva hasta que, en 2025, el dato sería de 59,5%, todavía por encima del 52,3% con el que cerró el año pasado.
Marco Fiscal
Ya en el Marco Fiscal de junio, el Gobierno Nacional hizo importantes cambios y estableció que el déficit llegaría al 8.2% del PIB en 2020 (cerca de $80 billones) y al 5.1% del PIB en 2021. Por lo tanto, la deuda del Gobierno Central aumentaría al 65.6% del PIB este año y se reduciría al 60.5% del PIB el próximo.
En sus argumentos, el Ejecutivo señalaba que el mayor déficit es consecuencia, principalmente, de las mayores necesidades de gasto para enfrentar los efectos de la pandemia, los menores ingresos tributarios y, por supuesto, el comportamiento de la actividad económica.
Es decir, todos los factores de numerador y denominador afectan negativamente el indicador de déficit fiscal como porcentaje del PIB. Por el lado de la deuda, el incremento de más de 15 puntos del PIB se explica por la devaluación del peso, el aumento en el déficit y la contracción de la economía en 2020.
Desbalance
Otro elemento para resaltar del Marco Fiscal es el análisis sobre la necesidad que se tenía de suspender la Regla Fiscal durante los años 2020 y 2021, según lo habían aprobado previamente el Confis y el Comité Consultivo de la Regla Fiscal.
Para los analistas, “esta decisión es correcta, pues estamos enfrentando un evento extraordinario, con impacto tanto por el lado de los ingresos fiscales, dada la esperada caída del recaudo tributario, como por el lado del gasto, con mayores necesidades para mitigar los efectos del choque del Covid-19 en la economía”.
Sin embargo, sostienen, que “la necesidad de suspender la Regla Fiscal en 2021 no es tan clara como en 2020, hecho sobre el cual ya han llamado la atención algunas calificadoras de riesgo. En particular, en el caso de los ingresos, se pronostica una reducción al 15.6% del PIB en 2020-2021, desde el 16.2% del PIB de 2019. Esa disminución se explica principalmente por los menores ingresos tributarios, que llegarían a solo 13.3% del PIB en 2020 y al 13.5% en 2021, respecto al 14% del PIB de 2019”.
En el caso del gasto, se estiman necesidades adicionales, relacionadas con la pandemia, por al menos el 2.8% del PIB en 2020 (2.5% destinados al fortalecimiento del sistema de salud, transferencias a empresas y hogares vulnerables y 0.3% para la capitalización del Fondo Nacional de Garantías-FNG) y un sorpresivo aumento de 2.4% de gasto no relacionado estrictamente con el coronavirus.
Para los investigadores económicos del Bancolombia, la consecución del déficit fiscal “recaerá en la materialización de unas proyecciones macroeconómicas con sesgo optimista, el desmonte total del gasto para la atención de la emergencia, la consecución de un monto importante de ingresos no recurrentes en 2021 y la tramitación de una reforma fiscal equivalente a 2% del PIB durante un año preelectoral. Así pues, los riesgos sobre la visión son amplios”.
Sostienen que “dada su mayor profundidad y liquidez, los mercados internacionales aportarán este año más de la mitad de los desembolsos del Gobierno Central. Desde el frente interno, las colocaciones de TES mediante subastas se incrementaron en $3 billones, hasta $27,5 billones. Este nuevo monto contempla la emisión del bono a 30 años. A nuestro juicio, este es un aumento que el mercado local está en capacidad de absorber sin que se presenten mayores afectaciones en las tasas de la deuda pública”.
Para tener en cuenta
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) plantea que los supuestos de ingresos tributarios y del crecimiento de la actividad económica son bastante optimistas y pone sobre el tapete varias dudas.
Por ejemplo, recalca que una reforma tributaria que recaude 2% del PIB adicional no se ha hecho en los últimos 30 años en Colombia, a pesar de haber tenido casi que una reforma cada 1.5 años desde esa época.
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Sin embargo, lo que parece más irreal es la senda de reducción de gasto establecida, que llega a casi 4% del PIB en tan solo dos años, con una disminución inalcanzable en la inversión pública. Por esas razones, las trayectorias de déficit y endeudamiento del Gobierno Central pareciera que convergen muy rápido a sus niveles precrisis. Sorprende, igualmente, que no se especifique en mayor detalle el programa de enajenaciones o privatizaciones que se espera adelantar en los próximos dos años.