El anteproyecto, que fue presentado en marzo pasado, ya quedó desfasado con las necesidades en el incremento del gasto para atender la emergencia sanitaria. Inicialmente estaba aforado en $283,1 billones.

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Cuando el Gobierno presentó un anteproyecto en abril pasado al Congreso, sobre los pilares que debía tener el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2021, claramente le dijo al legislativo que “es nuestra obligación advertir que los efectos internos de la crisis sanitaria resultante de la expansión global del Covid-19, son de tal magnitud que afectarán necesariamente todas las previsiones económicas y fiscales de la Nación”.

Señalaba el Ejecutivo que “el Marco Fiscal para Mediano Plazo del 2020 y el proyecto de ley de presupuesto para la próxima vigencia fiscal deberán considerar e incorporar en sus cálculos esta terrible situación que ha devastado el planeta. En consecuencia, las cifras definitivas del presupuesto para 2021 y su composición serán las que resulten de las evaluaciones y ajustes que se realicen, considerando esta nueva situación”.

Este mensaje del Gobierno hizo que la opinión pública decidiera mirar por el retrovisor y acordarse cuando el presidente Iván Duque presentó el Plan de Desarrollo 2018-2022 denominado “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, y en el que hasta ese momento era la apuesta más ambiciosa de inversiones de toda la historia en el país y que comprendía $1.100 billones.

Esa suma, que no le cabe en la cabeza a nadie, hoy comienza a tomar sentido cuando se aprecia que cualquier Presupuesto que se  genere ahora va a quedar chiquito ante semejantes necesidades de gasto y de inversión que requiere el país para salir al otro lado de la pandemia.

Jalonazo a la inversión

Es por eso que EL NUEVO SIGLO en un editorial de esta semana, trataba oportunamente lo que debía contener el Presupuesto para el 2021 y señalaba que “en esta ocasión deberá contener una especie de New Deal criollo, por virtud del cual tendrá que dársele un jalonazo rotundo a la inversión pública en todos aquellos frentes que signifiquen generación masiva de mano de obra, como las inversiones de infraestructura, vivienda y obras públicas en general. Un keynesianismo agresivo e imaginativo tiene que empezar a delinear sus perfiles en el presupuesto del 2021”.

Y señalaba que “la manera en cómo se financiará a partir del Presupuesto Nacional un gran programa de gasto público contracíclico, que permita recuperar la economía y el empleo, está aún por definir. Las primeras respuestas a esta cuestión fundamental deben empezar a delinearse desde ya, con el estudio del Presupuesto del año entrante. Por eso es tan importante. Y por eso habrá que estar muy pendientes para analizar con toda profundidad sus contenidos”.

El borrador

Efectivamente si nos atenemos a lo que establecía el anteproyecto del PGN 2021 que se mostró en marzo pasado, preveía que el monto total sería de $283,1 billones, lo que significaba que aumentaría 4,5% en comparación con el presupuesto de 2020. Pero como ya se conoce, al PGN actual ya se le hicieron adiciones con las que el Gobierno aumentó el monto inicial del Presupuesto General de $271,7 billones de 2020 a unos $300,3 billones.

Ante ello, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que “de esos $300,3 billones hay $8,1 billones suspendidos y disponibles $292,2 billones, menos $29,2 billones que se han destinado para la emergencia, es decir que sin emergencia hay disponibles $262,8 billones”.

Carrasquilla explicó que al mes de abril de este año, el Presupuesto había sido ejecutado en un 24,1%. Sin embargo, aclaró que sin contar con el servicio de la deuda, se ha ejecutado el 22,4%, cifra inferior al de la ejecución registrada en el mismo periodo del año pasado.

“Hay pagos por $46,4 billones y apropiaciones no comprometidas por $134 billones. En servicio a la deuda, la apropiación vigente es $53 billones, en inversiones hay activos $47,96 billones. El total vigente es $300,28 billones y sin deuda es $246,67 billones”, afirmó el Ministro.

En ese sentido, se ha comprometido el 42,5% de la apropiación de $209,2 billones para 2020, mientras que, sin deuda, las obligaciones van en 25,7% y los pagos en 25,4%.

Además, el Gobierno también explicó que parte del incremento del gasto se iría a financiar con un crédito ya autorizado y aprobado por US$1.050 millones proveniente de la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina por US$350 millones y otro con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$700 millones.

De otra parte, en el anteproyecto que se presentó al Congreso para el 2021, el Gobierno explicaba que en el servicio de la deuda el indicador aumentaba a $71 billones, 34,7% más que los $52,7 billones que había en la Ley de Presupuesto de 2020.

Los sectores de educación y salud serían los que más presupuesto tendrían con $46 billones y $35,6 billones, respectivamente. El monto de educación representa un incremento del 4,07% y el de salud asciende 11,9%.

Posteriormente, estaría el sector defensa con $34,5 billones (-2,26%) y el sector trabajo con $31,7 billones (0,63%).

El hueco fiscal

Pero el gran problema, es que con el PGN actual ya existe un hueco fiscal tasado en $10 billones para este año y una deuda que escalará hasta 60% del PIB.

Y lo que se aprecia es que el anteproyecto ya quedó desactualizado por las características propias de las necesidades que tiene el país en estos momentos.

Además, este año se contempla un crecimiento negativo de 5,5%, el barril de petróleo que no toma vuelo y la tasa de cambio que se mueve entre los $3.800 y $4.000, no es fácil ajustar las cuentas.

De lo que no hay duda es que este año y el próximo, el país tendrá menores ingresos y mayores gastos, una fórmula cuyo resultado apunta siempre en dos direcciones: aumentar el endeudamiento o apretarse el cinturón.

En la parte de tributos ya existe un déficit de $24 billones. Además, el Gobierno debe contemplar que cerca de 80% del gasto anual es inflexible, porque son compromisos que deben ir a pagar pensiones, hacer giros a las regiones y financiar el aseguramiento en salud, entre otras cosas. A corto plazo, esto lleva a aumentar la deuda como única salida posible.

Además, en el 2021, el presupuesto tendría el impacto del choque petrolero. Cuentas iniciales señalan que la caída del precio del crudo de referencia Brent le costará al país, al menos, $4 billones el próximo año.

Eso sin contar con el coletazo que recibirá Ecopetrol. Un barril de crudo a US$36,8 o US$39 y no a US$60,5, como estimaba el Plan Financiero de 2020, afectará los recursos de capital de la empresa en cerca de $3 billones y, por ende, la entrega de dividendos.

Como detalla el Gobierno, el panorama es oscuro en varios frentes y se reflejará fuertemente en la deuda que el Gobierno tiene tanto con agentes internos como externos. Esta cifra cerró 2019 en 50,2% del PIB y terminará 2020 en 60% del PIB, si es que la situación no empeora.

A todas estas, y ante la falta de estructurar las cifras que requiere el PGN del 2021, en el horizonte aparece con fuerza una reforma tributaria que apretará más a los contribuyentes.