LAS BASES del proyecto de reforma pensional que el Gobierno piensa llevar al Congreso a finales de este año o comienzos del próximo están cada vez más claras.

Por lo menos así se desprende de lo afirmado ayer por la ministra de Trabajo, Alicia Arango, en torno a los puntos clave que tendrá el ajuste al sistema de jubilaciones en el país.

“No se modificará la edad de pensión, se respetarán la pensión de sobrevivencia y los derechos adquiridos y se focalizarán los subsidios en los más vulnerables”, explicó la titular de la cartera laboral, en el marco del Foro “Hablemos de Protección Social en Colombia”, que se realizó en el marco de los 50 años de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas).

Allí Arango se refirió al reto de subir la formalidad -pasando de 36.8% al 41.2%-, al incremento de las incapacidades, el mal uso de la estabilidad reforzada, la disminución de los estándares mínimos del Sistema de Riesgos Laborales, la flexibilización de la contratación y cómo se está trabajando para enriquecer las bases de la reforma pensional.

Con respecto a este último punto, la alta funcionaria ratificó que la discusión tendrá los cuatro puntos inamovibles ya referidos.

De otro lado, la Ministra señaló que más de 8 millones 915 mil colombianos son los potenciales beneficiarios del Piso de Protección Social, que se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Esta población tenía cerrada la puerta a la seguridad social. Es absurdo que hoy el 44% de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo, o sea los más vulnerables, estén fuera del sistema. Esa es nuestra realidad y sobre ella queremos trabajar”, dijo.

Retos del Sistema

De otra parte, Adriana Guillén Arango, presidenta ejecutiva de Asocajas, dijo que los grandes retos del Sistema de Protección Social giran en torno a romper la fórmula clásica de formalidad laboral y mejorar los niveles de capacitación de los trabajadores, para adaptarse a las nuevas tendencias laborales y modalidades de empleo.

Respecto al primer reto destacó que es necesario empezar a repensar los esquemas de aseguramiento y prestación, para impulsar una inclusión productiva y esquemas eficientes de producción sin necesidad de la existencia de una relación clásica laboral.

Según cifras del DANE durante 2018 en promedio el 48% de la población ocupada era informal, y alrededor de 22% de los formales son cuenta propia, lo cual nos muestra que las relaciones laborales asalariadas no son la característica principal de la ocupación en Colombia ni del mundo moderno.

Al hablar de mano de obra calificada, mencionó que se debe pensar en nuevos perfiles porque el problema radica en que desaparecen las ocupaciones de menor calificación, pero en cambio las ocupaciones de mayor calificación se van haciendo más necesarias.

“Es momento para generar nuevas políticas sociales, nuevos enfoques fiscales, nuevos esquemas educativos porque necesitamos mover el centro de la protección fuera de esquemas rígidos”, manifestó la líder gremial.

Durante el panel los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Salud, Juan Pablo Uribe, también analizaron los retos del Gobierno en materia de protección social, destacando que en seguridad social hay un vacío grande en el que deben trabajar Ejecutivo, empresarios y gremios para enfatizar en los derechos deberes de los afiliados.

También se discutieron los retos del Sistema de Compensación Familiar y cómo se puede fortalecer su papel como aliado de la lucha contra la desigualdad, la formalidad, la estabilidad fiscal y el desarrollo sostenible.