Colombia se está demorando en las reformas sociales que requiere para elevar su desarrollo debido a tensiones políticas. Así lo considera un informe del equipo de analistas del Banco BNP Paribas, sobre el panorama de reformas en Colombia y en América Latina.
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Sostienen que aunque la mayoría de los países latinoamericanos todavía tiene que controlar sus infecciones por covid-19, muchos han empezado a prestarles una atención renovada a las reformas, particularmente de pensiones, y a los cambios fiscales.
Sobre Colombia señalan que hasta hace poco las autoridades fiscales colombianas se habían centrado en los esfuerzos sostenidos de consolidación fiscal para cumplir con el objetivo del 1% del PIB del déficit público a largo plazo, lo que habría sido compatible con la estabilización de la deuda en niveles alrededor del 40% del PIB para 2031, luego de varios años presentando caídas constantes. Para alcanzar esos objetivos, el Ministerio de Hacienda le apostó a una regla fiscal que un comité independiente se encargó de revisar, establecer y aprobar.
“Incluso, antes de la crisis por el covid-19, Colombia ya se enfrentaba a otros golpes que llevaron a la modificación de esa regla fiscal, entre los que se incluían los bajos precios del petróleo y la migración venezolana. En consecuencia, el Comité de la Regla Fiscal fijó inicialmente el déficit fiscal de 2020 en 3,2% del PIB, seguido de un proceso de convergencia a partir de 2022, que llevaría el déficit al 1% en 2024”, indican.
Cambios
Sin embargo, el brote por el covid-19 lo cambió todo. A principios de abril, el Gobierno le había pedido al Comité de la Regla Fiscal que activara la cláusula de gasto contracíclico que le permitiría manejar un espacio de déficit más amplio. En mayo se corrigió el déficit del 4,9% del PIB al 6,1%. Además, a medida que se fue profundizando la crisis económica, el Comité estimó en junio que se ampliaría el espacio de déficit al 8,2%. En ese punto, el Gobierno suspendió la regla fiscal para 2020 y 2021. Ahora, el Ejecutivo espera déficits entre 8,2% y 5,1% para este y el próximo año, respectivamente.
Aseguran que “en este contexto, el Gobierno está convencido de la necesidad de tener un apoyo fiscal contracíclico (actualmente, ubicado cerca del 3% del PIB) y una reforma fiscal para hacer frente a los retos estructurales y fiscales recientes. Según el Ministerio, con la reforma se buscaría mantener la sostenibilidad fiscal por medio de fuentes más permanentes de ingresos públicos, una mejor implementación del gasto público en un estado más pequeño”.
Avances
Indican que “aunque los altos funcionarios públicos han declarado que es posible que la reforma no se dé antes de que inicie la recuperación económica, a mediados de agosto se dio un primer paso cuando se formó un comité de expertos para reportar los posibles cambios de los beneficios fiscales para febrero de 2021. Actualmente, los beneficios fiscales para personas naturales y jurídicas son de aproximadamente un 9% del PIB. De allí, el 80% tiene que ver con exclusiones del IVA, exenciones y tasas diferenciales; el resto tiene que ver, en su mayoría, con exenciones y deducciones del impuesto sobre la renta”.
Los debates sobre las reformas de pensiones también arrancaron este año, pero es probable que haya poco avance a corto plazo. En el pasado, este tipo de modificaciones han demostrado ser controversiales; la última reforma importante se hizo en 1993. Además de abordar los problemas conocidos por asuntos demográficos, tasas de reemplazo bajas y posibles costos fiscales, todavía no están claros los detalles de esta posible reforma.
Se preguntan si “¿se logrará la aprobación de las reformas? Lamentablemente, su futuro depende de dos factores importantes: por una parte, la popularidad del presidente Iván Duque y, por la otra, la creciente agitación de las masas”.
Manifiestan que “las recientes manifestaciones violentas vistas en varias ciudades (que inicialmente se desencadenaron por la brutalidad policial) son un recordatorio del descontento social de Colombia. Las huelgas y manifestaciones nacionales del año pasado fueron la respuesta a los problemas sociales que por tanto tiempo han sido ignorados y a algunas de las reformas propuestas. En un contexto de descontento popular, los riesgos de cambios en el panorama político van en aumento, creemos, y es poco probable que se alineen con un espíritu reformista”.