El escenario político para el apretón de impuestos será muy complicado en el Congreso. El Gobierno lo sabe y los partidos también. Análisis 

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A escasos días de completar sus primeros tres meses de gestión el presidente Iván Duque puso sobre la mesa la que, sin duda, es su apuesta más fuerte en el arranque gubernamental: la reforma tributaria.

Aunque ya están en trámite otros paquetes de proyectos en materia política, judicial, anticorrupción y de regalías, es claro que se trata de iniciativas de buen recibo en el Parlamento y la opinión pública, a tal punto, incluso, que han permitido acuerdos en la Casa de Nariño con las distintas bancadas oficialistas, independientes y de oposición. No hay aquí -pese a las críticas al Ejecutivo por presuntamente haber dejado huérfanos algunos proyectos anticorrupción- un pulso político abierto y declarado entre el Gobierno y el Congreso.

Es más, a diferencia de sus antecesores, Duque tampoco decidió jugarse a fondo en la elección del Contralor General y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que se terminaron definiendo más por la propia dinámica de fuerzas en el Parlamento que por un guiño o imposición desde la Casa de Nariño.

A ello se suma que el Ejecutivo insiste en que su relación con el Parlamento se basa en la premisa de “cero mermelada” y que, por tanto, no se han llevado a cabo acuerdos políticos que impliquen representación de los partidos en el gabinete y otros altos cargos, ni siquiera de las colectividades que hacen parte de la coalición oficialista: Centro Democrático, Partido Conservador, La U, Mira, AIS, Opción  Ciudadana y Colombia Justa Libres.

A diferencia de lo que pasó en los dos gobiernos de Álvaro Uribe y los subsiguientes de Juan Manuel Santos, cada uno de los cuales impulsó varias reformas tributarias teniendo mayorías holgadas en Senado y Cámara, con ministros claramente designados por su origen partidista y la evidente existencia de “oxígeno” o “mermelada” (pactos burocráticos y presupuestales con los partidos), en el de Duque la iniciativa impositiva tendrá un escenario inédito: se supone que no hay transaccionismo burocrático entre Ejecutivo y Legislativo; la coalición oficialista tiene mayorías apretadas en el Parlamento e incluso (por la división en La U) en determinado momento no contaría con los votos para imponerse en las plenarias; asimismo está en vigencia ya el Estatuto de la Oposición, que dejó en la franja de independientes a dos colectividades fuertes como Cambio Radical y los liberales, en tanto que en las filas de la oposición, aunque minoritarias, hay liderazgos muy fuertes, como los de Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo y la presencia por primera vez del partido Farc…

Elecciones a un año…

A todo lo anterior habría que sumar un elemento determinante para lo que será la discusión de esta reforma: el país está a menos de un año de las elecciones regionales y locales, en octubre de 2019. Eso significa, entonces, que más de un partido así como los propios senadores y representantes están conscientes de que asuntos como la ampliación del IVA a la mayoría de los productos de la canasta familiar tendrán un alto costo político que podría pagarse caro en las urnas.

No se trata de un asunto menor, toda vez que los comicios de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles serán una prueba de fuego para el mapa político dejado por las elecciones parlamentarias y presidenciales de este año. Es claro que el Centro Democrático (con la mayor bancada en el Congreso y Duque en la Presidencia) buscará posicionarse fuerte en el poder de gobernaciones y municipios, al igual que el petrismo y los verdes, que quieren capitalizar allí las votaciones que lograron en primera y segunda vueltas en la puja por la Casa de Nariño. A su turno, Cambio Radical, conservadores, La U y liberales se jugarán a fondo para no perder la preeminencia regional y local que hoy tienen pero está amenazada por uribismo e izquierda.

Desde ya se puede prever que una de las banderas de batalla en la puja proselitista del próximo año será el cruce de acusaciones de candidatos en torno a si sus partidos apoyaron o no el ‘apretón’ de impuestos, sobre todo en el caso del IVA.

En ese orden de ideas, no fue gratuito que desde el mismo momento en que el presidente Duque presentó a mitad de semana las bases de la reforma tributaria, de inmediato muchas voces de senadores y representantes salieron a advertir que no votarán por ninguna razón  una ampliación del IVA.

Como tampoco lo fue mera coincidencia que desde el Polo, el petrismo y hasta Farc se recordara que Duque, en la campaña presidencial, había prometido que en su gobierno no aumentaría los impuestos e incluso fue fuerte crítico de la reforma de Santos, a finales de 2016, que pasó el IVA del 16 al 19%.

Y también es entendible que tan pronto como se conoció el esquema de la reforma que propone bajar el IVA del 19 al 18% pero ampliarlo a varias decenas de productos básicos de la canasta familiar, aunque con un mecanismo de compensación anticipada para las familias con ingresos menores a 800.000 pesos, el propio senador y expresidente Álvaro Uribe expresara reservas sobre la posibilidad de aprobar dicha propuesta. Ya antes, como se recuerda, el Centro Democrático, pese a ser el partido de gobierno, había advertido que no apoyaría un aumento del IVA, aunque no se sabe qué posición tome ahora que se propone bajarlo en un punto pero se gravan más productos de primera necesidad para los colombianos.

Es más, Uribe, quien semanas atrás propusiera un aumento extraordinario y por una sola vez del salario mínimo en este 2018 -idea que no tuvo eco en el gobierno Duque-, esta semana planteó otra fórmula para compensar a la clase trabajadora que será golpeada por la reforma: un proyecto de ley para que aumente (en el equivalente a medio sueldo básico mensual) la prima de forma permanente a los trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos.

Sería apenas ingenuo negar que Uribe sabe que a él y su partido les pasarán la ‘cuenta de cobro’ mayor por el apretón de impuestos y ello podría impactar las posibilidades electorales en octubre de 2019.

Gastar capital político

Visto todo lo anterior, es obvio que la reforma tributaria, iniciativa que siempre es impopular sin importar quién esté en la Casa de Nariño, constituye el primer hecho gubernamental que obliga al presidente Duque, que hoy ostenta porcentajes de favorabilidad en las encuestas entre el 50 y 60%, a ‘girar cheques’ contra su capital político.

Por más militancia o simpatía política que tenga la ciudadanía con tal o cual partido o Gobierno, es claro que un aumento de impuestos, y más aun tratándose de productos básicos de la canasta familiar, genera una ola de rechazo popular, así como las consabidas quejas en torno a que “siempre se le carga la mano a los pobres” o la exigencia para que en lugar de una mayor carga tributaria se evite que la “plata del Estado se la roben los corruptos”.

Una prueba de ello es que la mayoría de los gremios de la producción, especialmente los del agro, salieron a advertir esta semana que la reforma tendría un fuerte impacto en la productividad y rentabilidad agropecuarias, así como se constituye en un golpe directo a la clase media y, por tanto, el consumo de los hogares se vería disminuido, afectando las proyecciones de crecimiento económico, que a duras penas llegan a 3,5 para 2019.

En otras palabras, al Jefe de Estado esta reforma al esquema de impuestos le significa no solo el fin de lo que los analistas políticos suelen llamar la ‘luna de miel’ de todo gobierno entrante con la opinión pública, sino que implica una prueba de fuego a la fortaleza política de su mandato y la capacidad de manejo sobre el Congreso, pues es el primer pulso real que tendrá con este.

Hay que ser claros: el trámite del Presupuesto General para 2019 no fue tan traumático como se esperaba y, al final, salvo en lo atinente a buscar más recursos para la educación pública superior, el monto total y la distribución de las partidas no generó un pulso sustancial ni extremo con el Congreso, pese a que llevaba inmersa una desfinanciación de 14 billones de pesos.

Incluso, en la oposición hay voces que señalan que el visto bueno de la mayoría de las bancadas a un presupuesto con semejante hueco se hizo ‘amarrada’ a la promesa de que en el proyecto de reforma política -que ya pasó a tercer debate- se incluyera un artículo denominado “Inversión de Iniciativa Congresional”, que permitirá que los congresistas sugieran proyectos para ser financiados con el 20% del presupuesto anual de inversión. Para la oposición esta es una nueva forma de “mermelada”, pero el Gobierno sostiene que es una herramienta para hacer transparente la gestión de los parlamentarios en apoyo a sus regiones.

De otro lado, es evidente que el Gobierno no salió debilitado  de los intentos de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en las plenarias del Senado y la Cámara, ya que la oposición nunca estuvo medianamente cerca de sumar los votos necesarios para forzar la salida del zar de las finanzas por el escándalo de los llamados “bonos de agua”.

Sin embargo, Carrasquilla, que tendrá que liderar la reforma, llega con ese ‘inri’ político encima, y ello le podría quitar margen de acción a la hora de defender el apretón impositivo. Eso es innegable.

Pero el reto no será solo para Carrasquilla. El trámite de la tributaria tendrá repercusión directa en las negociaciones sobre el salario mínimo, que incluso fueron instaladas por el propio Duque semanas atrás y tendrá que liderar la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Con la perspectiva de un mayor IVA a la canasta familiar, los sindicatos pedirán un incremento muy superior a la sumatoria de la inflación causada y la productividad empresarial (ambos porcentajes no llegarían a 4,5%). Sin embargo, el sector patronal ha advertido que difícilmente aguantaría un ajuste hasta del 5,5%.

Igualmente, aunque en anteriores reformas tributarias tanto Uribe como Santos podían enviar a todo el gabinete a gestionar con sus respectivas bancadas el apoyo al apretón impositivo, Duque tiene un escenario más restringido en este campo, por el perfil técnico de muchos de los titulares del gabinete y su poco bagaje político y anclaje partidista. Eso, también, es innegable.

Y como siempre ocurre, y de hecho ya muchas de las reacciones partidistas de esta semana así lo confirman, habrá muchos sectores que planteen que en lugar de ampliar la base del IVA y otros tributos, se tape el hueco fiscal con el boom de precios del petróleo y el carbón, o se reduzca más el gasto público y el tamaño del Estado, lo que impactará, claramente, en las propuestas para crear dos o tres ministerios.

Como se ve, no hay exageración cuando se afirma que el presidente Duque puso sobre la mesa la que, sin duda, es la apuesta más fuerte en el arranque del Gobierno. Una apuesta  en la que se juega una parte de su popularidad, del respaldo gremial que hoy tiene y de las posibilidades electorales de su partido para 2019. Pero también es la reforma tributaria una especie de “prueba ácida” a su carácter presidencial, a su peso político específico como líder nacional y a la capacidad de convocatoria partidista para sacar avante una iniciativa que aunque impopular y con un alto costo político es, sin embargo, urgente y necesaria para mantener las finanzas públicas a flote y poder cumplir el programa de gobierno que en junio pasado recibió el apoyo de 10,3 millones de colombianos.