Alivios coyunturales a personas jurídicas tendrían efecto negativo en los próximos años para el crecimiento de la economía.

De aprobarse el proyecto de reforma tributaria en el Congreso cubriría las necesidades fiscales de 2019, pero resultaría insuficiente para los años siguientes. El objetivo fiscal de la ley de financiamiento y otras iniciativas esbozadas por la Administración en la presentación del proyecto, no llenarían las expectativas que requieren las finanzas, de acuerdo con un análisis de Bancolombia.

Después de incorporar las devoluciones de IVA a los hogares de menores ingresos, las autoridades apuntan a un recaudo neto de 1,2% del PIB en 2019, que se reduciría a apenas 0,2% del PIB en 2020.

Tal decrecimiento en los ingresos tributarios adicionales en 2020 sería parcialmente compensado por otros factores complementarios a los cambios en el estatuto tributario. Los más importantes son la expectativa de un aumento en el recaudo por cuenta de mejoras en la administración tributaria, así como la venta de activos no estratégicos de la Nación.

Estas dos fuentes aportarían 0,4% del PIB en 2019 y 0,7% del PIB en 2020. Otros componentes de menor impacto son una mayor estimación de ingresos petroleros y un aumento en el recaudo por mayor crecimiento de la economía.

Aportes

Que estos factores adicionales pasen de aportar el 30% al 80% del efecto fiscal previsto para los dos años siguientes resulta inquietante. En primer lugar, porque el impacto positivo de la reforma en recaudo estaría casi en su totalidad concentrado en 2019, cuando la necesidad de fortalecer los ingresos del GNC es de carácter permanente.

En segundo lugar, porque los factores mencionados corresponden a contingencias positivas, cuya ocurrencia depende de la materialización de supuestos que están fuera del alcance de los ajustes que traerá la ley, y que además no son eventos recurrentes.

Por lo anterior, no es aconsejable que formen parte del escenario central de las autoridades para los años siguientes, como tampoco que sobre ellos recaiga el grueso del ajuste de 2020.

La reducción del recaudo tributario desde 2020 sería principalmente resultado de las medidas aplicables a las personas jurídicas. Como se aprecia en el proyecto, los ingresos adicionales provenientes del IVA (neto de devoluciones) y de mayores impuestos a cargo de personas naturales serían estables y ascenderían a 1,1% del PIB.

Por el contrario, los cambios relacionados con personas jurídicas pasarían de aportar 0,1% del PIB en 2019 a tener un efecto negativo de 0,9% del PIB en 2020.

Competitividad

No obstante, ser deseables para la competitividad y el estímulo a la inversión, el efecto fiscal de estos beneficios a las empresas sería considerable. Tener reglas tributarias más competitivas promueve la inversión y contribuye al crecimiento económico, lo cual redundaría en mayores ingresos tributarios. Sin embargo, la materialización de este efecto positivo toma su tiempo.

En el entretanto, las metas de déficit se tornarán más retadoras. Por consiguiente, si en la aprobación de la reforma tributaria imperan las consideraciones fiscales sobre las de competitividad, un resultado probable de la discusión de la iniciativa es que se reduzca el margen de los beneficios a las personas jurídicas.

Panorama retador

Incluso con la aprobación de la ley de financiamiento, el panorama fiscal de mediano plazo sigue siendo retador. Esto puede apreciarse en que a las metas actuales del GNC se le deben añadir el efecto que traería la reforma en cuestión y el espacio de gasto que se abrió en el Presupuesto de 2019, mismo que se mantendría en los años siguientes.

Consideramos razonable este supuesto, ya que como lo ha sostenido el Gobierno, hay una serie de gastos a cargo del GNC cuya continuidad es esencial para el bienestar social del país. A esto hay que agregar que nuestros escenarios de ingresos y gastos difieren de lo contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018.

Si lleváramos estas proyecciones a cifras más razonables, hay una brecha de ajuste no contemplada que supera el 1% del PIB.

De acuerdo con nuestros cálculos, las necesidades adicionales de ajuste fiscal pueden superar el 1,5% del PIB de 2020 en adelante. Si partiéramos de un escenario optimista en el que todos los otros factores de ajuste esbozados por el Ejecutivo y su bandada se materializaran, serían necesarias acciones adicionales que mejoren el balance del GNC en 0,8% del PIB después del próximo año. En otras palabras: el esfuerzo extra requerido para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal será significativo y superará la aprobación de la actual ley de financiamiento.

Encontramos que si se aprueba la ley de financiamiento, podría incrementar la inflación entre 0,92 y 3,51 pps en 2019. En el primer caso, el impacto se deriva de nuestro escenario alternativo, que tiene asociada una tasa diferencial de 8% y que implica una carga del IVA sobre la canasta familiar del 8,35%. El segundo escenario, nuevamente, asume que la tarifa general de 18% se aplica tal como se plasma en el documento de la propuesta. La mayor parte de este impacto está concentrada en el rubro de alimentos.

La reforma tributaria es una iniciativa necesaria desde el punto de vista fiscal, y contiene elementos que pueden mejorar el estatuto tributario en términos de progresividad y competitividad. De no aprobarse, el país se expondría en 2019 a dos disyuntivas: cumplir con la regla fiscal, en cuyo caso se produciría un fuerte ajuste del gasto público que impactaría la actividad productiva. Alternativamente, no se observarían las metas de déficit fiscal, lo que expondría al país a un escenario de estrés financiero. Es evidente que estos dos escenarios son indeseables.

Sin embargo, el impedir que el país se vea abocado a estas situaciones no implicará que la ley de financiamiento no vaya a generar efectos desfavorables sobre la economía en 2019. Si se aprueba la iniciativa, el crecimiento sería menor a lo contemplado en nuestro escenario base, y la inflación estaría expuesta a un choque al alza temporal pero de una magnitud importante. Además, su aprobación por sí sola no sería suficiente para reducir el déficit del GNC después de 2019.

Por lo tanto, este proyecto representa una prueba exigente para las autoridades económicas del país. Por un lado, deberán tomar decisiones oportunas para evitar que los efectos negativos no afecten el rumbo de la economía en el mediano plazo. En particular, es de esperar que el bache en crecimiento pueda superarse rápidamente, y que la política monetaria se conduzca de modo que la afectación sobre las expectativas de inflación sea la menor posible.