En cumplimiento de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en diciembre, la compañía Uber anunció que a partir del 1 de febrero dejará de funcionar en Colombia.

La compañía reiteró que la decisión de la SIC de ordenarle cesar la prestación del servicio de transporte de pasajeros bajo sus distintas modalidades es “arbitraria” porque “va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

Agregó que está “utilizando todos los recursos legales para defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.

“Uber fue la primera compañía en ofrecer al país una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”, subrayó la empresa, que señaló que el servicio de Uber Eats no se verá “afectado por la decisión de la SIC. Los usuarios seguirán teniendo acceso a la aplicación de Uber Eats”.

Decisión de la SIC

El 20 de diciembre la SIC resolvió la demanda interpuesta por Cotech S.A. (empresa que opera la aplicación de Taxis Libres) en contra de Uber por considerar que incurrió en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar de manera irregular el servicio público individual de transporte.

"Esto viola las normas que regulan el mercado, genera una ventaja significativa en el mercado, y genera desviación de la clientela de Cotech S. A", señaló la entidad. Por estas razones, la SIC ordenó que de manera inmediata cesaran “los actos de competencia desleal declarados y que se ejecutan haciendo uso de la aplicación Uber; así mismo, que de manera inmediata cesen la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades Uber, Uber X y Uber VAN, por medio de la utilización de la aplicación tecnológica en el territorio nacional”.

Contra esta decisión, señaló la Superintendencia, procedía el recurso de apelación ante la sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

Demanda

Esta semana se conoció que la compañía presentaría una demanda contra el Estado colombiano por supuesta violación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Así lo manifestó la multinacional a través de una carta dirigida directamente al presidente de la República, Iván Duque, y firmada por Miguel López Forastier, abogado especialista en pleitos internacionales.

En el documento se lee que la compañía está protegida por el TLC con Colombia. “Uber es una empresa organizada bajo las leyes del Delaware, Estados Unidos, que ha realizado varias inversiones en Colombia”, señala.

“Uber Colombia, organizada bajo las leyes de Colombia, es una subsidiaria de Uber. En consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado de Libre Comercio”, aseguró la compañía.

La empresa también argumentó que otras compañías que prestan servicios similares en Colombia y en otros países de la región, no han sido sometidas al mismo tratamiento y siguen operando con normalidad.

Frente al anuncio, Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, dijo que “la normatividad interna no se negociará con Uber” y que “la Nación está preparada para enfrentar la demanda”.

"Uber tiene sus argumentos, que no están desarrollados en la carta. Normalmente, en las demandas de inversión viene una etapa previa, de conversaciones entre el inversionista y el Estado. Eso está en función de la agencia, en compañía con el Ministerio de Comercio. Si en seis meses no se ha logrado un acuerdo, sí podrían demandar. No sé qué foro escogerían, pero el más común es el Ciadi, del Banco Mundial”, dijo Gómez.

El funcionario explicó que si bien no se puede desestimar la posible demanda, el Estado colombiano ha enfrentado unos pleitos mucho más complejos.

“Colombia está lista para la defensa. Hemos tenido procesos como el de Gas Natural Fenosa, Naturgy, Movistar, Claro, las de las mineras, entonces este no se trata de un tema tan novedoso, pero lo primero que tenemos que hacer como Estado es sentarnos a evaluar las pretensiones de la posible defensa”, aseguró.

El Superintendente Andrés Barreto dijo que la decisión frente a la posible demanda quedó en manos del despacho de Camilo Gómez. “A priori le puedo señalar que no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano y en ese sentido yo veo las pretensiones muy débiles frente a un tribunal arbitral, porque no les está permitido prestar la actividad en Colombia y no sabemos cuál sería la inversión que no se les está respetando o la estabilidad jurídica del TLC”, señaló Barreto.

Voces

El representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, uno de los que más ha insistido en la regulación de este tipo de plataformas tecnológicas, lamentó “la apresurada decisión de Uber de irse del país sin esperar decisión a recurso de apelación a la SIC. Este es un llamado de urgencia para aprobar nuestro proyecto 292. Ojala Iván Duque se decida apoyar la tecnología y libertad de los usuarios, en vez de prohibir”.

“La fuga de tecnología es un indicador de atraso de un país. Esta incertidumbre jurídica solo afecta a ciudadanos, aleja la inversión y envía un mal mensaje al desarrollo empresarial. El silencio del gobierno lo hace cómplice de todo esto. Urge reglamentar. El camino no es prohibir”, agregó el parlamentario.

Por su parte, el senador y expresidente Álvaro Uribe señaló que “está en discusión la ley, no la conveniencia. Juez ordena suspensión “porque cobra y presta servicio, debería cumplir requisitos de empresa de transporte”. Debe cumplir con aportes a seguridad social. Nivelar la cancha con los taxistas”.

En días pasados el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, señaló que la plataforma viola “la ley y sus cifras no cuadran. Habla de 88.000 carros (chofer y propietario) y de $70.000 millones de IVA en 18 meses. Luego a cada carro le entran $161.281 en promedio al mes, cifra que no paga ni un día de operación de un taxi. Otro engaño de Uber ¿Qué esconde?”.