El asesinato el fin de semana del presidente del Concejo de Puerto Asís (Putumayo) pone en evidencia que las autoridades regionales y municipales siguen en la mira de los grupos armados ilegales o facciones de delincuencia común u organizada.

Prueba de ello es que a raíz de este caso la Defensoría del Pueblo emitió una alerta al Gobierno pidiéndole a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior establecer medidas de seguridad eficaces para no menos de 4.700 concejales en todo el país que se encuentran amenazados, de los cuales 2.400 cabildantes carecen de medidas de protección efectivas.

Aunque no es la primera vez que se advierte de la situación de riesgo en que se encuentran centenares de concejales, es claro que estando a escasos meses de las elecciones para Congreso y Presidente hablar de 4.700 cabildantes municipales en situación de peligro proyecta una imagen muy preocupante sobre el nivel de orden público en varios departamentos.

Es más, la Defensoría llama la atención sobre algunos casos muy complicados, como el de los once concejales de los municipios de Riosucio y Litoral del San Juan, en Chocó, blancos de amenazas por parte de grupos armados ilegales.

Si bien es a todas luces extremo y ajeno a la realidad la advertencia del gremio de concejales en torno de que se podría estar frente a un “genocidio”, por más que 400 de estos funcionarios hayan sido asesinados en la última década, es claro que el Estado, y el Gobierno como su brazo ejecutor, deben redoblar las medidas de protección a los cabildantes. Y en ese marco, uno de los principales objetivos es acelerar los tiempos en que se llevan a cabo los respectivos estudios sobre el nivel de riesgo de quienes denuncian amenazas. De acuerdo con la Federación Nacional de Concejales hay que implementar “medidas de protección eficientes en tiempos más cortos de los actuales, siendo coherentes con el riesgo que presentan quienes ejercen su labor en zonas rojas poniendo en riesgo sus vidas…”. Los concejales dicen que en ocasiones estos estudios demoran entre dos y seis meses, lo que es a todas luces muy largo.

El segundo flanco de acción estatal debe dirigirse a solventar las quejas de la Federación respecto de que el 30 por ciento de los 2.300 concejales que en la actualidad cuentan con esquemas de protección se muestra inconforme con la  irregularidad en los pagos de reubicación y transporte, falencias en el funcionamiento de los teléfonos celulares y hasta entrega de chalecos blindados con fechas de vencimiento del año 2010 o incluso anterior.

El Gobierno, a través de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, tiene la palabra. Denuncias tan graves como las de la Federación y la Defensoría deben ser respondidas punto por punto, y si las mismas tienen piso, los correctivos tienen que aplicarse de manera urgente.