* Aberrante fraude en sistema educativo
* Fiscalía debe actuar con drasticidad
Cada vez que estalla un escándalo de corrupción en nuestro país se cree que el grado de estupefacción de la opinión pública y las autoridades difícilmente podrá ser superado por nuevos casos. Sin embargo, termina pasando lo contrario. Es más, la ciudadanía ya parece haber perdido toda capacidad de asombro o, lo que es peor, simplemente cayó en un estado de resignación, impotencia y pasividad extremo. Prueba de lo anterior es la reacción casi nula a la denuncia el viernes pasado del Ministerio de Educación y a la que le hizo eco el Presidente de la República el fin de semana. Un proceso de auditorías de matrícula a instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media en 15 entidades territoriales, para la vigencia 2011, puso al descubierto una millonaria y aberrante trampa a los recursos públicos.
Las auditorías incluyeron a los departamentos de Casanare y La Guajira así como a los municipios de Yopal, Riohacha, Uribia, Apartadó, Turbo, Buenaventura, Jamundí, Magangué, Malambo, Soledad, Tumaco, Ipiales y Girón. Se encontró que las autoridades educativas de estas zonas del país reportaron 97 mil alumnos inexistentes, lo que implicó que desde el presupuesto nacional se giraron 132 mil millones a lo que no había lugar. Si bien el año pasado se había denunciado esta grave anomalía en determinadas poblaciones, la investigación iniciada por el Ministerio de Educación puso al descubierto que las irregularidades se registran en muchas partes del país y el fraude al erario es millonario.
Para retar la ya de por sí disminuida capacidad de asombro baste con decir que hay hechos tan alarmantes como el de Buenaventura, en donde el 36% de la matrícula reportada resultó ser de “niños fantasma”. Para hacerlo más ilustrativo: de 111.600 niños reportados que figuraban como matriculados en escuelas y colegios públicos, no aparecieron 40.600 alumnos, por cuyo concepto se alcanzaron a girar al municipio $ 54.500 millones de más. Y el rosario de anomalías se extendió también a contratos inexistentes de prestación del servicio educativo con particulares y hasta “colegios fantasma”.
Pero la situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que no sólo es el promedio del millón 300 mil pesos que por cada alumno matriculado se gira a las entidades territoriales por parte del Sistema General de Participaciones, sino que con base en el volumen de alumnos reportados se asignan también recursos proporcionales para contratar profesores y financiar alimentación escolar y transporte, entre otros gastos. En ese orden de ideas, la pérdida de dinero oficial por las matrículas inexistentes aumenta sustancialmente.
El Ministerio entregó la información a la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría y se espera, o mejor se exige, de los entes de control la máxima diligencia para establecer e individualizar las responsabilidades de gobernadores, alcaldes, secretarios de educación y hasta rectores de escuelas y colegios oficiales en esta grave situación. Las sanciones disciplinarias, penales y fiscales deben ser las más drásticas posibles, sobre todo por tratarse de recursos de inversión social. Desde la propia Casa de Nariño se debería urgir a los entes de control y vigilancia a crear unidades elite y coordinadas para adelantar las pesquisas lo más pronto posible y evitar que este fraude quede en la impunidad.
Por igual es urgente que el Ministerio lleve su cobertura en materia de auditorías de matrículas a la totalidad de las entidades territoriales que reciben giros por este concepto y que se cree un sistema que permita en tiempo real detectar casos sospechosos en el aumento o disminución de alumnos, con el fin de activar de inmediato las investigaciones.
Queda claro que las redes de corrupción y desgreño administrativo se tomaron por asalto muchas administraciones regionales y locales. Ya no son sólo los recursos para la salud, las anomalías en la contratación o en el robo de dineros de las regalías, sino que los fondos de educación de los más pobres resultaron también siendo blanco de fraude.