Se radicó la semana pasada el nuevo proyecto de reforma al sistema de equilibrio de poderes que, en el fondo, lo que trata es de restablecer el modelo de pesos y contrapesos institucionales que se afectó tras la aprobación en 2004 de la reelección presidencial. La iniciativa tiene muchos de los aspectos que ya habían sido diagnosticados y anunciados, e incluso contemplados en la fallida reforma a la Justicia de 2012, pero también trae elementos nuevos, varios de ellos sorpresivos, como la posibilidad de que los congresistas puedan renunciar y pasar a cargos públicos en corto tiempo, o la misma propuesta de que el candidato que quede segundo en la contienda presidencial tenga por derecho propio una curul en el Senado.

Tras las primeras de cambio, el proyecto de reforma ha generado un alud de reacciones, en donde hay de todo: desde apoyos cerrados a todo el articulado bajo la tesis de que por fin hay un ajuste a fondo a la Carta, pasando por peros puntuales a los cambios como el del sistema de elección de jefes de entes de control, y hasta críticas ácidas de sectores políticos, jurídicos y sociales que descalifican la reforma aduciendo, en algunos casos, que es muy timorata y, en otros, que fue más allá de lo necesario para restablecer el equilibrio institucional.

Lo importante es que, como lo ha dicho el Gobierno y revalidado el Congreso, se trata tan solo de un articulado inicial que, más allá de la socialización partidista previa a la radicación de la iniciativa, debe ser sometido a amplio debate parlamentario, pero también a audiencias públicas y foros regionales. Es necesario ampliar el espectro de la discusión, implicar a la academia, las altas Cortes, los gremios, las autoridades locales, otras instancias políticas, sociales e institucionales nacionales, regionales y locales… En fin, siendo una reforma tan a fondo de la Constitución, todo el país debe conocer el alcance de lo planteado y sus implicaciones, antes de que el Legislativo termine el trámite respectivo.