Empeoran los indicadores

Fatal empate en descrédito

Resultan  cada vez más inquietantes las noticias sobre la manera como se acrecientan en el país los problemas de la justicia, pese a que como se derivó de la Constitución de 1991 tenemos  más cortes y más funcionarios judiciales, junto con entes tan poderosos como la Fiscalía, que  cuenta con una planta de millares de funcionarios. Es una verdad de a puño que, donde no hay justicia no se da una verdadera democracia, puesto que lo menos que se les puede pedir a los magistrados y jueces de un Estado moderno es que cumplan su deber y ejerzan sus funciones con probidad, para beneficio de la sociedad. La Fiscalía General no se creó en exclusiva para combatir a las mafias como creen algunos, se trataba de poner fin al atraso judicial en las investigaciones comunes y procesos. Incluso se estipula en la Constitución que entre sus objetivos no está en exclusiva declarar culpables, sino que cuando se establece lo contrario se debe proclamar la inocencia de quienes han sufrido falsas imputaciones o han sido lanzados al escarnio público y se comprueba su inocencia, como ha sucedido en diversos casos en el país.

El atraso en casi todos los organismos judiciales es monumental. Los procesos se acumulan. No se ha podido resolver el problema de la popular acción de tutela que paulatinamente se ha extendido más allá de los límites establecidos por los legisladores de 1991, puesto que  siendo un recurso maravilloso se llega  al extremo de que el público y los picapleitos lo emplean  indistintamente para todo, para hacer avanzar los procesos, para paralizarlos, para solicitar toda suerte de beneficios, para torcer sentencias, para ganar tiempo, para favorecer a los criminales, sin que se consiga reorientar el asunto como lo dispuso  la Constitución. Los entendidos aseguran que existen intereses vitandos  para que prospere el caos. Lo peor es que se dan casos de personas de toda condición que para que las atiendan en los hospitales y centros de salud, deben interponer el recurso de la tutela y lo más triste es que como son tantas, finalmente, numerosos enfermos  graves han muerto con el fallo a  favor en el bolsillo, sin conseguir que los atendieran.

Se trata de un fenómeno complejo en el que el individuo del común queda atrapado en la telaraña de contradicciones de un sistema que supera de lejos las denuncias que hizo Kafka sobre lo insólito, insoportable, de la burocracia de su país. Los litigantes se quejan de que ya no existe doctrina probable, que los jueces toman decisiones que contradicen sus mismos fallos y ni siquiera se toman la molestia de explicar semejantes desaguisados. Sencillamente, cada vez más se apartan del tenor de la ley, aduciendo que están cumpliendo tal o cual disposición constitucional, cuando la misma establece claramente que deben actuar de acuerdo con lo dispuesto por la norma legal, lo cual se repite en los códigos.

En un sistema dudoso y permeable como el nuestro, con mayor razón los ciudadanos reclaman el apego de los funcionarios a la ley, como se les exige a las gentes del común. Si se tratara de crear un despotismo judicial que obrara según su capricho, pues sería inútil discutir y aprobar leyes en el Congreso, puesto que los funcionarios judiciales harían lo que les viene en gana, pero somos una democracia y eso es absurdo, como lo sería en un régimen autoritario, pues se trata de la anarquía togada. Lo conservador está comprometido de manera irrevocable con la democracia y la juridicidad, por lo mismo debe ser el campeón de la reforma de la justicia en Colombia.