En medio de un panorama fiscal cada vez más estrecho, sobre todo por cuenta de la caída en los recaudos tributarios, producto de una economía que aún no despega con fuerza, los gobernadores volvieron a prender las alertas por la escasez de recursos para sufragar los gastos de funcionamiento, inversión y servicio a la deuda en las administraciones departamentales.

La preocupación aumentó luego de conocerse el proyecto de ley que establece el presupuesto bianual de regalías para los años 2025-2026, que tiene un monto máximo de $30,9 billones, equivalentes a 1,7 % del PIB. Se trata de un rubro inferior al que está rigiendo para el lapso 2023-2024, que fue de $31,3 billones, cifra equivalente a 2,1 % del PIB de entonces.

Al decir de los expertos, esa rebaja es una circunstancia que, en parte, es consecuencia de la accidentada política minero-energética del gobierno Petro, sobre todo en cuanto a marchitar la industria extractiva de petróleo, gas y carbón. Es claro que al caer la producción de combustibles de origen fósil, los recursos que las empresas del sector transfieren a las arcas de la Nación, por concepto de compensación por la explotación de recursos naturales no renovables, son cada día menores.

Este es un asunto complicado para los departamentos y municipios, toda vez que los dineros de las regalías constituyen en no pocos casos casi que su única fuente presupuestal para adelantar obras y programas de inversión social.

Por lo mismo, ya los mandatarios seccionales, agremiados en la Federación Nacional de Departamentos, advirtieron que esa disminución presupuestal pone en riesgo la financiación de programas y proyectos vitales para el desarrollo de los departamentos y la atención de necesidades básicas como alimentación y transporte escolar, vivienda, entre otros.

De hecho, los gobernadores urgieron una mayor claridad y transparencia en la liquidación de las regalías. Por ejemplo, de manera puntual piden analizar cómo se calculan los recursos que le quedan al territorio para sus inversiones. Para ello es necesario que la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería develen las fórmulas con las que se estiman dichos ingresos. Con el fin de lograr una respuesta satisfactoria, solicitaron a la Contraloría General que acompañe este requerimiento.

Pero el reclamo no termina ahí. También se alerta que la reducción injustificada del presupuesto bianual de regalías afectará gravemente el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo departamentales y municipales, así como los objetivos en materia de superación de pobreza y  exclusión social. Igualmente, se advirtió sobre la inclusión de normativas que limitan aún más la autonomía territorial para la ejecución de estos recursos, lo que, de paso, aumenta el riesgo de insolvencia financiera de las entidades territoriales.

El Congreso está en la obligación de atender esta alerta de los gobernadores y los alcaldes. Más aún cuando ya hay parlamentarios que advierten que el Gobierno Nacional Central, en medio de la crisis fiscal que arrastra, estaría aplicando criterios políticos para la asignación de los recursos que pertenecen a todas las regiones por igual.