* Restitución de tierras, propósito nacional
* Ajustar la institucionalidad del proceso
Nadie duda de que el proceso de reparación a víctimas de la violencia y de restitución de tierras a desplazados y despojados es una de las principales banderas de este Gobierno. El arranque en firme de toda la estrategia se está dando este año y, como era previsible, se han registrado algunos obstáculos y talanqueras que si bien no ponen en peligro toda la arquitectura del proceso, sí deben ser superados lo más rápido posible.
En primer lugar, era obvio desde la misma concepción, trámite y reglamentación de la ley, que se requería tener una muy coordinada institucionalidad para cumplir con el objetivo de indemnizar a las centenares de miles de víctimas de la violencia así como de devolver a sus legítimos dueños más de tres millones de hectáreas que les fueron arrebatadas a sangre y fuego por guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y otras mafias derivadas de esos tres fenómenos delincuenciales.
Hasta el momento es claro que el Estado ha avanzado en la creación de esa institucionalidad en las distintas esferas de los poderes Ejecutivo y Judicial. Se crearon mediante decretos y reformas las respectivas agencias, unidades ministeriales, jurisdicciones y las estructuras encargadas de hacer viable todo el proceso. Sin embargo, todavía no se logra un suficiente engranaje funcional de esta nueva arquitectura de entidades y responsabilidades. Es allí en donde puede estar un primer flanco débil para la implementación real y efectiva de la reparación y la restitución de tierras. Se requiere, por ejemplo, volcar y concentrar al Incoder en un cien por ciento en este proceso, dejando aquellas funciones que no estén relacionadas directamente con la devolución de los predios a sus legítimos propietarios, en cabeza de otras dependencias del agro.
En segundo lugar es evidente que debe reforzarse todo lo que tiene que ver con la socialización de los alcances de la ley, de forma tal que la opinión pública, pero sobre todo aquellos miles y miles de personas que están esperanzados en recuperar lo que años atrás les fue robado por los violentos, entiendan que el proceso de restitución no es automático. Tiene que explicarse suficientemente que todo está sujeto a muchos procedimientos legales y de seguridad, dispuestos no sólo para garantizar la mayor transparencia posible, evitando atropellos a propietarios de buena fe, sino para poner al descubierto a toda la red de autores materiales e intelectuales que participó en el despojo, y que es urgente judicializar para evitar que traten de acudir de nuevo a la violencia y la trapisonda legal para revictimizar a los despojados. Afectados y ciudadanía en general deben tener claro que tratar de devolver más de tres millones de hectáreas no es un asunto fácil y que, como está demostrado en los asesinatos y atentados contra reclamantes así como en las maniobras jurídicas de testaferros y poseedores ilegales, hay muchos enemigos al acecho.
También -un tercer elemento- el Gobierno debe insistir en blindar todo este proceso de restitución con el mayor respaldo nacional. La devolución de las tierras a sus legítimos dueños debe convertirse, no en una bandera del Ejecutivo de turno, sino en un propósito nacional a corto, mediano y largo plazos. Las marchas que se realizaron en la Costa y Antioquia, en donde el propio Jefe de Estado estaba en primera fila, deben multiplicarse en el resto del país. En la medida en que quienes se oponen a que desplazados y despojados recuperen sus predios vean que no se enfrentan sólo a las autoridades, sino a todo el país, sabrán que cualquier intento por bloquear este objetivo nacional, no tendrá ninguna posibilidad de complicidad o de pasividad ciudadana.
En síntesis, hay que amojonar toda la estrategia para llevar a cabo el más ambicioso proyecto de justicia social que se haya emprendido en los últimos años. Siempre se ha dicho que la génesis del conflicto en Colombia es la tierra, y ahora que el Estado decidió medírsele a tan importante reto, formuló la estrategia y creó las herramientas puntuales, es necesario no bajar la guardia y corregir sobre la marcha las falencias.