* 37 comunicadores asesinados en 2022

* Urge enfrentar cuatro grandes amenazas

“La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad”. Así lo proclamaba Liu Xiaobo, escritor chino, activista prodemocracia y defensor de los derechos humanos que, estando en prisión, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2010.

Sus palabras caen como anillo al dedo frente a lo que está pasando en el continente americano con el ejercicio del derecho a informar y estar informados. Esto porque, encabezadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), siete organizaciones que trabajan en la protección de esta garantía universal denunciaron días atrás un panorama más que crítico para los periodistas y los medios de comunicación en esta parte del hemisferio occidental.

El diagnóstico, como se dijo, es muy alarmante, partiendo por la advertencia de que 2022 es el año más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe. Se registran por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con su labor. A ello deben sumarse decenas de exilios, encarcelamientos y medios forzados a cerrar.

De acuerdo al citado informe, son cuatro las tendencias más preocupantes para el ejercicio periodístico. En primer lugar, se alertó sobre el resurgimiento de regímenes políticos caudillistas que constantemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales. El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, los países más señalados por este flagelo.

En segundo término está la desinformación en línea, sobre todo la dirigida a desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo. Las siete organizaciones alertaron sobre las versiones falsas que provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea. Más grave aún resulta que “ejércitos de troles” son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y reporteros.

En tercer lugar hay alarma por la deficiencia en los mecanismos de protección a los comunicadores, sobre todo a los que trabajan en zonas de alto riesgo o que han recibido amenazas. México es el país que más preocupa por el alto número de periodistas asesinados en este último año, la mayoría por facciones relacionadas con el narcotráfico.

Por último pero no menos grave se denunció que las fuerzas de seguridad de algunos Estados continúan desplegando prácticas de vigilancia de las comunicaciones en contra de los periodistas de manera ilegal.

A todo lo anterior deben sumarse las denuncias de otros entes sobre las dificultades económicas que atraviesan muchos medios de comunicación, sobre todo tras el duro coletazo de la pandemia. No menos preocupante resultan las legislaciones que se están impulsando en algunos países para afectar la independencia de la prensa y su autonomía empresarial.

Por todo lo anterior las organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión y de prensa urgieron estrategias para combatir el acoso judicial y la impunidad. De igual manera, urgieron el fortalecimiento en la independencia y profesionalidad de quienes integran las instancias de procuración de justicia. No menos imperativo es la creación de mecanismos de protección donde no existen y el fortalecimiento de los ya vigentes. También resulta urgente detener las prácticas de vigilancia contra periodistas y actuar para blindar la conversación pública online y offline, lo que incluye el cese a los discursos estigmatizantes que aumentan la hostilidad para el ejercicio periodístico.

Como se ve, aunque en otras latitudes la situación de la prensa es tanto o más crítica que en el subcontinente americano, es claro que se requiere aquí un plan de acción para evitar que el oficio de informar continúe siendo restringido por distintas prácticas, directas e indirectas, legales o ilícitas. No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que ningún país en donde se reprima la libertad de prensa puede reputarse de democrático y mucho menos de respetuoso de los derechos humanos. Lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe es un campanazo al respecto.