- Ciudadanía más atenta a esa hoja de ruta
- $1.100 billones de inversión cuatrienal
Definir la hoja de ruta de un gobierno nunca ha sido tarea fácil, sobre todo en un país en el que las formulaciones de políticas públicas muchas veces suelen estar marcadas más por la necesidad de hacer frente a problemáticas sobrevinientes que por la construcción de estrategias de largo plazo para acabar falencias estructurales. Aunque desde la Carta del 91 la planificación debía imponerse como un sendero obligatorio para las administraciones de turno, no se puede negar que si bien cada una de ellas confeccionó e hizo aprobar en el Congreso el respectivo Plan Nacional de Desarrollo (PND) para su cuatrienio en el poder, esta norma marco muchas veces ha terminado siendo un referente apenas formal, excesivamente teórico y flexible, así como lejano del día a día gubernamental. Incluso en los anteriores dos mandatos presidenciales, que fueron reelectos, los planes reeditados de cada uno de ellos para su segunda etapa en la Casa de Nariño no marcaron una política de Estado a largo plazo, más aún por la profunda contradicción de énfasis y metas entre un mandatario y otro. A ello se suma que si bien en cada Plan del orden nacional se fijan unas políticas multidisciplinarias, el hecho de que los periodos del Presidente de la República no coincidan en el tiempo con los de gobernadores y alcaldes, lleva a que, en la práctica, la coordinación de objetivos en esos tres niveles de poder y decisión sea muy baja, lo que constituye un flanco muy débil dentro del propósito constitucional de la planificación en la administración pública.
El actual Gobierno se apresta a citar sesiones extraordinarias en el Congreso para que se debata y apruebe su Plan Nacional de Desarrollo, bautizado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Una estrategia que lleva varios meses en construcción, con múltiples foros regionales y locales, y que se ha planteado metas muy ambiciosas para el cuatrienio 2018-2022, que en realidad regirá entre junio de 2019 e igual mes de 2023. Reducir la pobreza monetaria a 21 por ciento, un PIB por encima del 4 por ciento, bajar la pobreza extrema a 4,4 por ciento y generar 1,6 millones de empleos adicionales, hacen parte de los objetivos principales.
Todo lo anterior partiendo de un diagnóstico bastante sombrío de la realidad colombiana hoy, según el cual hay un estancamiento de la productividad en la última década, las economías ilegales se están expandiendo por ausencia de Estado en muchas zonas del país, la corrupción está en auge, crece la desconfianza ciudadana en las instituciones, la inequidad socio-económica es muy alta en zonas rurales, el desempleo no baja sustancialmente, persisten las barreras tributarias y de competitividad que frenan el desarrollo empresarial, el efecto del cambio climático es cada día más alto, la transformación digital está a medio camino y la violencia se está reciclando con nuevos y viejos actores ilegales…
Para hacerle frente a esa gran cantidad de problemáticas el gobierno Duque plantea un Plan que reactive la productividad, impulse la revolución digital, apueste por la agroindustria, establezca una mejora regulatoria y tributaria que promueva el emprendimiento y la actividad empresarial, así como la eficiencia del gasto público. Todo ello a la par de una política social moderna centrada en la familia, que disminuya la brecha económica, potencialice desde lo territorial y permita la generación de oportunidades de progreso para el grueso de la población. Se parte de la base de que con la sumatoria de una estrategia sólida de legalidad, presencia estatal y aplicación de la autoridad en todo el país, con una política integral y transversal de emprendimiento económico en todos los campos, se podrá alcanzar la meta de equidad.
Todo ello, al menos en la formulación teórica, suena bien. Sin embargo, no basta con que el Congreso le dé vía libre. Es necesario que la opinión pública se empape de las bases y metas puntuales de ese nuevo Plan. Ello es clave para que la ciudadanía comprenda el modelo de gobierno de la actual administración y, sobre todo, cuál será el marco referencial de toda su gestión.
Como ya se dijo, se requiere que los colombianos se apropien del Plan de Desarrollo y lo asuman como el norte gubernativo. En la medida en que ello se logre, la población tendrá la certeza de cuál es la hoja de ruta del Ejecutivo, entenderá de forma más eficaz el sentido de las políticas públicas que lo implementan e incluso tendrá un herramienta normativa a la mano para contraponer a una medida que no se encuadre dentro de esos objetivos y propósitos generales del cuatrienio. No es un tema menor, más aún si se tiene en cuenta que el Plan Plurianual de Inversiones para ese lapso será de 1.100 billones de pesos.