* Se agrava crisis de violencia e inseguridad
* El Estado de derecho retrocede en regiones

La violencia continúa siendo un drama diario en muchas regiones del país. Aunque en los últimos meses la atención nacional por hechos de inseguridad y desorden público se ha concentrado en el suroccidente, debido a la escalada terrorista de una facción de las disidencias de las Farc, la situación en el nororiente es también crítica, sobre todo por las acciones violentas del Eln.

En este último caso, el departamento que más preocupa es Arauca, que ha sido escenario en los últimos meses de asesinatos de militares, hostigamientos a puestos de la Fuerza Pública, atentados terroristas a infraestructura petrolera, masacres, secuestros masivos, desplazamiento forzado de población, reclutamiento ilegal de menores y otros hechos delincuenciales.

La situación es tan complicada que la Defensoría del Pueblo, el pasado fin de semana, alertó sobre la constante vulneración de los derechos de las comunidades, el temor creciente en la población y el recrudecimiento del conflicto armado, razón por la cual urgió a toda la institucionalidad gubernamental hacer más presencia en ese territorio y activar medidas efectivas para la protección de los habitantes.

El panorama descrito por la entidad del Ministerio Público es alarmante: entre el jueves 22 y el martes 27 de agosto hubo ocho homicidios en Saravena, Fortul, Puerto Lleras, Arauquita, Puerto Rondón y Tame. Todos los asesinatos, en su mayoría de jóvenes, habrían sido perpetrados por integrantes de grupos armados ilegales.

Lo más grave es que no se trata de un pico violento aislado. Prueba de ello es que el total de homicidios en Arauca supera ya los 100 entre enero y agosto de este año. Entre las víctimas del lapso referido había dos líderes sociales, elevándose a trece el saldo fatal de estos voceros comunitarios y defensores de derechos humanos en lo corrido de 2024.

La Defensoría −que ha emitido varias alertas tempranas sobre la crisis en Arauca, muchas de ellas desatendidas por el Estado− también denunció que desde el 1 de enero a la fecha ya se contabilizan más de 110 denuncias de desapariciones forzadas, retenciones o secuestros.

Tanto la Gobernación como los alcaldes, congresistas y otros dirigentes políticos, económicos, sociales e institucionales locales han urgido del Ejecutivo nacional una intervención inmediata en la zona. Por un lado, se solicita el aumento del pie de Fuerza Militar y Policial tanto en los cascos urbanos como en los principales corredores viales y enclaves estratégicos territoriales. También se pide un refuerzo de la vigilancia en el área fronteriza, ya que tanto el Eln como las facciones de los grupos residuales de las Farc, incluso enfrentadas entre ellas, van y vienen de un país a otro como mecanismo para escapar de sus enemigos y de la persecución de las Fuerzas Militares de nuestra nación.

Otras voces están reclamando que la Casa de Nariño acelere las gestiones para descongelar el proceso de negociación con el Eln e incluso reanudar el cese el fuego. Esto bajo la tesis de que gran parte de la violencia de las últimas semanas no es más que un mecanismo de presión de la guerrilla al Gobierno para que ceda a sus estrambóticas exigencias en la suspendida mesa de diálogo. Paradójicamente, hay quienes en Arauca consideran que esto no es particularmente crucial, sobre todo porque esa facción subversiva no estaba cumpliendo a cabalidad la hoy inexistente tregua y mantenía una actividad delincuencial en todo ese departamento.

Visto todo lo anterior, se evidencia que Arauca es otra de las regiones en donde la primacía de Estado y la institucionalidad está perdiendo terreno a manos de los violentos, no solo por las innegables debilidades en la estrategia gubernamental de seguridad y orden público, sino por una política de “paz total” que no ha logrado disminuir la intensidad del conflicto de forma sustancial, pero sí permite que las facciones ilegales se continúen fortaleciendo y aumentando la victimización de la población civil.

Aunque la Gobernación realiza periódicamente consejos de seguridad con la cúpula militar y policial de su jurisdicción, es claro que el repunte de la violencia está sobrepasando el margen de acción y decisiones de esta instancia regional, por lo que se requiere el involucramiento más directo del Ejecutivo nacional y el Ministerio de Defensa para activar un plan de choque efectivo contra la criminalidad organizada y común.

No es la primera vez que en estas páginas advertimos que la Casa de Nariño no escucha a tiempo los reclamos regionales sobre la delicada situación de orden público y seguridad. Ojalá en esta ocasión el nuevo campanazo de la Defensoría, gobernación, alcaldes y distintas instancias vivas de Arauca tenga una respuesta eficaz y determinante. De lo contrario, la violencia y el terror seguirán siendo, lamentablemente, el pan de cada día en ese atribulado departamento, todo ello ante la pasmosa pasividad de la Administración Petro.