* Peligrosa politización de la justicia
* El caso de Cristina Fernández
Muy difíciles de entender para el ciudadano a pie los escándalos judiciales en Argentina. Es decir, los protagonizados por la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada esta semana a seis años de cárcel por corrupción. Pero también a los de los sindicalistas, los de gobiernos pasados, los de los contratistas de siempre y hasta el de los jueces que se reunieron en Lago Escondido, confabulados, al parecer en contra de la exmandataria… Se cree que algunos de los involucrados serán sentenciados pero podrían ser inocentes, en tanto que otros que aparecen como impolutos, en realidad pertenecerían a las mafias de cuello blanco más poderosas del país.
Los medios de comunicación, con pocas excepciones, suelen estar polarizados y presentan informaciones contrapuestas de los escándalos judiciales. Por ejemplo, se afirma que los jueces que han procedido contra Fernández tuvieron una clandestina reunión en Lago Escondido, a donde arribaron en aviones particulares de poderosos grupos económicos para decidir la siguiente jugada contra los justicialistas. Al conocerse esa reunión estalló un escándalo mayúsculo, al punto que el actual presidente Alberto Fernández interpuso denuncia penal contra los conjurados.
Esa supuesta conjura tenía que ver con la decisión de acabar la carrera política de la expresidenta, así como para debilitar al justicialismo de barriada. La filtración dejó conocer que en Lago Escondido habrían estado “respetables” jueces. Lo que es más sorprendente, algunos nombrados por el Senado presidido por la hoy senadora y vicepresidenta.
La explicación de toda esta confusa situación es muy compleja. En realidad, el fenómeno obedece a la profunda grieta que agita a esa nación en la lucha por el poder. Una lucha que se ha judicializado. A la inversa, si un hombre del expresidente Mauricio Macri, jefe indiscutible de la oposición, termina procesado por un juez proclive al peronismo, se dice que ya se ganó un ‘pasaporte’ a la prisión.
Argentina no es el único país de nuestra región que sufre los escándalos de la politización de la justicia. Ese mal se extiende por varias naciones y contribuye cada vez más al declive la política. Por el contrario, en países donde se conserva la respetabilidad e imparcialidad de los jueces, como en Uruguay o en Chile, incluso en el Perú, los anticuerpos del sistema democrático operan mejor.
Es por eso que la opinión pública argentina y la comunidad internacional se preguntan cuándo pagará su condena Fernández. Resulta que existen toda suerte de recursos, fueros, inmunidades judiciales, así como de contradenuncias, recursos todos que pueden alterar el curso de este caso. Un jurista argentino de fama internacional confiaba a personas cercanas cercanos que, en su país, con los mismos códigos y doctrina, se puede salvar a un condenado como hundir a un inocente.
El escándalo por la reunión de los jueces en Lago Escondido llega a tal extremo que uno de los juristas señalados denunció en tribunales al comodoro que, supuestamente, filtró la noticia del polémico cónclave. Lo señala de espionaje, causa que, de darse, no permitiría que prosperaran las otras investigaciones más sonadas. Lo más insólito es que denuncia fue aceptada y le cayó en suerte a otro juez que estuvo en la clandestina reunión. Este la desechó y pidió que se mandara a sorteo. Tollo ello mientras una senadora independiente le pidió la renuncia al ministro de Justicia de Buenos Aires, que también estuvo en el controvertido cónclave.
En fin, todo indica que pasará un buen tiempo para que la poderosa exmandataria y jefa del justicialismo responda por los señalamientos de conflictos de intereses y escándalos contractuales que favorecen a sus amigos. Más allá de eso hay millones y millones que se mueven clandestinamente en el país sin importar cuál partido tenga el poder. La experiencia del expresidente y hoy mandatario electo brasileño Inácio Lula Da Silva en Brasil, condenado por la justicia a 12 años de prisión, pero liberado por cuenta de un error técnico de procedimiento judicial, anima al justicialismo argentino. Por lo que podría venir ahora una lucha aún más radical entre los sectores de la justicia de cada bando por aniquilar o, por lo menos, inhabilitar, al contrario.
Es preocupante condenar la judicialización de la política en Argentina, sin importar a qué bando pertenecen los jueces. La lucha por la democracia y por el triunfo del derecho pasa por tener jueces insobornables al servicio de la Nación, asunto decisivo para recuperar la plenitud del sistema democrático.