Armas químicas’ criollas | El Nuevo Siglo
Viernes, 25 de Mayo de 2012

* Aumentan casos de ataques con ácidos

** Urge un plan de choque más eficaz

 

Los ataques con sustancias químicas que causan graves quemaduras y deformaciones a las víctimas se están convirtiendo en un problema de marca mayor en Colombia. En los últimos meses se han registrado más de treinta de este tipo de agresiones, en donde la mayoría de las víctimas son mujeres, aunque en días pasados en la capital del país se presentó un caso aún más aberrante, puesto que fue atacado un niño de escasos 13 años.

Si bien es cierto que desde el año pasado las autoridades han implementando distintas acciones para enfrentar este flagelo, hasta el momento es poco lo que se ha podido avanzar. En algunos casos se ha podido comprobar que el móvil de los ataques con ácido está preferencialmente relacionado con asuntos pasionales o venganzas, pero también empiezan a crecer los casos en donde estas atroces agresiones están motivadas por causas que van desde la negativa a dar una limosna en la calle, resistirse a un atraco o incluso situaciones derivadas de pleitos callejeros, domésticos o entre vecinos.

El drama ha tomado mayor relevancia en los últimos meses no sólo por el aumento de casos sino porque las víctimas se están visibilizando más, causando una estupefacción muy alta entre la ciudadanía al conocer el grado de desfiguración que estas agresiones pueden producir y cómo se derrumba la vida de las víctimas y sus allegados por esa situación.

Para hacerle frente a este drama ahora se apuesta a nuevos frentes. En el Congreso, por ejemplo, está en curso un proyecto de ley -aprobado ya en Cámara y pendiente en Senado- que plantea elevar las penas a los responsables materiales e intelectuales de este tipo de ataques, señalando una mínima de 10 años y una máxima de 20. La tesis de sus impulsores es clara: a la luz de la actual normatividad penal la mayoría de estos casos son tipificados como una lesión personal que, pese a ser agravada, al final termina en una condena promedio de seis a siete años de prisión. Si el sindicado acepta los cargos imputados, obtiene una rebaja de la mitad de la condena, quedando ésta por debajo de los cuatro años y, por lo tanto, al borde de la excarcelación automática o muy cerca de ella tras un tiempo muy corto preso. En otras palabras, una conducta delictiva que raya, por extensión, casi en la tentativa de homicidio termina en un castigo leve. Así las cosas, al aumentar la pena la posibilidad de pronta excarcelación desaparece.

De otro lado, se sabe que el Gobierno y la Fiscalía estudian medidas para crear unidades especializadas en el ente acusador en la investigación de este tipo de casos, con el fin de facilitar la judicialización de los responsables. Al mismo tiempo se analizan otras medidas de apoyo para la recuperación física, sicológica, económica y social de las víctimas.

Sin embargo, hay quienes sostienen que la solución no está en aumentar los castigos, no sólo porque por esa vía se trastoca aún más el principio de proporcionalidad entre delitos y sus penas, sino porque, en el fondo, el problema no radica en que las actuales condenas sean flexibles, sino en que el sistema de acumulación de rebajas de penas por allanamiento de cargos, buena conducta, estudio o trabajo permite al infractor recuperar rápidamente la libertad pese a la gravedad del daño producido con su aleve acción criminal.

Y, como si fuera poco, tampoco faltan los diagnósticos en torno de que la raíz de todo este drama es el alto grado de descomposición social e intolerancia que se está tomando a la sociedad colombiana, y, desde ese punto de vista, lo urgente sería trabajar en el aspecto de respeto a la vida y convivencia.

Más allá de esas distintas posturas, lo cierto es que las autoridades tienen que moverse con mayor eficacia para enfrentar el aumento de los ataques con ácidos. Si la solución más inmediata es aumentar los castigos a los agresores, que se proceda en esa dirección. Se trata de una medida insuficiente, pero es urgente tomar cartas en el asunto y evitar que este drama se convierta, por vía de impunidad o castigo leve, en tragedia diaria.