Bandazos en fuero militar | El Nuevo Siglo
Lunes, 20 de Febrero de 2012

 

* Tardía decisión sobre reforma independiente

* Abandonar posturas extremas y macartistas

 

 

La decisión del Gobierno en torno de pedir al Congreso que retire del proyecto de reforma a la justicia el artículo que establece un ajuste el sistema de investigación y juzgamiento a los integrantes de la Fuerza Pública genera tres reacciones. De un lado, que se trata de una medida tardía puesto que la idea de presentar  un proyecto independiente sobre la reforma al fuero militar fue planteada por el mismo Ejecutivo en el segundo semestre del año pasado al constatar la polémica que había causado la intempestiva introducción de un artículo en este sentido, a iniciativa del Ministerio de Defensa, en el ya para entonces muy controversial proyecto de acto legislativo que busca una reingeniería a la Rama Judicial. Sin embargo, varias voces en el Congreso se opusieron a la sugerencia de retirar lo relativo al fuero castrense y policial, y por ello el tema logró llegar a la aprobación en cuarto debate en diciembre pasado. Si Casa de Nariño y Parlamento se hubieran puesto de acuerdo meses atrás sobre la conveniencia de una reforma independiente e integral al mecanismo de procesamiento penal para efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, es posible que esa reforma ya estuviera siendo estudiada por el Senado y la Cámara y no se habría perdido el tiempo para avanzar en una legislación que es a todas luces urgente.

En segundo lugar, desde estas páginas siempre hemos defendido que al ser Colombia un país que atraviesa un conflicto armado, lo cual incluso ya es reconocido legalmente, se requiere de un aparato judicial especializado en el juzgamiento de los posibles delitos cometidos por los uniformados en servicio o con ocasión del mismo. En no pocas ocasiones advertimos que la justicia ordinaria no tiene el nivel de conocimiento y experticia suficiente sobre las particulares circunstancias a que se enfrentan a diario las tropas en las áreas de combate y ello obviamente afecta la capacidad para emitir fallos condenatorios u absolutorios sobre el accionar de quienes portan las armas de la Patria. No existe nación que viviendo un estado de confrontación bélica interna no cuente con un sistema de Justicia Penal Militar que, respetando las garantías del debido proceso para sindicados y víctimas, garantice un juzgamiento especializado de los integrantes de su Fuerza Pública. Si bien nunca hemos creído en las versiones sobre unas Fuerzas Militares y de Policía desmoralizadas o temerosas de actuar por miedo a ser ‘empapeladas’ judicialmente, y prueba de ello son los contundentes golpes dados a la delincuencia común y organizada semana tras semana, sí creemos que la eficiencia castrense y policial sería aún mayor si cuentan con reglas claras sobre el marco judicial al que están sujetos.

Y en tercer lugar, es claro que Colombia está en mora de un debate abierto, realista y desapasionado sobre el fuero militar y policial. Tan perjudiciales son aquellas posturas macartistas de sectores de izquierda y de ONG nacionales e internacionales que ven en cualquier anuncio de reforma un camino a la impunidad y el encubrimiento de los crímenes cometidos por los uniformados, como excesivas las tesis de quienes consideran que todos los delitos en que incurren elementos aislados de la Fuerza Pública deben ser conocidos exclusivamente por la Justicia Penal Militar pese a ser evidente que algunas de las conductas acusadas no tienen relación alguna con la función castrense ni policial y por tratarse, entonces, de delitos comunes o graves violaciones a los derechos humanos, deben ser conocidos directa y preferentemente por la jurisdicción ordinaria. Ambas posiciones, tan extremas como irreconciliables, son las que impiden una discusión profunda y objetiva sobre el sistema de investigación y juzgamiento a los uniformados. Es hora, pues, de poner las cartas sobre la mesa, desideologizar el debate, analizar experiencias de otros países, ahondar en los límites que imponen los tratados internacionales ratificados por Colombia y, sobre todo, aterrizar a incisos y parágrafos puntuales las propuestas de reforma al fuero. Ojalá la iniciativa llegue pronto al Congreso y al final del año no estemos hablando, otra vez, de lo que no se hizo en un tema tan urgente.