La sevicia parece no tener límite cuando se habla del accionar de la guerrilla de las Farc. Una cruenta prueba de ello, de las miles que han dado en las últimas décadas y que tanta muerte y dolor han causado a los colombianos, fue la manera miserable y cobarde como acabaron esta semana con la vida de dos integrantes de la Policía Nacional.
Los informes forenses sobre la causa de la muerte del mayor Germán Méndez Pabón y el patrullero Edilmer Muñoz Ortiz concluyen que ambos uniformados fueron torturados de la forma más brutal posible y, al parecer, por largas horas, según se desprende de las múltiples lesiones detectadas. Al final, se acudió al degollamiento y un golpe contundente en la cabeza para terminar con las vidas de los dos policiales.
Extraña y sorprende que todavía la organizaciones defensoras de derechos humanos no hayan salido a condenar semejante acto de barbarie y sevicia, que no sólo tipifica un claro delito de lesa humanidad, sino que debería llevar a que desde instancias nacionales e internacionales se conminara a las Farc a poner la cara y explicarle al mundo cómo es posible que sus combatientes incurran en tales inhumanidades.
Extraña y sorprende que las mismas ONG que reaccionan inmediatamente cuando un integrante de la Fuerza Pública viola la ley, exigiendo la más drásticos castigos al uniformado, no se hayan pronunciado con igual celeridad para denunciar esta barbarie subversiva, cometida, un agravante más, contra dos uniformados que fueron secuestrados cuando se dirigían a una apartada zona rural de Tumaco a cumplir una misión típicamente social y humanitaria. Es más, las dos víctimas no vestían sus uniformes como tampoco estaban armadas, por lo que, al tenor del Derecho Internacional Humanitario, debieron ser neutralizados sin excesos en el uso de la fuerza y luego liberados de forma unilateral o incluso entregados a una organización humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia o la misma Defensoría del Pueblo.
Ha dicho el Presidente de la República que este crimen no quedará impune. A su turno, la Policía y las Fuerzas Militares desplegaron varios contingentes en la zona en donde opera el frente 29 de las Farc en Nariño, que se presume fue el autor del doble homicidio. Esas operaciones deben mantenerse hasta tanto no se logre la captura y judicialización de los asesinos. Literalmente debe rastrillarse toda la zona selvática y de alta montaña hasta llegar a las propias madrigueras de los guerrilleros que cometieron la barbarie. Igual las comunidades de ese departamento deberían lanzarse a las calles, obviamente de manera pacífica, para manifestar su repudio al accionar subversivo y demostrarles a q0u0ienes insisten en la vía de la muerte y el dolor, que no queda el mínimo ápice de tolerancia a sus actos y que tarde o temprano terminarán rindiendo cuentas ante la justicia.
De otro lado, se espera que los voceros guerrilleros en la mesa de negociación de La Habana o la misma cúpula de esa facción en Colombia, se pronuncien sobre lo que pasó en Nariño. Si bien es cierto que se pactó adelantar el proceso de paz en medio del conflicto, el asesinato de los dos uniformados viola de manera flagrante todas las normativas que rigen el comportamiento de los combatientes en un conflicto armado interno o externo. No hay explicación posible ni válida para lo que ocurrió y las Farc deberán responder.
Paz en la tumba de estos dos héroes de la Patria. Sus nombres y trayectorias deben ser puestos como ejemplo de la labor que a diario cumplen los miles de hombres y mujeres que componen nuestra Fuerza Pública y que lo arriesgan todo por proteger las vidas y bienes de todos sus compatriotas.