- Informe de Transparencia Internacional
- Entre percepción y resultados objetivos
¿Hay más o menos corrupción en Colombia? Esa es la pregunta que se pone sobre la mesa cada vez que se revelan estudios, ranking así como casos grandes o pequeños de trampas o actividades delictivas en el sector público o privado. Para algunos analistas parecería evidente que la multiplicación de las investigaciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas sobre las actuaciones anómalas de los funcionarios oficiales y los particulares confirma que la corrupción viene in crescendo y mueve los $50 billones al año de que hablara un excontralor general de la República, aunque dicho cálculo siempre ha generado polémica al no estar claro el origen de esa impactante cuantificación.
Para otros expertos, lo que está ocurriendo es todo lo contrario, bajo el entendido de que la mayor exposición pública de los corruptos se debe en gran parte a que el Estado en su conjunto es hoy más eficaz en la detección, judicialización y castigo a quienes incurren en este flagelo y ello debería producir, de forma paralela, un efecto de disuasión sobre los que quisieran seguir por el mismo camino ilegal. Es más, quienes son partidarios de esta tesis afirman que combatir la corrupción es como destapar un recipiente pútrido que, al comienzo, inunda cada rincón con su olor fétido y da la sensación de que todo está echado a perder, pero poco a poco, a medida que se depura ese foco ilícito, se va limpiando el escenario y quedando atrás la percepción de que la trampa es generalizada y transversal a toda actividad nacional. Es algo parecido a lo que ocurre cuando la ciudadanía constata que las autoridades empiezan a perseguir de forma más eficaz determinado delito de alto impacto. Lo primero que se registra en estos casos es un aumento de las denuncias, ya que las víctimas, en lugar de seguir resignándose silenciosamente a la impunidad, ven ahora sí la posibilidad de castigo real a los agresores.
Plantear ese análisis es necesario frente a los resultados del recién publicado Índice de Percepción de Corrupción 2018, proyectado por Transparencia Internacional (TI). A Colombia no le va muy bien este año puesto que en una escala que va de 0 a 100, siendo el primero “muy corrupto” y el segundo “muy limpio”, el país cae de 37 a 36 puntos. Es decir que retrocedió en materia de limpieza en lo público y lo privado. De igual manera, descendió del puesto 96 al 99, entre 180 países evaluados. Según TI los esfuerzos no han sido suficientes y la corrupción tiene al Estado colombiano contra la pared, por lo que es necesario que el gobierno Duque realice cambios estructurales y los incluya integralmente en el Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de recuperar la legitimidad en el sistema judicial y ejercer un control más estricto a los casos de conflictos de interés, puertas giratorias y la responsabilidad penal del sector privado.
Sin entrar a discutir las conclusiones del informe, es necesario precisar que, como su mismo nombre lo indica, lo que mide es la “percepción” de analistas, académicos e inversionistas extranjeros que son consultados en torno a qué tanto afecta la corrupción al sector público en el país, haciendo énfasis en la gestión de recursos oficiales, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial. Pero frente a esa “percepción”, sin que ello implique desconocer que la corrupción sí es muy grave en Colombia, es necesario contraponer el conjunto de acciones objetivas y tangibles que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, las altas cortes judiciales, los tribunales y jueces de primera instancia, las superintendencias y demás entidades de control y vigilancia han realizado en el último año en pos de castigar a quienes esquilman el presupuesto oficial o hacen trampa en los negocios privados. Es indudable que la lucha anticorrupción en nuestro país es hoy más eficaz y demuestra más resultados que años atrás. Hay más sentencias condenatorias, más procesos de extinción de dominio a bienes ilícitos, más sanciones administrativas a exfuncionarios, particulares y empresas. Incluso la labor de las veedurías ciudadanas y las denuncias anónimas sobre sobornos, trampas, prevaricatos, peculados, conflictos de interés, colusión, contratación ilícita y otros delitos ahora son mayores.
Como se dijo, no se trata de decir que vivimos en el país de las maravillas. Todo lo contrario, lamentablemente la corrupción es alta y rampante. Pero por más que la “percepción” indique lo contrario, la lucha contra este flagelo, con todas sus falencias estructurales, sí está avanzando y dando resultados lentos pero sostenidos. Eso es indudable. Se están destapando muchas ‘ollas podridas’ y el olor fétido se expande por todo el escenario nacional, pero la depuración está en marcha y ya hay algunos sectores en donde el aire comienza a ser más limpio. Una guerra con muchas batallas a cada segundo.