* Se requieren ajustes de fondo a la estrategia
* El problema de los migrantes delincuentes
El asesinato la semana pasada de un pasajero en el sistema Transmilenio por parte de un grupo de ladrones que le hurtó el celular así como la polémica surgida por las denuncias de la prensa internacional en torno al dramático aumento del robo de bicicletas en la ciudad, abrieron un intenso debate sobre qué es lo que está pasando con la seguridad ciudadana en Bogotá.
Como siempre ocurre, hay una diferencia sustancial entre la percepción de los bogotanos sobre el accionar delincuencial y lo que señalan las frías estadísticas de las autoridades. En cuanto a lo primero, no solo las encuestas sobre nivel de victimización sino lo que a diario se escucha de los capitalinos en cualquier escenario público o privado lleva a pensar que la inseguridad se está disparando en los últimos meses, tras un primer semestre más tranquilo, circunstancia que incluso muchos atribuyen, no tanto a la eficiencia de la estrategia de seguridad ciudadana, sino al hecho de que por cuenta de las cuarentenas y demás restricciones a la movilidad para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19, había menos población circulando y expuesta a los facinerosos.
En la otra orilla está el panorama optimista de las autoridades distritales, según el cual hay una reducción objetiva de los delitos de alto impacto en la ciudad. El último parte al respecto, dado a comienzos de octubre, reveló que el hurto a personas presentó una importante disminución del 37 % entre enero y septiembre de este año, comparado con el mismo periodo de 2019. Se pasó así de 93.068 casos el año pasado a 58.811 en el presente. Específicamente en el robo de celulares se reportó una reducción del 24 %, ya que se pasó de 44.708 casos en 2019 a 33.805 en 2020. Las estadísticas de las autoridades también resaltaron menor incidencia de otras acciones criminales como el hurto a comercio (-43%), hurto a residencias (-23%), violencia intrafamiliar (-2%), agresiones sexuales (-35%), lesiones personales (-35%), robo de automotores (-15%) y hurto a motocicletas (-24%). Los aumentos del accionar delincuencial se dieron en homicidios (1%) y hurto de bicicletas (35%), principalmente.
Otra de las percepciones ciudadanas más marcadas es la relacionada a que detrás del ‘pico’ en algunos delitos de alto impacto están bandas de crimen común (robos principalmente) e incluso organizado compuestas por venezolanos. De hecho, algunas investigaciones recientes de las autoridades han dado cuenta de la llegada a la ciudad de redes criminales del vecino país, sobre todo en el renglón del narcotráfico. Es más, la propia Alcaldesa Mayor se refirió a esta circunstancia la semana pasada, tras toda la controversia que hubo sobre el caso del ciudadano asesinado en Transmilenio y la polémica sobre la noticia de un diario extranjero en torno a los robos y graves agresiones a los ciclistas. Tras recalcar que no quería “estigmatizar a los venezolanos”, la mandataria distrital recalcó que Bogotá sigue abierta a ayudar a los migrantes que vengan a la ciudad a buscar un futuro mejor pero aquellos que incursionen en la criminalidad deberían ser deportados “sin contemplación”.
Más allá de la discusión que se ha generado respecto a cómo frenar la participación de venezolanos en la delincuencia, lo cierto es que, en el fondo, el problema no es la nacionalidad del delincuente, sino la urgencia de seguir fortaleciendo las capacidades operativas, equipamiento, velocidad de reacción e inteligencia, no solo de la Policía Metropolitana sino de otros organismos de seguridad en la ciudad. Es evidente que hay algunos crímenes que hoy tienen una incidencia mayor y se requiere de un plan de acción más eficaz de las autoridades para combatirlos. La deportación de migrantes delincuentes es una opción, pero no es la panacea ni un procedimiento automático o tan discrecional como algunos creen.
La prioridad es clara: la estrategia de seguridad tiene que ajustarse y ser más integral. De hecho ya se está aplicando una reforma al sistema de cuadrantes policiales en esa dirección, dadas las nuevas realidades de las organizaciones ilegales. También se reforzó la vigilancia en Transmilenio y demás medios de transporte público masivo e individual. Por igual se requiere un mejor trabajo de las autoridades, Fiscalía y los jueces para evitar el alto grado de reincidencia delincuencial, sobre todo en los rubros de hurto y microtráfico. No menos importante es aumentar el pie de fuerza policial, que continúa siendo muy bajo en Bogotá respecto a los estándares de número uniformados por cada 100 mil habitantes. La aprobación la semana pasada del cupo de endeudamiento por $10,7 billones de pesos es una señal de esperanza al respecto, ya que hay partidas allí para reforzar la seguridad urbana.
Lo importante, en todo caso, es acelerar dichas inversiones y conseguir una mayor eficiencia de las autoridades en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Cuestión de prioridades.