Esta semana se concreta el relevo en la jefatura de la Procuraduría General de la Nación. Margarita Cabello termina un periodo cuatrienal que estuvo marcado por un alto dinamismo de la entidad que encabeza el Ministerio Público en una de las épocas más complicadas para el país, no solo porque cuando se posesionó estaba en auge la crisis pandémica, sino porque, además, le correspondió ejercer la vigilancia disciplinaria a buena parte de la gestión del primer gobierno de izquierda en Colombia.
A lo largo del mandato de Cabello hubo una serie de hitos a destacar. El primero de ellos, sin duda alguna, la defensa férrea de la institucionalidad y autonomía de la Procuraduría ante los lesivos intentos de injerencia y bloqueo a la labor de control sobre la cosa pública y sus servidores. En un país en donde últimamente se ha buscado debilitar el sistema de separación de poderes, así como el de pesos y contrapesos, la entidad disciplinaria ha contribuido de manera seria y objetiva a salvaguardar una de las columnas vertebrales del Estado Social de Derecho.
Por otra parte, tras un largo tiempo de debate y pleitos jurídicos en torno a la facultad de la Procuraduría para sancionar con destitución y otras medidas de separación del cargo a los funcionarios de elección popular, la última reforma al Código Disciplinario, impulsada por la saliente administración, permitió encontrar un punto de equilibrio jurídico al respecto. La entidad conservó la facultad de vigilar la actuación de congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles e incluso imponerles la máxima sanción por faltas gravísimas, pero la jurisdicción contencioso administrativa debe confirmar los fallos que impliquen suspensión o destitución. Esta fórmula procesal, avalada en una reciente sentencia de unificación jurisprudencial, valida el sistema disciplinario nacional y soberano, al tiempo que encaja dentro de los lineamientos del tratado de derechos humanos interamericano.
A decir de no pocos juristas y expertos, otro de los avances sustanciales en el mandato de la procuradora saliente tiene que ver con un uso más frecuente y ponderado de la advertencia preventiva por parte del Ministerio Público a las entidades del orden nacional, regional y local. No en pocas ocasiones, tanto Cabello como los procuradores delegados dieron sendos campanazos sobre problemáticas que implicaban una alta afectación de los derechos de la ciudadanía y el deber estatal de protegerlos, tal y como en torno al riesgo que determinadas actuaciones o políticas oficiales podrían implicar para el erario y el funcionamiento institucional. Obviamente, esta labor siempre genera ruido y algunos cortocircuitos, pero es propia de la funcionalidad de una entidad que mediante estas alertas evitó o mermó no pocos descaches oficiales y vulneración de garantías fundamentales, forzando, incluso, a tomar las medidas y correctivos del caso.
Un elemento más a ponderar en las ejecutorias de la saliente jefatura del Ministerio Público se relaciona con una Procuraduría más activa en los territorios, con mayor conocimiento real de los flagelos que afectan las regiones, las fallas de las instancias públicas en esas zonas y, sobre todo, una acción más dinámica para denunciar y llevar a las autoridades a reaccionar para frenar los niveles de afectación o victimización ciudadanas. Especial énfasis hay que hacer en los ejes operativos contra los feminicidios, daños a menores de edad, adultos mayores y personas en alto estado de vulnerabilidad. Hubo también una mayor visibilización de las realidades de las minorías y de los flagelos de violencia, criminalidad, inequidad de género, exclusión socioeconómica y patrones sociales recurrentes que impactan el ejercicio activo de los derechos humanos o evidencian un Estado ausente o ineficiente.
El flanco ambiental fue, sin duda, uno de los más movidos en este último cuatrienio en la Procuraduría. No fueron pocos ni de baja complejidad las posturas y fallos emitidos en torno a la forma de buscar puntos de equilibrio entre la explotación de recursos y el desarrollo sostenible.
Tampoco puede desconocerse que en los conceptos rendidos ante las Altas Cortes se notó profundidad jurídica, lo que no solo contribuyó a la hermenéutica jurisprudencial, sino que revalidó la fortaleza del conjunto constitucional y legal colombiano.
Obviamente, quedaron tareas y procesos a medio camino, algunos de ellos relacionados con varios de los más sonados escándalos de corrupción y desgreño administrativo. Tampoco faltaron los debates alrededor del clima de polarización política imperante. Frente a algunas problemáticas y crisis cíclicas se pudo haber actuado con más decisión. Y resulta innegable que hubo cortocircuitos con el Ejecutivo y el Legislativo.
Sin embargo, en términos generales, la gestión de la Procuraduría bajo el mandato de Margarita Cabello, la primera mujer en ocupar el cargo, le deja al país un saldo positivo en muchos flancos. Un acumulado jurisdiccional, administrativo y normativo que le permitirá a su sucesor, Gregorio Eljach, seguir aumentando la eficiencia del Ministerio Público, sobre todo ante los múltiples retos que se ha impuesto en un país tan complejo como Colombia.