La   entrada en vigencia esta semana de la Ley que agrava las penas contra quienes incurran en delitos sexuales enfrenta tres grandes retos.

En primer lugar, que la norma no se quede en el papel, pues en las últimas dos décadas prácticamente no hay gobierno que no haya anunciado un aumento en la drasticidad de castigos contra los agresores sexuales, ya fuera desde el punto de vista de lo penal o de la restricción para que accedan a beneficios penitenciarios, pero aún así el índice de esta clase de delitos continúa siendo alarmante en Colombia.

Es claro que la ley es cada día más dura contra los violadores y acosadores sexuales, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad, pero también lo es que muchas veces las víctimas de estos delitos ven pasar los meses y años sin que sus agresores reciban alta y merecida condena. Es más, en no pocas ocasiones se presenta una doble victimización de los afectados por parte de los abogados defensores de los acusados e incluso de los propios operadores judiciales.

Un segundo reto de la nueva ley contra delitos sexuales está en lo que tiene que ver con las agresiones que se cometen en el marco del conflicto armado. La norma sancionada esta semana por el Presidente de la República establece que los actos de violencia sexual, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, deberán ser declarados por las autoridades judiciales crímenes de lesa humanidad.  Es decir, que no prescribirá la acción penal y la posibilidad de que la justicia persiga, judicialice y condene a los culpables se mantendrá en todo tiempo.

Este es uno de los aspectos más importantes, pues tras varias décadas de conflicto armado en nuestro país  miles de casos de agresiones sexuales por parte de integrantes de grupos armados ilegales a mujeres, niños y hombres continúan en la impunidad.

De acuerdo con las estadísticas reveladas durante la sanción de la respectiva ley esta semana, a la fecha, en el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas, aparecen 4.672 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, de las cuales ya se ha reparado económicamente a 2.095 por un monto de 37.600 millones de pesos. La meta gubernamental es que al cierre de este año sean indemnizadas todas las víctimas. Sin embargo, aquí es claro que existe un alto subregistro pues en medio de la violencia guerrillera y paramilitar muchas mujeres, hombres y menores de edad fueron agredidos pero no denunciaron por temor a ser asesinados. Los procesos en busca de verdad, justicia y reparación, como el de Justicia y Paz en relación con las autodefensas desmovilizadas, o los mecanismos que para cumplir con estos tres preceptos se apliquen en los procesos de paz con las Farc y el Eln, tienen que ahondar en que salgan a flote los miles de casos que continúan en la oscuridad y con sus víctimas calladas.

Para lograr esto es clave que los operadores judiciales digieran y apliquen con prontitud esas nuevas tipificaciones que incluyó esta ley como el embarazo forzado, la esterilización y la desnudez forzadas.

Y el tercer reto es el relativo al mandato legal específico para que el Estado haga operativa y real la protección a las víctimas, incluso si estas no han presentado denuncia. Ello sólo será posible en la medida en que se garantice efectivamente la atención en salud y psicológica prioritaria y gratuita para los adultos y menores agredidos.

Por ahora lo importante es que rápidamente se pase del dicho al hecho y que esta norma, como ha ocurrido con tantas otras, no quede en mera letra muerta.