*Fortalecer la Relatoría de la Libertad de Expresión
**Salvaguardar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Colombia viene proponiendo activamente, a través de su Canciller, la reforma y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus organismos respectivos. No se sabe aún cuáles son las cláusulas puntuales, pero evidentemente ha hecho defensa de esa institucionalidad, creada hace varias décadas con el fin de salvaguardar la democracia, la justicia, el sistema político y la libertad de prensa. Para seguir en ello, la canciller María Ángela Holguín ha dicho que se busca en ese proceso de reforma un Sistema con aplicación universal, imparcial, objetivo, igual para todos, con transparencia y claridad en los procedimientos.
Todo ello, ciertamente, busca generar una mayor cantidad de confianza en el Sistema, de alguna manera resquebrajado por circunstancias intempestivas, y en otras ocasiones, como sucedió recientemente en un caso colombiano, con reconocimientos multimillonarios a víctimas inexistentes. La recuperación de la confianza es, pues, central a la reforma que ha sido propuesta, desde hace un año, por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Documento, a su vez que, como dice la Cancillería, debe ser tomado como punto de partida y que permita adelantar un diálogo constructivo, sereno y equilibrado, frente al filibusterismo que, como es sabido, vienen adelantando el grupo de la ALBA y algunos de Unasur, con el propósito de minar a la OEA.
En cuanto a la reforma en sí misma, Colombia, dentro de ese consenso que se busca, deberá poner puntos muy claros. Uno de ellos, justamente, el hecho de que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión correspondiente, deben retornar a los aspectos originales consagrados en 1959 y en particular los referidos a la Convención de San José, en la década de los 60.
A partir de entonces, hasta hoy, estas instituciones han desdibujado su propósito inicial a través de reglamentaciones internas, que han derivado en elementos constituyentes, sin las consultas necesarias a todos los países. De alguna manera, de este modo, han hecho de estos organismos entidades con funciones excesivas, desbordando incluso el derecho interno de las naciones asociadas. No fue ello, en forma alguna, la pretensión inicial, aunque desde luego lo que importa sobremanera es la aplicación y funcionalidad de la Carta Democrática de la OEA.
Durante el transcurso, sin embargo, la Corte y la Comisión han perdido sus características de entidades supletorias o excedentes, en el sentido de que sólo pueden activarse en caso de que no se haya agotado la jurisdicción interna. En múltiples ocasiones, no obstante, se ha hecho lo contrario, es decir, que Corte y Comisión han actuado bajo sus propios criterios, sobrepasando el ámbito de la soberanía de cada país integrante de la OEA.
Con este fin, inclusive, las cláusulas restrictivas, que impedían que ello ocurriera, han sido paulatinamente recortadas, hasta el punto, como se dijo, de que en la mayoría de países del área existe una plétora de abogados que han hecho de las impugnaciones una actividad permanente y rentable. No se trata, desde luego, de que no se mantenga el Sistema Interamericano como garantía sustancial de los derechos fundamentales en el continente. Pero tampoco son dables circunstancias, como las ya citadas, donde no sólo se descubre una ignorancia supina sobre lo que acontece en los países, sino donde igualmente se pretende cosa juzgada de hechos que nunca sucedieron y donde se protegen supuestos derechos vulnerados de personas inexistentes. Es necesario, indudablemente, poner filtros para que la Corte y la Comisión no vuelvan a ser embaucadas en su buena fe.
De otra parte, la libertad de prensa y expresión es uno de los derechos humanos más protegidos en las Convenciones de la OEA. Fortalecer, antes que disminuir, la Relatoría respectiva debe ser propuesta enfática de Colombia. Merecería ello, incluso, posición del mismo presidente Juan Manuel Santos, quien, como es sabido y reconocido, sigue siendo, a más de Primer Mandatario, un periodista.
Las pretensiones de algunos países continentales por derribar la libertad de prensa y expresión no son tolerables, ni siquiera en el ambiente mullido de la diplomacia. Por el contrario, Colombia debería fijar el presupuesto correspondiente, con destinación específica, para el fortalecimiento de la Relatoría de la Libertad de Expresión.