* Debate penal cada vez más intenso
* Revisar Ley de Seguridad Ciudadana
La inseguridad urbana y rural no se detiene. Aunque el Ministerio de Defensa señala que entre enero y noviembre se registraron en Colombia un total de 12.634 homicidios, es decir 316 menos que en igual periodo del año pasado, es claro que en la mayoría de las ciudades y municipios hay una creciente alarma por el aumento de casos de sicariato y atracos violentos que conllevan a la muerte de las víctimas.
Sin entrar en el ya de por sí desgastante debate entre el incremento de la percepción ciudadana sobre el deterioro de la seguridad urbana y lo que dicen las frías estadísticas de las autoridades, que señalan una disminución de la mayoría de los delitos de alto impacto, es claro que no hay día en que no se reporten asesinatos ‘por encargo’, ajustes de cuentas entre criminales, así como personas que pierden la vida por fleteos, otras modalidades de atraco e incluso por actos de intolerancia.
De acuerdo con el reporte periódico de la misma cartera, en esos once meses también crecieron el secuestro, hurto de vehículos, robo común, atracos, extorsión, violencia intrafamiliar e incluso los actos de terrorismo.
¿Qué hacer frente a esta grave situación? Esta es una discusión de vieja data en Colombia que ahora tiene distintos flancos. De un lado, el actual gobierno ha indicado que la respuesta al delito no debe ser única y exclusivamente la cárcel, más aún siendo evidente que la función resocializadora de las penas no se está concretando. Por el contrario, los delincuentes no solo se tornan en alguna proporción como reincidentes, sino que las prisiones albergan organizaciones criminales cada vez más peligrosas. A ello se debe sumar que el hacinamiento en los centros de reclusión está en 21,5%, ya que aunque las cárceles tienen capacidad para albergar 81.175 internos, el último reporte del Inpec da cuenta de 98.640 personas tras las rejas.
En la otra orilla se ubican los sectores que consideran que, por el contrario, esa flexibilidad penal y penitenciaria es la que ha llevado a que se incremente el porcentaje de delincuentes reincidentes (que se ubicaba en un poco más del 20% a diciembre de 2021, con base en el universo de población carcelaria), especialmente en lo relativo a procesados por hurto, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, homicidio y concierto para delinquir.
De hecho, en enero cumple el primer año de vigencia la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo principal objetivo fue, precisamente, restringir las excarcelaciones de criminales recurrentes, aumentar penas por delitos de alto impacto realizados con violencia y otras normas para atacar focos de inseguridad urbana y el desborde violento de la protesta social.
Tras once meses de aplicación de esta normatividad el debate sobre qué tan efectiva ha sido crece día tras día. Algunos alcaldes y gobernadores sostienen que si bien aumentó el número de capturas, los jueces continúan dejando libres a muchos delincuentes reincidentes, obviamente en aplicación del debido proceso y la legislación penal vigente. El caso más típico es el de los ladrones de teléfonos celulares que son detenidos de forma recurrente por la Policía y acusados por la Fiscalía. La mayoría de ellos, ya sea porque las víctimas no denuncian o por las bajas condenas a que se exponen, terminan en pocos días o semanas de nuevo en las calles victimizando a una ciudadanía que, cansada de tanto atropello, no duda en acudir cada vez más a la mal llamada e igualmente ilegal ‘justicia por propia mano’.
Para algunos analistas el problema no está en la normatividad sino en la eficiencia de las autoridades para capturar y judicializar a los delincuentes. Sin embargo, la eficacia de la Fiscalía ha aumentado de forma sustancial. De hecho, días atrás recalcó que este año, por ejemplo, logró resultados históricos en el esclarecimiento de homicidios dolosos y asesinatos colectivos. En ambos casos fue resuelto más del 46% de los primeros. Igualmente, fueron identificados y capturados los señalados responsables de 5.700 muertes violentas.
Como se ve, disminuir los índices de reincidencia criminal es una tarea compleja. Hay muchos flancos y circunstancias por considerar. Por lo pronto en enero debe hacerse una revisión a fondo de la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de evaluar su efectividad y qué posibles ajustes se le podrían aplicar para que la inseguridad no siga campeando en muchas ciudades y municipios. Gobierno, Congreso, Fiscalía, jueces y magistrados están llamados a participar de ese análisis y dar luces objetivas al respecto.