La cosa está color de hormiga
Santos no tiene velas en el escándalo
Cuando la política se torna ininteligible para la mayoría de los colombianos, incluso de los mismos políticos y los agentes de los medios de comunicación, es preciso ir al fondo de los hechos para intentar entender qué es lo que nos conduce como en un tobogán por el barranco de la anarquía. Unos sostienen que la hostilidad entre los organismos de control, las cortes, el Gobierno y el Congreso, lo mismo que entre los mandos superiores y los medios, obedecen a razones puramente personales de simples simpatías y antipatías. Por lo que venimos observando nos parece que esa es la explicación más banal y barata, que la contralora general de la República, Sandra Morelli, no simpatiza con el fiscal, Eduardo Montealegre, ni éste con ella ni con el procurador Ordóñez, que los del Consejo de la Judicatura están divididos y en guerra declarada entre ellos y ellas, lo mismo que las altas cortes libran verdaderas batallas por acrecentar su poder e influencia.
En tanto, la Corte Constitucional se ocupa en legislar sobre los temas divinos y humanos. Unos sostienen que la Corte tiene más poder que el Congreso y que el Ejecutivo, puesto que interviene a su antojo modificando en temas de fondo las leyes que éstos aprueban en nombre del pueblo. Y el Congreso regatea con el Ejecutivo con fines electorales, lo mismo que a la inversa reciben un trato condicionado.
Expertos constitucionalistas foráneos se asombran de que Colombia en medio de un conflicto armado tenga un cogobierno de jueces, los que condenaba en su sabiduría Aristóteles y la práctica del buen gobierno universal. Como se sabe la contralora Morelli es implacable en el desempeño de sus funciones y ha librado una verdadera cruzada contra la corrupción y por vigilar los dineros públicos, en intento por esclarecer los tortuosos manejos que embolataron millones y millones de pesos de la salud. La contralora Morelli pidió al Superintendente de Salud y al Agente Interventor de Saludcoop tomar los correctivos necesarios para superar las deficiencias que presenta el manejo de los llamados gastos administrativos por parte de la intervenida EPS Saludcoop. Los malquerientes de la Contralora sostienen que no tiene poderes para investigar en el desempeño de sus funciones y que debe dejar de meter las narices en los asuntos de Saludcoop, que son de exclusivo resorte de la Fiscalía. Tras varios desencuentros verbales, la Fiscalía allana las instalaciones de la Contraloría, como si se tratara de penetrar en una cueva de delincuentes del Bronx, so pretexto de indagar si hacen intercepciones ilegales y los términos del contrato de arrendamiento de la sede donde despacha Sandra Morelli, algo insólito y sorpresivo. Un Incidente de tal magnitud no se puede banalizar con el cuento de que se trata de una decisión temperamental.
Estos hechos bochornosos llevaron a la Contralora a interponer una denuncia en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes con el argumento de que “la Fiscalía ha simulado adelantar una investigación contra la Contraloría por un supuesto delito de interceptación ilegal de comunicaciones”. Tal vez,”movida por otro propósito: interferir el proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría adelanta contra la EPS Saludcoop". Dado que, “antes de ser Fiscal General recibió más de 4 mil millones de pesos por sus asesorías legales de la EPS cuando era presidente Carlos Palacino, quien hoy es el principal implicado en el proceso que adelanta la Contraloría”. A su vez, la contralora Morelli recusa al fiscal Montealegre y al vicefiscal Jorge Perdomo y pidió un investigador ad hoc para que los procesos que se adelantan contra miembros de su entidad se resuelvan de manera imparcial y objetiva.
El fiscal Montealegre expresó, desde el exterior, que es la contralora Morelli quien debe probar que él siguió recibiendo honorarios de Saludcoop después de tomar posesión en el cargo al frente del ente investigador. "La aseveración hecha por la señora Contralora General de la República me causa gran indignación, no solo por la naturaleza de lo manifestado, sino también por el hecho de provenir de tan importante Despacho”. El Fiscal sostiene que: “los argumentos de esta denuncia faltan a la verdad, y ponen en entredicho ante la opinión pública y el país su honra y buen nombre lo que constituye una grave y desmedida injerencia en sus derechos fundamentales”. Lo mismo que sostuvo ésta cuando le allanaron su despacho. En un país en el cual la magistratura carece de juez natural y la Comisión de Acusación es inoperante, nadie se atreve a profetizar qué va pasar. Y por buenas intenciones que tenga el presidente Juan Manuel Santos, fuera de pedirles sosiego, no le es dado intervenir en asuntos judiciales tan intrincados, que dependen de las funciones que les son propias a tan altos funcionarios y de la separación de poderes.