* Gobierno sigue dilatando agenda parlamentaria
* Los vacíos del proyecto de Presupuesto 2025
Se cumplió el primer mes de la tercera legislatura y la productividad no ha sido mayor. Esta circunstancia política sorprende, ya que el presidente de la República, al instalar las sesiones, insistió en la urgencia de acelerar el trámite y la radicación de proyectos prioritarios del Ejecutivo, puesto que en dos años solo una de las grandes apuestas normativas −el ajuste pensional− logró salir adelante.
Sin embargo, cuatro semanas después del arranque de este tercer periodo la agenda continúa trabada. De las iniciativas en curso la más importante es la laboral, de la cual solo días atrás se empezaron a radicar ponencias para su discusión en plenaria de la Cámara, en segundo debate. Si bien la respaldada por la coalición gobiernista es positiva, el articulado propuesto no difiere del que recibió visto bueno en la Comisión Séptima en junio pasado. No se entiende, entonces, por qué tanta demora en el inicio del análisis de un proyecto que, dicho sea de paso, tiene prendidas las alertas en el empresariado.
En cuanto a las iniciativas a radicar, que se supone son las otras prioridades en esta legislatura, nada ha pasado. Dada la urgencia gubernamental y un clima político y parlamentario cada vez más adverso al Ejecutivo, se preveía que ya deberían estar radicados los proyectos de reingeniería al sistema de salud, judicial y educativo, así como los relativos al régimen de servicios públicos, reglamentación de la jurisdicción agraria, alivio tarifario en energía eléctrica o el Código Minero, entre otros.
Es claro que el tercer remezón ministerial, aplicado a ‘cuentagotas’ al cierre del primer semestre, influye en la lentitud de la agenda parlamentaria gubernamental. Varios de los nuevos titulares de cartera, cuya experticia ha sido puesta en duda por conocedores y sectores políticos independientes y de oposición, han pedido tiempo para confeccionar las respectivas iniciativas. El problema es que ya se fue el primer mes y no hay humo blanco.
Aunque el nuevo ministro del Interior, descartando ya las accidentadas y polémicas propuestas gubernamentales de constituyente y ‘fast track’ (vía rápida legislativa), ha buscado concertar con las bancadas oficialistas, independientes y de oposición el contenido de algunos de los proyectos, no hay mayores avances concretos.
Hasta el momento, el único proyecto radicado es el del Presupuesto General de la Nación para 2025, que tiene unas fechas límites en su trámite. La discusión comenzó en forma la semana pasada en las comisiones económicas conjuntas. Allí, de entrada, estuvo a punto de ser devuelto por cuenta de lo advertido por varios senadores y representantes en torno a que hay un descuadre de doce billones de pesos que el Gobierno dice que serán cubiertos por un segundo proyecto de reforma tributaria que se presentará luego y que tendría entre sus propuestas base la posibilidad de establecer unas polémicas inversiones forzosas del sector financiero en determinados sectores claves para la reactivación económica.
Se trata, a todas luces, de un procedimiento cuestionable desde el punto de vista legislativo y riesgoso en materia presupuestal y fiscal. Lo primero, porque significa pedirle al Congreso que apruebe una carta de gastos de funcionamiento, servicio de deuda e inversión claramente desfinanciada. Es más, expertos y centros de estudios económicos consideran que varias de las proyecciones de ingresos están desfasadas y el déficit no sería solo de doce billones de pesos, sino por encima de los 25 billones de pesos. La caída de ganancias de Ecopetrol, el menor recaudo tributario, el incremento de los intereses por empréstitos a la Nación y un mayor déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles agudizarían la crisis en las finanzas públicas.
En segundo lugar, resulta evidente que la viabilidad de otra reforma tributaria es muy poca. No hay ambiente político en el Parlamento y menos para dar paso a inversiones forzosas, una figura anacrónica y de resultados inciertos. A su turno, un aparato productivo creciendo a un tímido promedio de 1,5% en el primer semestre no aguanta una nueva carga impositiva. A ello se suma que el Gobierno no ha podido aterrizar una agenda de reactivación económica real y, por el contrario, insiste en políticas que desincentivan la inversión, negocios, seguridad jurídica y dinámica del sector privado.
Como se ve, el primer mes de la tercera legislatura quedó en deuda. Salvo el polémico arranque de la discusión al presupuesto 2025, el Gobierno no presentó los demás proyectos anunciados. Los escándalos de corrupción siguen impactando el ritmo en Senado y Cámara, y apenas si se concretó la elección de la Defensora del Pueblo. De resto, hay más pendientes que avances. Y, como si fuera poco, ayer el presidente del Senado advirtió el riesgo de una parálisis legislativa porque el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el funcionamiento de la corporación.