* Se espera plena autonomía de Contraloría y Personería
* Adriana Córdoba, una figura en ascenso en la Veeduría
Muchas de las crisis que ocurren en Colombia con las finanzas públicas son por carencia de controles efectivos, especialmente en lo regional y municipal. Las elecciones de Personeros y Contralores suelen ser parte de la coyunda política. En efecto, se arman coaliciones en los Concejos y Asambleas para elegir a quienes sean más proclives a las corporaciones y más cercanos a la clase política. Es decir, que el sistema está montado, precisamente, para que no se controle o se verifiquen investigaciones politizadas. Es un mal sistema que no pudo cambiar la Constituyente de 1991 y que viene prosperando desde hace décadas sin que nadie se atreva a modificarlo.
En Bogotá, las cosas son parecidas, sólo que en dimensiones gigantescas por los niveles del presupuesto y la nómina. Mucho de lo que ocurrió con el escándalo de la Administración anterior fue precisamente porque los órganos de control eran cómplices o estaban determinados por un concierto cuyo fin, justamente, era el de no controlar. De haber advertido en su oportunidad lo que sucedía con determinadas contrataciones, otro habría sido el escenario. Inclusive es sabido hoy que varios concejales han sido llamados a rendir versión libre o dar aclaraciones, en especial por todo lo acontecido en las redes hospitalarias y de salud de Bogotá, y es un hecho que mientras se desvinculan a unos otros serán llamados y, según anuncian en la Fiscalía, juzgados hasta las últimas consecuencias.
En su momento, Bogotá sufrió un escándalo parecido por los denominados auxilios parlamentarios, que se homologaban a los concejales capitalinos. El caso entonces fue más técnico que de corrupción por cuanto, en la transición de la Constitución de 1991, que los prohibió, no estaba claro si al desembolsarlos después de su entrada en vigencia se había cometido peculado y prevaricato. Al demostrarse que se habían autorizado previamente a la fecha de la expedición constitucional, la gran mayoría de concejales salió inocente y sólo algunos perdieron la investidura o fueron procesados por mala destinación de ellos. Años después hubo otro escándalo y un par de concejales involucrados en un caso de soborno, que se pagó en efectivo en un maletín de cuero de cocodrilo. Fueron a la cárcel y pagaron su deuda con la sociedad. El más reciente caso, diferente de los anteriores, es que ciertos concejales pudieron haber movido su influjo para maniobrar en las nóminas y contrataciones de la salud, lo cual, con una Personería y Contraloría diligentes, se habría podido impedir.
Lo que está demostrado, no sólo en cuanto a los concejales, sino a la Administración en general, es que cuando no hay organismos de control activos y diligentes se abre un enorme espacio para el desorden, la negligencia y las corruptelas. En tanto, la Veeduría, que fue creada en el Estatuto Orgánico de Bogotá de los 90, debería haber servido de acicate para que, verdad sabida y buena fe guardada, actuara expeditivamente en los hechos descritos. Ahora llega a la Veeduría Adriana Córdoba y se espera de ella, por provenir de la transparencia central al mockusismo, una acción permanente y acorde con los cánones legales. Pero no sólo ello; hay en Córdoba un aliciente para generar la pedagogía necesaria a fin de reencarrilar a la sociedad en torno de los preceptos y códigos éticos que supo en su momento hacer asimilar como epicentro de la cultura ciudadana su cónyuge Antanas Mockus. No interesa, en absoluto, a qué Partido pertenece ella, el hecho es que es un acierto del Alcalde su designación, para los criterios de autonomía y eficacia que le son consustanciales a su cargo.
Mientras tanto, las elecciones de nuevos Personero y Contralor han estado rodeadas de polémica. Tendrán ellos que sobreponerse a esas circunstancias y sólo lo pueden hacer con base en la mejor administración posible. La destitución anteayer del personero Francisco Rojas Birry por parte del procurador general Alejandro Ordóñez, y la prohibición de ejercer cargos públicos por más de una década, es un aliciente para que esa entidad se recupere como reducto y ejemplo de pulcritud. Es la Personería uno de los organismos de mayor importancia en el Distrito y bien vale, por su competencia disciplinaria y su salvaguardia de los derechos humanos, ponerla en el sitial que se merece. Lo mismo que la Contraloría, un despacho con ingentes facultades para producir un revolcón en la noción de la ética pública.
Se espera de ellos, junto a Adriana Córdoba, que sean parte del compromiso anticorrupción en la ciudad y la pongan de centro de toda la acción política y administrativa, como se ha prometido en tantas respuestas y discursos.