- Redoblar vigilancia a recursos de emergencia sanitaria
- Tarea urgente de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría
La principal característica de todo plan de contingencia para limitar los efectos de una crisis de grandes proporciones es, sin duda alguna, la rapidez y certeza de las medidas que se adopten. En ese orden de ideas, desde distintos sectores del país se ha reconocido la celeridad con que el Gobierno nacional viene actuando desde hace varias semanas para enfrentar la progresión de la epidemia de Covid-19. Si bien es cierto que ya nos acercamos a los tres mil casos confirmados y a los 120 decesos, las autoridades sanitarias afirman que medidas como la cuarentena general, el cierre de fronteras y otras restricciones a la movilidad ciudadana y la actividad productiva han permitido frenar el ritmo exponencial de este coronavirus, ganando valioso tiempo para poder seguir mejorando la capacidad instalada hospitalaria y la preparación del talento humano que hará frente a la parte más crítica de la pandemia.
Es claro que además de la prioritaria estrategia de salud pública, la activación paralela de medidas de corte económico para amortiguar el impacto de la emergencia sobre las familias más pobres y vulnerables es determinante para que la mayoría cumpla con el confinamiento social. Mantener a más del 95% de los colombianos en sus casas exige asegurar la entrega eficaz de mercados, subsidios y otras ayudas extraordinarias que eviten que una parte de la población se vea obligada a salir de sus residencias para conseguir alimentos, víveres de primera necesidad y recursos para sufragar obligaciones como arriendos, servicios públicos, pago de deudas, impuestos y otros gastos. Tras un alud de decretos y medidas administrativas se ha podido avanzar sustancialmente en este esquema de asistencia socioeconómica, aunque se han presentado algunas demoras de tipo logístico, presupuestal e incluso vacíos en las bases de datos de los potenciales beneficiarios.
Sin embargo la dimensión de la crisis sanitaria ha obligado a que en no pocos casos, al amparo del Estado de Emergencia vigente, se esté acudiendo a una masiva firma de contratos bajo la figura de Urgencia Manifiesta, es decir que se obvia el requisito de la licitación y pluralidad de oferentes, debilitando la posibilidad de selección objetiva. A nivel de gobernaciones y alcaldías se han suscrito miles de contratos para asuntos relacionados con compra y repartición de mercados, campañas institucionales, contratación de personal supernumerario, adquisición de elementos de bioseguridad sanitaria, transporte, levantamiento de censos y otra infinidad de actividades para afrontar el impacto del brote epidémico.
Sin embargo, así como hay muchos gobernadores y alcaldes que han actuado con diligencia y transparencia en este maremagno contractual que está movilizando un presupuesto billonario, ya se han prendido las alertas por una cantidad creciente de anomalías e irregularidades a nivel departamental y municipal. La mayoría de las denuncias se refiere a sobrecostos en la adquisición de los mercados que se entregan a las familias más vulnerables. Se han documentado casos en donde los productos contratados fueron adquiridos por dos, tres, cuatro o más veces su valor promedio de mercado. También está bajo la lupa la escogencia de empresas, fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales que se comprometen a prestar servicios o suministrar bienes y productos ajenos a su actividad primaria. Incluso hay señalamientos de politiquería en el direccionamiento de subsidios y un auge de carruseles de contratación…
La situación es tan preocupante que la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría generales activaron ya una estrategia conjunta para vigilar y revisar en tiempo real ese alud de contratos con el fin de detectar actos de corrupción y desgreño administrativo. De hecho, ya hay una serie de actuaciones disciplinarias, penales y fiscales en varias gobernaciones y alcaldías. En algunos casos las anomalías son tan de bulto que son inminentes aperturas de procesos y señalamiento de presuntos responsables.
Frente a todo ello es urgente que los entes de control y vigilancia redoblen su capacidad para tomar rápidamente drásticas y ejemplarizantes sanciones. No se puede permitir que en medio de la crisis más grave del país en las últimas décadas, los corruptos quieran apoderarse de los recursos destinados a las familias más pobres y vulnerables. Lo ideal sería poder centralizar todas las contrataciones en una sola entidad, fondo o sistema, pero la gravedad de la emergencia sanitaria exige otorgar un amplio margen de autonomía a las administraciones seccionales y locales para que puedan movilizar presupuestos, ayudas y otros beneficios excepcionales de forma ágil y eficiente.
Así las cosas, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, apoyadas por las veedurías ciudadanas y las instancias regionales y locales de vigilancia pública, deben aumentar de forma sustancial su capacidad de control en tiempo real y de intervención temprana y efectiva para evitar el desvío, robo o malgasto de los cuantiosos recursos que el Estado está destinando para enfrentar el Covid-19. La tecnología, las empresas y la ciudadanía deben ser los principales aliados de las autoridades en la cruzada contra esta otra ‘epidemia’, la de los corruptos.