* Plazas, a casación
* Alianza del M-19 con el narcotráfico
Las circunstancias en que algunos magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sugieren a la Corte Penal Internacional investigar al expresidente Belisario Betancur por los hechos del Palacio de Justicia de hace más de 25 años, no tienen asidero alguno. Los que lo solicitaron deberían saber que las cláusulas correspondientes del Estatuto de Roma no habilitan para ninguna acción o indagación en tal sentido. Y va a sufrir desgaste el Estado colombiano cuando así lo contesten los magistrados internacionales.
No sólo por el hecho notorio y notable para cualquiera que haya leído el Estatuto de que este no es retroactivo, sino ultra activo a partir de su vigencia. También porque los Protocolos de Ginebra sólo entraron a regir en Colombia mucho después de los hechos. Pero no únicamente eso. El entonces presidente Belisario Betancur delegó toda la operación de recuperación del Palacio de Justicia en las autoridades competentes y no estuvo él al tanto de los pormenores castrenses y logísticos a los efectos. Dio una orden general que fue llevada a cabo particular y responsablemente por los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía. Si se produjeron desaparecimientos no fue por orden presidencial o ministerial.
La sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a su vez, reduce la órbita de investigación de 11 a 2 desaparecidos, en referencia al entonces coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Esto quiere decir que la casación tendrá que circunscribir el caso a ello, diferente a la amplitud previa.
El hecho real es que tampoco existe orden directa de Plazas Vega en tal sentido y los enrevesados testimonios deben sopesarse dentro de la órbita constitucional, es decir, que debe indagarse tanto lo favorable como lo desfavorable a los investigados. Muchas son las circunstancias que gravitan a favor de la inocencia de Plazas Vega que no se equilibran debidamente frente a hechos desfavorables que no tienen la certidumbre aducida, y sólo se llega a ellos por escenarios y no por certezas. En todo caso, el Tribunal ha confirmado la sentencia, como se dijo, y queda pendiente de casación.
La compulsa de copias a la Fiscalía para investigar a los ministros es otra circunstancia bastante extemporánea, tanto en cuanto en múltiples oportunidades han explicado sus acciones. Y resulta un poco salido de margen reinsistir en el tema cuando ninguno de ellos, en efecto, tuvo que ver en absoluto con la operación castrense directa.
El hecho fehaciente es que el reto que el M-19 planteó al Estado con la toma del Palacio de Justicia fue un acto terrorista de la mayor envergadura en la historia del país. Un acto esquizofrénico que pretendió arrodillar a las autoridades a través del terror, hasta el punto mismo de que por su acción atrabiliaria perecieron decenas de Magistrados. Pudieron salvarse, ciertamente, centenares de personas por cuenta de la recuperación llevada a cabo por las Fuerzas Militares y de Policía. Una capitulación estatal, como la que planteaba el M-19 pidiendo diálogos inverosímiles y nada menos que anunciando el juzgamiento presidencial, no podía tener sino una contestación contundente por parte del Gobierno. En general a la gente se le olvidan semejantes dislates y evidentemente la responsabilidad exclusiva y excluyente del M-19 en todo el episodio, que comenzó con el asesinato de los celadores.
Gran tragedia, sin duda, en medio de las operaciones militares fue el incendio de los archivos judiciales, en los que reposaban las extradiciones de narcotraficantes como Pablo Escobar. Hoy es más que sabido, por diversas declaraciones, que la toma del Palacio de Justicia fue financiada por este narcotraficante en alianza con el M-19. Esa veta nadie la investiga, aunque al parecer fue la motivación para semejante acto demencial.