* Presidente Lasso cita a referendo
* Recuperación del imperio de la ley
El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, viene liderando una cruzada institucional frontal contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico. En esa confrontación han muerto docenas de policías y civiles. Sin embargo, las acciones del Jefe de Estado se catalogan de valientes, más aún en un país en donde se estima que el 84% de los crímenes corresponden a esa violencia criminal de las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.
La escalada criminal se concentra en la denominada “ruta de la droga”, que comprende a Esmeraldas, el distrito metropolitano de Guayaquil, Santo Domingo, Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Aunque estas organizaciones mueven sumas millonarias, no son fáciles de detectar, sobre todo en una economía dolarizada. Como los controles en los bancos son rigurosos, las mafias buscan distintas vías para movilizar recursos ilícitos. Se investiga, por ejemplo, el aumento del turismo a Nicaragua, que pasó de unos tres mil viajeros en años pasados a más de 40 mil en 2022. Esos mismos caudales de dinero del crimen organizado son el motor de no pocos escándalos de corrupción de jueces, autoridades locales y altos funcionarios.
Para dar más impulso y apoyo popular al combate al crimen organizado, sin duda el flagelo más peligroso en su país, Lasso decidió presentar un proyecto de reforma constitucional ante el Congreso que busca autorizar a los militares a participar de operaciones antidroga, junto a la Policía. Hasta ahora solo se les permite en casos excepcionales. Esto porque la Constitución, en su artículo 158, ordena que el Ejército se encargue de la defensa de la soberanía territorial y las fronteras, mientras que los conflictos internos corresponden a la Policía. Para el Gobierno esta reforma es urgente y fundamental para contener la extensión de la violencia criminal que amenaza no solo la vida de la población sino sus cimientos éticos y la escala de valores.
Lasso también ha tenido que acudir a varios estados de excepción en algunas provincias para enfrentar la réplica violenta de los grupos narcotraficantes y las bandas asociadas, que dominan incluso varias cárceles. Para los analistas es claro que la Carta Política limita el poder presidencial, pero en situaciones de emergencia como la actual, es necesario que se viabilice la combinación de fuerzas institucionales en esta cruzada. Aun así, la suerte de esta reforma en la Asamblea es incierta ya que el Ejecutivo se encuentra en minoría.
El Jefe de Estado, por el contrario, cuenta con el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos, que rechaza la violencia y el poderío creciente de las mafias. De hecho, ese coraje que Lasso ha demostrado en diversas crisis le ha permitido afincarse en el poder, incluso cuando los sectores indígenas marcharon sobre Quito para exigirle la renuncia, en tanto que los partidos opositores pedían su cabeza en la Asamblea. Al final es claro, que la ciudadanía entiende que el Gobierno de centroderecha se ha esforzado por recuperar el orden y la autoridad en el país, única vía para restaurar la legitimidad democrática, muy hollada en tiempos del hoy exiliado y condenado exmandatario de izquierda, Rafael Correa.
Pero la cruzada no termina allí. El Presidente ha convocado a los ecuatorianos a la unidad nacional y urge que en medio de la crisis de inseguridad y el desafío criminal se hagan a un lado los intereses políticos menores y todos los sectores piensen en grande y con altura en el futuro del país. Recalca que para asegurar la paz es fundamentar restablecer el imperio de la ley.
Precisamente por ello es que decidió también convocar a un plebiscito que, entre varias preguntas al constituyente primario, propone que se establezca la extradición de nacionales. El interrogante que se consultará a la ciudadanía es perentorio: “Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución”.
Por la misma vía propone cambios profundos en el sistema judicial y el combate a la corrupción. Por ejemplo, se pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con dar más autonomía a la Fiscalía. Además, desafía a la Asamblea al sugerir una drástica reducción de la misma, lo que obviamente modificaría el ajedrez político del país.
Como se ve, Lasso, que también profundiza la coordinación antidroga con Estados Unidos y Colombia, está decidido a plantarle cara a las mafias. Lo hace de manera frontal, acudiendo al Legislativo y a la ciudadanía. Entiende que el narcotráfico es una amenaza que debe ser neutralizada de manera urgente.