Una de las mayores máculas para un país que se precie, como Colombia, de ser un Estado social de derecho es, a no dudarlo, que continúen muriendo personas por hambre física.

En varias ocasiones hemos advertido que constituye una vergüenza que en departamentos como La Guajira o Chocó se informe a cada tanto del fallecimiento de menores de edad por casos críticos de desnutrición infantil.

Lo más complicado, sin lugar a dudas, es que todos los gobiernos en este siglo en nuestro país han tenido que afrontar esta problemática y cada uno lanzó en su momento estrategias para hacer frente a la delicada situación, sobre todo en cuanto a la protección de los niños y adolescentes de comunidades indígenas o afrodescendientes.

Sin embargo, el flagelo no disminuye de manera sustancial. Prueba de ello es el informe que presentó la semana pasada la Defensoría del Pueblo, según el cual 1.748 menores de cinco años murieron en Colombia entre 2017 y 2023 por desnutrición y causas asociadas.

Este año la situación no ha sido menos complicada. El referido estudio, con base en cifras oficiales, señala que entre enero y el pasado 15 de junio murieron 123 niñas y niños por la misma causa.

Es innegable que uno de los temas más complicados en esta dramática situación tiene que ver, precisamente, con que el Estado suele enviar los recursos necesarios para la prevención de estos casos, pero en no pocas ocasiones las gobernaciones y alcaldías no invierten el respectivo presupuesto de forma correcta o, peor aún, los dineros terminan perdiéndose en las redes de contratistas y corrupción que se han enquistado en departamentos como La Guajira y Chocó. Las múltiples investigaciones y sanciones de tipo penal, disciplinario y fiscal contra funcionarios y exfuncionarios de esas regiones así lo comprueban.

La actual administración de izquierda no ha sido la excepción. Prueba de ello es que dos de los más sonados escándalos de corrupción han estado relacionados con recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para repartir agua a las comunidades que no cuentan con ese servicio, así como para la financiación de las llamadas “ollas comunitarias” en el departamento del norte del país.

Pero la alerta de la Defensoría del Pueblo no solo está referida a las muertes por la desnutrición infantil. También trajo a colación que en el 2023 más de 15,4 millones de personas en el país presentaron insuficiencia alimentaria; es decir, la imposibilidad de obtener diariamente nutrientes y proteínas esenciales que están en verduras, frutas, carnes y productos lácteos.