*Vacíos en el Mecanismo de Verificación

*El baúl de anzuelos en el cese de fuegos

Que el cese el fuego pactado por el Gobierno y la guerrilla del Eln haya registrado, con corte 15 de agosto, más de 31 “incidentes”, según lo indicara el presidente de Fedegán e integrante de la delegación oficial en esa mesa de diálogo, José Félix Lafaurie, es un hecho más que preocupante.

Por un lado, porque no se trata de infracciones menores. Por el contrario, son asuntos muy graves, como cinco asesinatos y el plan revelado por la Fiscalía General para atentar contra el titular del ente acusador, Francisco Barbosa. El propio Lafaurie, en una columna de opinión, advierte incluso que en ese listado de “incidentes” no figura todavía que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, y el excomandante del Ejército, general (r) Eduardo Zapateiro, también estarían entre los blancos de la acción subversiva.

No son las únicas violaciones denunciadas. De hecho, el propio 15 de agosto el ‘frente de guerra occidental’ del Eln ‘ordenó’ un ‘paro armado’ en zonas de Chocó y Valle debido a combates entre sus cuadrillas con integrantes del ‘Clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc, acusando incluso a la Fuerza Pública de apoyar a estos irregulares. A ello se suma, que gobernadores y alcaldes advierten de un pico de acciones criminales de estos grupos armados ilegales que ha puesto en jaque la seguridad y el orden público en múltiples regiones.

Hasta el momento, y pese a la gravedad de algunos de esos 31 “incidentes”, no se conoce el dictamen del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que fue pactado en el acuerdo de “Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal” e instalado el pasado 4 de agosto. Dicha instancia está compuesta por delegados de las partes, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal.

En su momento advertimos en estas páginas que era necesario dotar a esta instancia de los suficientes elementos logísticos y técnicos para cumplir con su estratégico rol, de modo tal que se pudieran investigar efectiva y rápidamente, sobre el terreno y con soporte probatorio, las denuncias sobre violaciones al compromiso de la guerrilla en torno a suspender acciones ofensivas contra la Fuerza Pública y cualquier hostilidad sobre la población civil. Más aún porque, como lo señala oportunamente Lafaurie en su columna, el cese el fuego pactado no solo está enmarcado dentro de los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario, pero basado en el manual respectivo de la ONU según el cual “los acuerdos de cese al fuego efectivos no solo consisten en detener los combates entre los beligerantes, sino que protegen a los civiles y permiten el acceso humanitario a poblaciones vulnerables”.

Aunque no hizo ninguna referencia directa al dirigente gremial y negociador, el Eln replicó ayer, en un comunicado, que toda la información relacionada con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación debe ser manejada desde la mesa. También dice que el instrumento de vigilancia no se ha desplegado 100% en su dimensión territorial y que esa guerrilla “hace todos los esfuerzos para cumplir de manera estricta los compromisos y protocolos…”.

De ese pronunciamiento subversivo resulta grave e inadmisible no solo que se trate de acallar las denuncias sobre las presuntas violaciones al cese el fuego, sino que se admita que esta tregua comenzó sin estar al cien por ciento el Mecanismo de Monitoreo, que es pieza clave y obligatoria para llevar a buen término la suspensión de acciones militares ofensivas y la afectación a civiles. La opinión pública exige absoluta claridad sobre las denuncias de asesinatos, ataques, ‘paros armados’ y el plan develado por las autoridades sobre un atentado contra el Fiscal, la congresista y el general. Someter la información a un proceso burocratizado y dilatorio en la mesa, no le hace bien a nadie, ni al proceso, las partes y menos al país.

Una vez más queda sobre el tapete el apresuramiento sobre un asunto tan sensible como el cese el fuego. Tal cantidad de denuncias sobre infracciones a la tregua en no más de dos semanas de vigencia, y con hechos tan graves a bordo, confirman que esta negociación urge una corrección de rumbo, so pena de terminar en un abismo incomprensible para la opinión pública.